Bruno Casartelli (*)
La discusión programática para los y las comunistas es de vital importancia y así se estableció como una de nuestras prioridades para este año. No sólo es una instancia de planteamiento de propuestas, también es de discusión sobre estrategia, correlación de fuerzas y de construcción de organización colectiva. Desplegamos nuestra acción militante porque tenemos ideas e ideales de justicia que para alcanzarlos deben contar con pueblo organizado detrás. Ese colectivo que va a salir el año que viene a erigir la victoria popular y que es indispensable para impulsar y sostener cualquier transformación de la realidad que implique una redistribución de poder en favor de las grandes mayorías.
Por este motivo, la construcción del programa no es un mero trámite alejado de la acción, separado de un gobierno. No es una declaración de objetivos sin anclaje en la realidad. Apostamos a que lo planteado sea un paso más en la mejora de la realidad de la gente, de la clase trabajadora. Estas mejoras en el bienestar de la gente no pasan por otro lado que el cambio radical de las estructuras económicas, sociales y políticas como objetivo final. Pero que la determinación de los pasos para llegar a ello en cada circunstancia histórica es parte de esta construcción colectiva.
La etapa actual presenta algunas particularidades que añaden valor a esta instancia de construcción programática. Es la primera vez que elaboramos el programa después de perder el gobierno nacional. Vamos a construir el programa con la responsabilidad de superar lo que hicieron nuestros gobiernos anteriores. Sería una nueva oportunidad que nos dará la ciudadanía después de haber elegido otra opción, la coalición multicolor, que tiene gran peso de la ultraderecha y componentes de rasgos fascistas. No colmar las expectativas de la ciudadanía, no atender los grandes problemas y carencias que sufren grandes porciones de la población, podría poner en riesgo la calidad de nuestra democracia.
A continuación expondremos porqué es necesaria la profundidad programática, que se oriente hacia la distribución de la riqueza, que cuestione los actuales niveles de desigualdad, la pérdida de soberanía que pone en jaque la capacidad de los pueblos de realizar estos cambios. En última instancia, el objetivo es ampliar derechos, que sean efectivos y no letra muerta y que se reivindique el rol del Estado como organizador por sobre el mercado. La lucha es para que el Estado sea una expresión de lo colectivo, que además de lugar y exprese la organización de nuestro pueblo. Esto es indispensable para la profundización de la democracia.
El contexto global
Estamos presenciando cómo la crisis del capitalismo hace tambalear los esquemas políticos en la mayoría de las democracias occidentales. Las ideas de extrema derecha han adquirido mayor protagonismo desde hace más de una década, aunque no son nuevas de esta región. El reciente caso argentino, que aún nos tiene conmovidos, dar cuenta de las alarmas y desafíos que enfrentamos.
En procesos políticos geográficamente cercanos como los de Bolsonaro o Milei, podemos identificar un conjunto de nociones compartidas con la ola ultraderechista que ha crecido en democracias occidentales. Conciben a la sociedad como una sumatoria de individuos que son libres en tanto no tengan interferencia externa para maximizar su bienestar, definido por la riqueza, siendo la seguridad la única razón válida para la existencia del Estado (al menos momentáneamente). Al igual que las expresiones de otros continentes, la ultraderecha de la región pregona el negacionismo respecto al cambio climático, un discurso anti comunista de prédica enérgica contra el “marxismo cultural” y anti la llamada nueva agenda de derechos, al mismo tiempo que apoyan los movimientos “pro-vida” y al conservadurismo religioso más extremo.
Estos discursos ya globales nacen en un contexto de profunda crisis económica y política, donde el fracaso de gobiernos de “centro” ha sido estrepitoso, no pudiendo dar respuesta a las carencias materiales concretas de las grandes mayorías. Estas ya no perciben en el Estado soluciones a los problemas más acuciantes del día a día. Hay que tener presente que durante el último gobierno del Frente Amplio los indicadores sociales no mejoraron, e incluso empeoró la situación en el mercado trabajo, no pudimos dar soluciones en relación a una parte importante de las carencias de la población.
Esto pone de manifiesto que la profundidad programática debe superponerse a la moderación ideológica y programática como supuesta necesidad para ganar elecciones. Ha existido la tentación de abandonar los debates ideológicos para moverse hacia posiciones más centro, la necesidad de ser ante todo buenos gestores y agentes amortiguadores del conflicto social.
Los gobiernos del Frente Amplio y la dependencia
Tras la crisis de los estados de bienestar y el predominio de las políticas neoliberales desde los años 80, la movilidad internacional del capital obligó a los Estados a competir por las inversiones extranjeras, en materia fiscal se disminuyeron impuestos y se restringió el concepto de inversión del Estado a “gasto público”. A esto se le sumó la retórica neoliberal que alimentó este paradigma, que exigió mejorar la “competitividad” internacional limitando los salarios y fomentando una apertura irrestricta para mejorar el clima de negocios. El carácter dependiente de las estructuras económicas nacionales limitó de este modo la capacidad de acción de los Estados.
Si bien los gobiernos del Frente Amplio lograron combinar crecimiento económico y distribución, en particular hasta el 2013, no se logró romper con el esta dependencia de nuestra estructura económica. Los gobiernos del FA no pudieron escapar a la tendencia a la moderación en cuanto al objetivo transformador de las políticas, por momentos perdió preponderancia el horizonte igualador de la intervención estatal, e incluso permearon los discursos liberales. Se redujo el Estado a asistir a quienes están peor mediante políticas focalizadas, dejando a muchas personas como responsables de su situación, bajo una lógica que se basa en estado mal acostumbra a la gente a recibir asistencia y no “ayudarse a sí mismo”. La eficacia del gasto público como nueva regla de oro, supeditada a los estándares internacionales que ponen foco en el déficit fiscal y lo dispuesto por las calificadoras de riesgo.
Tras el ciclo progresista de comienzos de los 2000 en América Latina, que tuvo un impacto inicial importante en la pobreza y la desigualdad, luego presentó un estancamiento o retroceso que vino de la mano de la pérdida de apoyo popular, un desencanto de las masas con respecto a la política y la propia democracia, que desencadenó un fuerte retorno de movimientos de ultraderecha, cuyos representantes más notorios han sido Bolsonaro y Milei.
El nuevo escenario evidencia una crisis de legitimidad de los partidos políticos de izquierda en el mundo, posiblemente vinculada a la progresiva incapacidad de los Estados para contrarrestar el proceso de desregulación antes señalado y materializar cambios económicos destacables desde los gobiernos democráticos con perspectivas populares.
Por lo tanto, este proceso afectó también a los gobiernos del FA, los objetivos de las políticas públicas y la visión estratégica y programática, y así condicionó su marco de acción política. No se pudieron construir las respuestas políticas necesarias para mantener el gobierno, y lo intentado en el pasado menos servirá en este contexto. La profundización programática avanza sobre lo ya hecho, y de ninguna manera puede proponer una restauración del 2019.
Más allá de la evidente preocupación por los efectos de los nuevos fenómenos políticos para la estabilidad democrática, cabe preguntarse por qué, en un contexto de brutal desigualdad y exclusión de las masas, los actores políticos de izquierda ya no son quienes logran encauzar mayormente el descontento popular. Resulta sintomático que nociones largamente asociadas a la izquierda, como las relativas al cambio o la rebeldía antisistema, sean actualmente apropiadas por estas “nuevas derechas”. Debemos plantearnos, con el programa, dar esta batalla.
En nuestro país, durante este gobierno se consolidaron elementos fascistas en áreas claves del Estado, que además fortalecieron su tribuna para discursos negacionistas del terrorismo de Estado. Incluso desde la figura del Presidente se ha planteado explícitamente a la libertad como su principal variable objetivo, por momentos asociada a la libertad de empresa, por encima de otros objetivos como la igualdad, proclamando así su carácter concentrador.
Debe quedar claro que el Frente Amplio representa un proyecto político totalmente distinto, un modelo de país que combata la desigualdad, defienda la soberanía y profundice la democracia.
Los desafíos que presenta esta nueva etapa requieren que nos planteamos objetivos audaces. El objetivo debe ser que las grandes mayorías puedan ejercer los derechos básicos que hoy día son vulnerados. Para esto es necesario un Estado que ampare y garantice, junto con la organización popular la defensa de los avances.
Los énfasis programáticos que impulsamos condensan los derechos esenciales, a los que no se puede seguir mirando para el costado. Atender la urgencia de las infancias con carencias materiales, bajo la línea de pobreza, el trabajo de calidad, un educación democrática, el acceso a una servicio de salud digno, una seguridad social como un derecho para proteger a la población, el acceso a la vivienda hoy vulnerado para miles de habitantes del país, el ataque a las desigualdades que enfrentan las mujeres. Esto implica un ataque a la desigualdad del ingreso y la riqueza, y en última instancia el goce de los derechos antes mencionado, de forma universal, para todas y todos.
En resumen, podemos decir que el contexto global actual pone discusión el modelo económico y de distribución de los gobiernos progresistas como los del Frente Amplio. No podemos volver a ofrecer la misma receta. Debemos poner sobre la mesa que existen dos modelos del país, y que solamente uno encabezado por el Frente Amplio, podrá cumplir los objetivos mencionados.
Es necesario repensar un horizonte de redistribución material universal para una base social más heterogénea y fragmentada que nunca, como mojón ineludible para que la izquierda vuelva a disputar efectivamente una vía democrática hacia el socialismo.
(*) Politólogo, militante del PCU.
Foto de portada
Festejos del Frente Amplio en 18 de Julio luego de las elecciones en el año 2014. Foto: Nicolás Celaya /adhocFotos.
