Con la consigna de “Que nos digan dónde están”, la actividad será en la plazoleta ubicada en la avenida Líber Seregni y Luis Alberto de Herrera en la capital de Rocha.
La propuesta de construir un Memorial de Homenaje a los Detenidos Desaparecidos y a los Detenidos fue realizada por el PIT -CNT, Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos y por CRYSOL a mediados del año 2011 a iniciativa de grupos de víctimas y activistas sociales y políticos de la zona.
En aquel momento, aunque en octubre del año 2009 la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ya había declarado la inconstitucionalidad de la Ley 15 848 (Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado) para el caso Nibia Sabalzagaray, la misma aún continuaba vigente. El Poder Judicial continuaba sometido al Poder Ejecutivo y las víctimas no podían acceder a la justicia.
La desaparición forzada de ciudadanos, al igual que la tortura masiva y sistemática de los miles de personas secuestradas y privadas de su libertad, a veces con cobertura legal de la Justicia Militar, a partir del 15 de abril de 1972 (declaración del Estado de Guerra Interno), fue una política represiva del Estado con un involucramiento activo y directo de las máximas jerarquías de las Fuerzas Armadas.
El terrorismo de Estado fue una política del gobierno y del país. No fueron errores, no fueron excesos, como afirman los actuales defensores, a veces no encubiertos, a veces con fueros parlamentarios, del terrorismo estatal.
En la invitación que hizo llegar CRYSOL a EL POPULAR se señala que “homenajear y mantener viva la memoria de los luchadores sociales y políticos que contribuyeron a la reconquista de la libertad y de la institucionalidad democrática es un desafío permanente de nuestra sociedad para seguir construyendo futuro”.
“La investigación, el esclarecimiento y la sanción de las graves violaciones a los derechos humanos del terrorismo de Estado es una condición básica para impedir que vuelvan a repetirse”, agregan.
CRYSOL destaca que “los terroristas de Estado, los golpistas, los criminales deben saberlo: no importa la cantidad de años que pasen, no importa la edad que tengan, no importa si están sanos o enfermos, no importa si viven en lujosos barrios privados, en residenciales o asentamientos, la justicia los terminará convocando y deberán rendir cuentas y responsabilizarse”.
