Por Bruno Giometti
En los últimos días se produjo el anuncio del gobierno nacional respecto a los incrementos de tarifas públicas a regir a partir del mes de enero.
Los aumentos anunciados son de un 5% en la UTE, un 6.5% en la OSE, un 6.4% en ANTEL y un 6.2% en el caso de la nafta y el supergas. Por su parte el gas oil mantiene su precio. Esta medida se suma a los incrementos realizados en abril de este año (UTE 10.5%, OSE 10.7% y ANTEL 9.8%).
En primer lugar, estas medidas muestran nuevamente lo demagógicos que fueron los planteos de los actuales integrantes del gobierno nacional durante la campaña electoral. En actos públicos y entrevistas de prensa los candidatos de la coalición, particularmente el actual Presidente de la República, dijeron que las tarifas no solamente no tenían que aumentar, sino que había condiciones para bajarlas en términos absolutos y que ellos las iban a bajar. Lamentablemente muchos uruguayos en su buena fe creyeron en su palabra. Pues bien, van 9 meses de gobierno de la coalición de derecha y ya es el segundo incremento de tarifas públicas.
En segundo lugar, vayamos al análisis de los porcentajes de aumento aplicados. Desde el gobierno nacional se dice que estos ajustes están por debajo de la inflación. En realidad, la inflación acumulada desde el último ajuste tarifario (abril de 2020) es de 5.3% y como en diciembre el IPC suele tener una variación negativa, se espera que la inflación de este período (abril a diciembre) cierre en 5.1% aproximadamente. Esto muestra claramente que los incrementos planteados ahora están por encima de la inflación general (salvo el de UTE que estaría en un porcentaje similar). El mismo argumento que el gobierno utilizó para fundamentar que los incrementos de abril no eran desmedidos (porque hacía 15 meses que no había ajuste y por ende había que comparar con la inflación de ese período) ahora se les vuelve en contra.
En tercer lugar, para evitar enredarse con tecnicismos, para no caer en trampas de cuál período tomar en el cálculo para que la cuenta resulte lo que cada uno quiere, vayamos a lo fundamental: el poder de compra de los hogares uruguayos. La evolución del poder de compra implica comparar lo que sucede con los ingresos de las personas en relación al costo de una canasta de consumo estándar. También puede utilizarse como forma de aproximación, la comparación entre cómo evolucionan los ingresos y cómo lo hacen las tarifas (que en definitiva son una parte de la canasta de consumo de un hogar cualquiera).
Pues bien, es clarísimo que en los 15 años de gobiernos del Frente Amplio, los ingresos promedio de los uruguayos aumentaron por encima (y en algunos casos muy por encima) de los precios de los servicios públicos y también de la inflación en general. Es decir, en 2019 un trabajador uruguayo promedio podía comprar muchos más litros de combustible, muchos más kilovatios de energía eléctrica, mucha más agua potable, muchos más servicios de telecomunicaciones que en 2004; así como también podía comprar una canasta de consumo más grande porque los precios de los productos en promedio aumentaron siempre menos que los ingresos y particularmente que los salarios. Las tarifas se incrementaron, ciertamente, pero siempre por debajo de los incrementos salariales.
Mientras que en 2020 y en lo que va a ser 2021 la evolución del salario viene estando por debajo de los porcentajes de ajuste de tarifas. Por ende ya en este momento y seguramente en mayor medida en los próximos meses (salvo que haya un vuelco radical en la política económica que no se vislumbra) los uruguayos estamos pudiendo comprar con nuestro salario menos cantidad de servicios que en el 2019. Si hacemos la misma comparación con la inflación en general, la conclusión es la misma, tras 15 años de crecimiento ininterrumpido del salario real medio, este año asistimos a una caída del poder de compra del salario.
En cuarto lugar, resulta realmente llamativo que dentro de la diferenciación de aumentos que se realiza en el caso de las telecomunicaciones, el incremento más importante sea el internet (9,5% de aumento) en el medio de un auge de las necesidades de internet por el teletrabajo, la educación virtual o semipresencial, las comunicaciones en general desde el hogar, etc. Resulta muy evidente la intención recaudatoria de esta medida, sabiendo que es un servicio que los hogares necesitan utilizar cada vez más.
La única diferenciación que se puede compartir de las implementadas es que no se aumente el gas oil como forma de estimular la actividad productiva, pero esto no debería ser a costa de un aumento tan fuerte para otros servicios que impactan de forma muy importante en el presupuesto de los hogares uruguayos. Sin mencionar que el gas oil ya no venía aumentando en los ajustes anteriores y que el petróleo tuvo una baja histórica de alrededor del 30% durante este año.
En quinto lugar, debemos someter a discusión los planteos que dicen que estos aumentos son antipáticos, desagradables, pero inevitables. Un mal necesario en este momento difícil de la sociedad y la economía, que debemos aceptar como si no hubiera alternativa. Estos incrementos van directamente al bolsillo de los sectores populares, de las grandes mayorías, con una intención recaudatoria. Por un lado, hay que mencionar que en el resto del mundo, se vienen aplicando medidas en sentido inverso a las que aplica este gobierno neoliberal, priorizando en estos momentos la preservación de los ingresos y las necesidades básicas de la gente, por encima de los equilibrios fiscales. Por otro lado, hay otras alternativas para incrementar la recaudación del Estado, que pasan por mayores aportes fiscales de los sectores más ricos. Lamentablemente este gobierno en su visión dogmática, está desarrollando un ajuste fiscal en medio de una pandemia, retaceando recursos para medidas que serían necesarias para aportar a una más rápida reactivación económica, al tiempo que se niegan a pedir mayores aportes a los sectores más enriquecidos, consolidando una salida con mayor desigualdad.
