Luego de conocerse la aprobación, el pasado 15 de agosto, por parte del directorio de Antel de un nuevo plan de tarifas mayoristas, que habilita prestar servicios de fibra óptica a privados, entre ellos a los cableoperadores y de las críticas inmediatas del PIT-CNT y la candidata a la vicepresidencia, ingeniera Carolina Cosse expresidenta del ente durante el gobierno de José Mujica, se conoció un comunicado emitido por el Frente Amplio (FA) que se suma a los rechazos recibidos por la nueva resolución del directorio de ANTEL.
La resolución del directorio de ANTEL, se lee en el comunicado s rechazada por el FA ya que “obliga a la empresa pública de los uruguayos a entregar a privados el uso de la fibra óptica”.
En el documento se recuerda que que “la medida ahora aprobada, fue rechazada reiteradas veces en el Parlamento Nacional desde 2020, tanto en el proyecto de ley de la LUC (2020), en las rendiciones de cuentas, como en diferentes versiones del proyecto de Ley de Medios (2021 – 2023)”.
Para el FA, “el Estado uruguayo a través de su empresa tuvo una visión estratégica de desarrollo al construir la red de fibra óptica, los cables submarinos que conectan al país internacionalmente y el Data Center”, dicha inversión subraya el texto “tuvo el objetivo de garantizar el acceso de la población a conectividad de calidad, en tanto es un instrumento para el cumplimiento efectivo de derechos fundamentales de las personas”.
Con la resolución del directorio se “facilita a los privados el ingreso al mercado de venta del servicio de internet por fibra óptica, utilizando con fines meramente lucrativos la infraestructura concebida para el cumplimiento de derechos”, denuncia el comunicado de la fuerza política que resalta que se está ante una medida “contraproducente en términos económicos”.
“De acuerdo con estimaciones del propio directorio, esto significa una renuncia de ingresos al Estado de hasta 60 millones de dólares anuales”, denuncia el documento que considera “necesario” se frene “la aplicación de esta resolución tomada administrativamente y en contra de la voluntad del legislativo, y que derivaría en grandes perjuicios para el Estado uruguayo”.
“El Frente Amplio, en protección del patrimonio público, exige al Gobierno nacional que frene esta entrega del patrimonio nacional a meses del cambio de Gobierno”, reitera el documento que anuncia que la fuerza política, “realizará todas las acciones parlamentarias necesarias y estudiará las medidas de aplicación para detener esta resolución”.
