A través de un comunicado la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos expresó su “profunda preocupación y rechazo ante las recientes medidas adoptadas por el gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, que afectan gravemente las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en la vecina orilla”.
De acuerdo a la organización ha sido una constante del gobierno del “libertario” adoptar una postura que intenta “imponer una narrativa oficial que demoniza la labor por los derechos humanos, el activismo social y la militancia”.
Como ejemplo de ello, se especifica, alcanza con “observar la creciente represión a las manifestaciones sociales, tal como viene sucediendo los miércoles durante las “Marchas de Jubilados” o la última represión al colectivo de actores”.
Para la Asociación uruguaya no hay dudas que “el uso desproporcionado de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad, es parte de la vulneración al derecho a la protesta, mientras se buscan acallar las voces disidentes”.
A pesar de ello, se agrega, existe el convencimiento “de que los embates negacionistas y los recortes sistemáticos en áreas clave de derechos humanos constituyen una amenaza directa a los avances logrados en las últimas décadas”.
“Particularmente, nos preocupa”, se subraya, “la embestida contra el Banco Nacional de Datos Genéticos que, por el Decreto 351/2025, pasará a estar bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología”.
Se trata de un “cambio” que “implica la pérdida de su autonomía y autarquía, amenazando su óptimo funcionamiento dado que dicho Banco deja de tener poder de decisión sobre su presupuesto y recursos humanos, existiendo un riesgo no despreciable de desfinanciamiento y de ralentización en la búsqueda, afectando negativamente la continuidad de la búsqueda de nietos y nietas apropiados durante la dictadura”.
De igual forma la Asociación, señala su “preocupación por el traspaso del Museo Sitio de Memoria ESMA y del Archivo Nacional de la Memoria al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, ignorando su rol como prueba judicial y patrimonio cultural ante el Mercosur y la UNESCO”, lo que “sumado a despidos indiscriminados de trabajadores y trabajadoras”, limita “su autonomía institucional”.
En el documento se repudia, además, calificándolo de inadmisibles, “que los genocidas tengan privilegios en su privación de libertad”.
“Rechazamos”, se lee en el documento, “el traslado de 19 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar (entre las que se encuentra el represor uruguayo Manuel Cordero) desde la Unidad Penitenciaria N°34 de Ezeiza a una unidad penitenciaria militar ubicada en Campo de Mayo, en la provincia de Buenos Aires realizado por parte del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de la República Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad”.
“Es mucha la historia que nos une con el pueblo argentino”, recuerda el comunicado que califica la misma como “una historia de resistencia, solidaridad y también de mucho dolor”.
“Es necesario recordar que nuestra causa se extiende a la vecina orilla: son muchos nuestros familiares detenidos desaparecidos en este país. Es por ello que nos encontramos alertas ante los retrocesos que hacen peligrar la búsqueda, la investigación y la construcción del Nunca Más”, se enfatiza.
“La historia”, finaliza expresando el documento, “no puede reescribirse al antojo del poder de turno, ni la memoria puede ser silenciada por razones presupuestarias o ideológicas. Las políticas de memoria no son un lujo ni un gasto superfluo: son el cimiento ético de una democracia sólida. Cada nieto o nieta restituido, cada juicio celebrado, cada archivo preservado es una victoria de la sociedad sobre el olvido y la impunidad. Por eso, frente a los embates autoritarios y las decisiones regresivas, reafirmamos que las conquistas del pueblo no se negocian ni se borran por decreto. La memoria es un acto de resistencia y una herramienta de futuro”.
