El Comando Central del Ejército de Liberación de Colombia (ELN) expresó su rechazo a la decisión del gobierno encabezado por Gustavo Petro, “en el contexto de la llamada Paz Total”, de otorgar mediante “un estatuto proveniente del Derecho Internacional” una salida “a organizaciones que emplean la violencia con fines gananciales y lucrativos, como el narcotráfico”.
En la fundamentación de su rechazo a la decisión del Ejecutivo colombiano la organización señala que dicha “figura está reservada para las fuerzas políticas opositoras al Estado capitalista” que tienen como “objetivos (…) el mejoramiento de la condición humana y la justicia social”.
Para el ELN no es posible “disfrazar con el Derecho Humanitario a grupos criminales que nada tienen que ver con la conducta ética y fines de la insurgencia política”.
En ese sentido, la organización política señala que, “los mandos responsables de una guerrilla carecen de toda homologación con el sicariato de la narco-industria, el cual es parte de un entramado del despojo y la acumulación privada de riqueza mal habida”.
De igual forma, se agrega que para que exista un verdadero plan de Desarme, Desmovilización y Reinserción, DDR, como el planteado por el Gobierno en términos generales, el mismo no debe limitarse “únicamente al paramilitarismo utilizado por las oligarquías y sus intereses”.
Para la guerrilla colombiana, dicho plan, tal y como ha sido presentado, también afecta “a las fuerzas revolucionarias del ELN con la finalidad de exterminarlas, tal cual se hizo con las Farc y su sonado fracaso en materia de paz”.
La organización especifica “que una cuestión es desbaratar grupos criminales, y otra muy distinta es promover una ley que blinde de impunidad y prerrogativas a los jefes de los carteles asociados a poderes económicos, políticos y de las Fuerzas Armadas, causantes del genocidio del pueblo colombiano”.
Tal y como consignó el portal de noticias KaosenlaRed, la organización hace un llamamiento a no “confundir como un conflicto bélico más la lucha por la emancipación social de las clases populares y trabajadoras respecto del paramilitarismo asesino y el narcotráfico destructivo en todos los planos”.
No es posible agrega la declaración meter “bajo la alfombra las responsabilidades que le caben al Estado colombiano y a la Casa Blanca en las masacres sistemáticas contra la población inerme” y agregan, en ese sentido que “la distinción sustantiva y necesaria de esas disputas no está presente en el proyecto legislativo ofrecido por la actual administración del Ejecutivo”.
No obstante, la guerrilla reafirmó de forma vehemente “su compromiso con el diálogo nacional conforme a la participación protagónica del conjunto de la sociedad”, ratificando “que mantendrá su organicidad, sus modos de resistir, su ética humanista y respetuosa de la naturaleza, sus programas y su proyecto político”, hasta que no se produzca “una salida negociada y pactada que contemple las transformaciones que beneficien las necesidades, derechos e intereses democráticos del pueblo colombiano”.
