Como una medida de “legalidad cuestionable” calificó la actual intendenta de Montevideo y ex presidenta de ANTEL, ingeniera Carolina Cosse, la decisión del Ejecutivo de autorizar licencias para que empresas privadas brinden servicios de internet.
“Es una medida de legalidad cuestionable. Es lamentable que se vuelva a una costumbre de dar a dedo como en 1992 a algunas empresas licencias en el ámbito de las telecomunicaciones. Es una medida antipatriótica”, expresó Cosse al programa Paren todo de radio El Espectador.
La medida del Ejecutivo, añadió enfáticamente la ex presidenta del ente público, “es una medida de legalidad cuestionable y es antipatriótica”.
“Estamos siendo espectadores del vaciamiento de ANTEL”, añadió la actual intendenta de Montevideo, quien recordó que ANTEL “ha invertido en la última década fuertemente en una infraestructura de primer mundo en telecomunicaciones”.
Ha sido esta inversión, añadió, “la que hizo posible el Ceibal, ANTEL es la que sacó las castañas del fuego durante la pandemia. Es la que ha instalado la infraestructura para los trabajados del futuro. Es una medida de legalidad cuestionable. Es lamentable que se vuelva a una costumbre de dar a dedo como en 1992 a algunas empresas licencias en el ámbito de las telecomunicaciones. Es una medida antipatriótica”, enfatizó.
La medida fue duramente cuestionada también por Pablo Siris, director en representación del Frente Amplio en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC) quien en un extenso hilo en la red social de Twitter escribió: “hoy el Poder Ejecutivo anunció que le concedió licencia para transmitir datos e internet a las tres empresas de cable de Montevideo (TCC, Monte Cable y Nuevo Siglo), así como a los cableoperadores de Pando y Colonia del Sacramento”.
La decisión del Ejecutivo, continúo afirmando Siris “golpea en la línea de flotación al monopolio de ANTEL”, un monopolio “que muchos juristas entienden que se extiende a la red de transmisión de datos directa al hogar”.
De acuerdo al director frenteamplista se debió haber evaluado “previamente otros mecanismos normativos”, por lo que no duda en calificar la decisión como “apresurada”.
Siris añadió que las resoluciones adoptadas “tienen algunos gruesos errores” y “va (…) en contra de lo que las uruguayas y uruguayos hemos resuelto en reiteradas oportunidades desde el referéndum de 1992 contra la privatización de las empresas pública”.
En el extenso hilo, el director por el FA recordó que “la red de datos de ANTEL acumula el 99% de todas las conexiones fijas a internet con más de 1.100.000 servicios al 31 de diciembre de 2021 (casi 87% del total de hogares)”.
Del total de “esos servicios de banda ancha fija, el 81% corresponden a fibra óptica tendida a lo largo y ancho del todo el país, repartido mitad y mitad entre Montevideo e Interior y tiene la brecha digital más baja del continente entre áreas urbanas y rurales”, añadió.
Con respecto al trabajo desplegado en el país, Pablo Siris señaló que se ha hecho un “enorme esfuerzo” que trajo aparejado que se contara con las tarifas “más bajas de América Latina a pesar de tener una calidad muy superior a la del resto de los países del continente”.
El actual Directorio del ente público, agregó, “se ha comprometido a que el 100% de las conexiones domiciliarias sean con fibra al culminar el año 2023, fecha en la que todo el país tendrá simultáneamente la más alta velocidad disponible”.
“Esa inversión de cerca de 1.000 millones de dólares”, resaltó, “la hizo nuestro país y su gente a través de ANTEL”, poniéndonos “a la vanguardia global en acceso a internet, velocidad, digitalización, etc.”, lo que ubica al país “entre los siete principales países del mundo” de tal forma que “brinda un servicio de gran calidad, a bajo precio y próximamente con 100% de alcance nacional”.
Finalmente, el director frenteamplista del ente público se pregunta “¿de qué forma la apertura del mercado podría beneficiar a los consumidores y a la sociedad uruguaya?”.
Por su parte, Daniel Larrosa, director de ANTEL por el FA criticó en Twitter la decisión del Ejecutivo que “otorgó licencias a privados para comercializar internet a hogares y empresas”.
Consideró que se trata de una “iniciativa” que “perjudica a ANTEL y rompe “una política de Estado que posibilitó que Uruguay sea reconocido a nivel mundial por su conectividad en fibra óptica”.
Para Larrosa, “el modelo uruguayo, cimentado en nuestra empresa pública, garantizó el desarrollo del Ceibal, la conectividad educativa, el teletrabajo, el desarrollo de tecnologías de la información y las exportaciones de software”, todo lo cual permite que, el Estado gane “además 120 millones de dólares anuales”.
“ANTEL”, remarcó, “ya superó los 850 millones de dólares de inversión en fibra óptica en la última década. Además, el 43 % de sus ingresos anuales (US$ 410 millones) dependen del internet fijo. Esta política es de todos los uruguayos y trasciende las divisas partidarias ¿Por qué romperla?”, se interroga.
Por su parte el Sindicato Único de las Telecomunicaciones (SUTEL) expresó, mediante un comunicado su total rechazo al anuncio realizado por el gobierno, calificando como “peligrosa” la resolución adoptada que consideran “forma parte de un proceso impulsado desde esta administración mediante la cual se procura desmantelar a la empresa pública atentando contra el monopolio que hasta ahora pertenecía a ANTEL”.
Para el gremio, este tipo de medidas son coherentes “con un modelo neoliberal y privatizador”, que conduce a la entrega del “patrimonio de las y los uruguayos a unas pocas familias y asalta la soberanía de nuestro país”.
“Advertimos que esta resolución de Presidencia de la República genera un precedente tan grave que habilitará que multinacionales compitan también con nuestra empresa pública en un servicio que genera una recaudación a ANTEL del orden de los 400 millones de dólares anuales y compromete el acceso universal de las telecomunicaciones”, señala el texto del comunicado que no duda en afirmar que lo resuelto se articula con el nuevo proyecto de Ley de Medios, donde se “habilita al Ejecutivo a entregar nuestra soberanía”, violentándose así “el monopolio existente de la empresa de todos y de todas y concentra aún más los medios de comunicación posibilitando su extranjerización”.
En atención a la situación, el gremio se ha declarado “en sesión permanente analizando los pasos a dar para evitar que se continúe con estas políticas destructivas impulsadas por esta administración de gobierno”.
