El paquete de medidas que habilita sancionar con,cadena perpetua a los menores de edad en El Salvador entró en vigor este domingo.
Su implementación, recuerda la agencia TeleSur, se produce “30 días después de su aprobación en la Asamblea Legislativa, a solicitud del presidente Nayib Bukele, tras la publicación del decreto el pasado 27 de marzo”.
De acuerdo a los cambios introducidos, en la nueva normativa se establecen penas de “prisión perpetua para delitos de homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a pandillas, estructuras clasificadas como grupos terroristas”.
La normativa, en cuestión, crea además, los “juzgados de lo criminal”, donde se procesarán “estos casos mediante un procedimiento especial”, que exceptúa “las causas vinculadas directamente al terrorismo”.
La puesta en vigor de la normativa, señala la agencia de noticias, “elimina los beneficios de libertad condicional y libertad condicional anticipada para los condenados bajo estas figuras”, en la nueva ley solo se “contempla la revisión de la pena perpetua” y, en caso que proceda, “el acceso a un régimen de libertad controlada”.
Según la Asamblea Legislativa salvadoreña que está bajo el control del partido oficialista Nuevas Ideas (NI), esta reforma “es compatible con estándares internacionales al incluir una evaluación periódica”.
“La normativa”, se añade, “se aplica en el contexto del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, el cual suma más de 91.000 detenciones y denuncias de tortura”.
Lejos de lo que afirman los legisladores del gobierno de Bukele, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido “que la prisión perpetua en niños y adolescentes es incompatible con la jurisprudencia interamericana”.
Para el organismo, dicha sanción es “desproporcionada y anula la finalidad de resocialización que debe tener toda pena impuesta a menores”.
Según denunció la organización Human Rights Watch (HRW), “la posibilidad de revisar la pena tras 25 años de cárcel contradice los tratados internacionales”.
De acuerdo a la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, “las condenas para menores deben ser sustancialmente cortas para ofrecer oportunidades reales de reinserción social”.
“La entrada en vigor de estas penas”, finaliza consignando el medio de prensa, “ocurre mientras organizaciones sociales reportan un deterioro en materia de garantías fundamentales”, que contabiliza “desde el inicio del régimen de excepción más de 91.000 personas detenidas” y “al menos 6.400 denuncias por violaciones a los derechos humanos”, así como “un mínimo de 500 fallecidos bajo custodia de agentes del Estado”.
