Por Gastón Grisoni (*)
Aunque aún no ha comenzado a trabajar efectivamente, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de renovar las autoridades que integran la Comisión Especial de la Ley 18.596 que funciona en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Como resultado del cambio de gobierno, se modificó la integración de los representantes gubernamentales, y se designó a los representantes de la sociedad civil: Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y Crysol.
Las normas de DDHH: un inmenso logro
Las normas de Derechos Humanos son una conquista de la humanidad y de los pueblos, representan un compromiso de vida con un planeta mejor. Las normas de derechos humanos son una utopía renovada y convocante a un compromiso personal y colectivo, para una vida más digna y humanizada.
La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, como lo señala con todo acierto, en su preámbulo, la misma Declaración Universal.
Surgidas luego del horror de la Segunda Guerra Mundial, de la experiencia nazi fascista, son una defensa para todos los ciudadanos frente al Estado y los Estados cada vez más poderosos, ante sus agentes y sus funcionarios civiles y militares.
Las normas de Derechos Humanos proclaman un ideal de justicia, valores universales a promover y profesar, imponen límites y condiciones al accionar estatal en todos los planos. Son un gran escudo ciudadano, protegen muy especialmente a los más pobres, a los más desvalidos, a los más vulnerables ante los excesos y los abusos de poder.
La obligación de reparar: la Resolución 60/147
Los Estados tienen la obligación de respetar las normas que protegen a los ciudadanos. Cuando por acción u omisión, los Estados incumplen con sus obligaciones al respecto, tienen la obligación de reparar el daño ocasionado. Deben hacerlo, además, de una manera integral.
La Resolución 60/147 de las Naciones Unidas es el documento internacional que detalla exhaustivamente las obligaciones de los Estados en materia reparatoria. No es el único documento al respecto, pero sintetiza el esfuerzo llevado a cabo y la experiencia recogida durante décadas. Es un estándar a tener en cuenta a la hora de proponer y también de evaluar lo alcanzado y definir pasos a seguir.
El terrorismo de Estado: una gran tragedia
Desde el 13 de junio de 1968, momento en que el Presidente de la época Jorge Pacheco Areco instauró las Medidas Prontas de Seguridad (MPS) para gobernar eludiendo el control parlamentario y de manera crecientemente autoritaria, el Estado uruguayo comenzó a transitar un camino de deterioro institucional que desembocó en la oscura tragedia del terrorismo de Estado.
A partir del 13 de junio de 1968 Uruguay dejó de ser “la Suiza” de América: se suspendieron los Consejos de Salarios, se acabó la libertad de prensa y de opinión, se convocó a las Fuerzas Armadas para reprimir los gremios en conflicto, se militarizaron miles y miles de trabajadores, surgió el semioficial “escuadrón de la muerte”.
El resultado negativo en materia de Derechos Humanos transformó a Uruguay en noticia internacional gracias al trabajo desplegado por Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Wilson Ferreira Aldunate y con Amnistía Internacional desplegando un enorme esfuerzo de denuncia y solidaridad.
Centenares de asesinados, centenares de detenidos desaparecidos, miles de presos políticos, niños secuestrados, nacidos en prisión, un Uruguay entero expulsado al exilio. Un inmenso drama. En palabras de Eduardo Galeano: “el exilio es una larguísima avenida por donde solo camina la tristeza”. Decenas de miles la debieron transitar.
La Ley 18 596: un logro de la sociedad
El 9 de julio de 2007, el entonces presidente de Crysol, Guillermo Reiman, presentó en la sede de APU, un proyecto de ley, redactado por el Dr. Oscar López Goldaracena, destinado a plasmar en la realidad uruguaya las aspiraciones del colectivo, implementando la normativa de Derechos Humanos.
De ese esfuerzo de nuestra organización, durante el primer gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, surgió la finalmente aprobada Ley 18.596, un esfuerzo real por reparar a las víctimas del terrorismo de Estado para restañar las heridas vigentes del terrorismo de Estado.
La ley 18.596 fue aprobada, finalmente, el 18 de setiembre de 2009 y como resultado de ello surgió la creación de la Comisión Especial para implementar sus beneficios.
Una nueva etapa desafiante
A pesar de los casi 11 años transcurridos desde su aprobación, aún queda mucho por hacer. Algunas de sus facultades, en materia de Memoria y homenajes públicos, han sido adjudicadas, sabiamente, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), pero en materia de salud, de reparación a las víctimas aún queda trabajo por realizar.
Las organizaciones de la sociedad civil haremos, como siempre, nuestros mejores esfuerzos para contribuir a su trabajo exitoso en un horizonte incierto y hasta preocupante. En el gobierno actual participan quienes defienden públicamente a los terroristas estatales.
Participamos, además, es bueno dejarlo en claro, de manera absolutamente honoraria, no percibimos remuneración ni viáticos, pagamos hasta nuestros propios boletos de ómnibus. Es parte del compromiso militante para que Nunca Más haya terrorismo de Estado. Es lo que día a nos motiva a seguir militando. Como dijera Paco Espínola: hay que hacer por los hombres algo más que amarlos.
(*) Representante de Crysol en la Comisión Especial de la Ley 18 596 desde diciembre de 2009.
