COMUNICADO:
La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual rechaza las modificaciones que se pretenden realizar -mediante los arts. 483 y 509 del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2020-2024- a la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género (Nº 19.580), alerta a la sociedad uruguaya de su impacto negativo y realiza un llamamiento a las autoridades del gobierno para que se tome conciencia de la real dimensión e impacto negativo que se provocará.
El proyecto desnaturaliza al Observatorio sobre Violencia Basada en Género hacia las Mujeres, eliminando el requisito de ser profesional para integrarlo, quitándole jerarquía institucional, convirtiéndolo en una Comisión Honoraria integrada por representantes del Estado y excluyendo la representación de la sociedad civil organizada. De prosperar las pretendidas modificaciones, el Estado tendrá a su exclusivo cargo no solo diseñar y ejecutar las políticas públicas en materia de violencia hacia las mujeres basada en género, sino también automonitorearse, autoevaluarse, y autorrecomendarse cómo mejorar esa política. Ello atenta contra los estándares de mínima transparencia y participación que rigen en un Estado democrático de derecho.
El proyecto, además de reafirmar la omisión contumaz del Estado uruguayo en su obligación de brindar el servicio de justicia especializado, poniendo operativos los Juzgados Letrados Especializados en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual, también pretende modificar su competencia. De prosperar la pretendida modificación, las mujeres víctimas de violencia basada en género continuarán obligadas a realizar un periplo por el sistema de justicia, compareciendo antes en distintas sedes judiciales, en ocasiones, durante años, logrando sentencias muchas veces dispares y parcializadas.
Nos conmociona nuestra realidad y por eso hacemos un llamamiento a las autoridades de gobierno para que se tome conciencia de la real dimensión e impacto negativo que provocará la aprobación de los artículos 483 y 509 del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2020-2024.
El Estado uruguayo tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia hacia las mujeres basada en género, conforme corresponde con el principio y deber de debida diligencia, obligación asumida en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos que ha ratificado.
Llegamos hasta acá, no como la simple sumatoria de voluntades aisladas. Nos distingue la pertenencia a organizaciones que históricamente vienen trabajando a diario, para que los derechos humanos sean una realidad de vida en este país, y no letra fría de la ley o un mero discurso institucional para la galería internacional. Reiteramos nuestro compromiso de agotar todas las instancias nacionales y activar las internacionales, para que el Estado uruguayo cumpla cabalmente la debida diligencia en materia de derechos humanos de las humanas. Y en caso de incumplimiento a esas obligaciones, que el Estado asuma su responsabilidad ante las víctimas, la sociedad uruguaya y la comunidad internacional.
Fuente: Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual
