El Sindicato Único de las Telecomunicaciones (SUTEL) entregó ayer viernes una misiva al Presidente de la República en la que le manifiesta su «profundo rechazo a la política que desde el gobierno se está llevando adelante», basado en una «orientación mercantilizadora de las empresas públicas», en particular «respecto de Antel y la falta de negociación colectiva real».
El sindicato destaca el rol de los entes públicos como algo «fundamental en nuestro país», con raíces históricas, según publicó el portal web del PIT-CNT.
Asimismo, señala que durante la pandemia «quedó demostrado y con creces, la importancia de las empresas públicas y el rol fundamental que cumplieron. Los trabajadores aseguramos la continuidad y regularidad de todos los servicios públicos, dándose respuesta en forma rápida a la emergencia social (en el caso de Antel asegurando la conexión de empresas y hogares, permitiendo que miles de estudiantes y docentes de todos los niveles continuarán estudiando, atendiendo servicios del MSP y Mides; y desde su fin social, brindando diversos beneficios a aquellos en situación de mayor vulnerabilidad)».
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Sr. Presidente de la República Oriental del Uruguay Dr. Luis Lacalle Pou
Por la presente, el Sindicato Único de las Telecomunicaciones – SUTEL, con respeto pero con la más firme convicción de la importancia de las empresas públicas en Uruguay, le expresa su profundo rechazo a la política que desde el gobierno se está llevando adelante, basado en una orientación mercantilizadora de las empresas públicas, en particular respecto de Antel y la falta de negociación colectiva real.
El rol de los entes públicos es fundamental en nuestro país y tiene raíces históricas. Desde su creación en el período batllista, éstos han tenido como fin el desarrollo industrial y comercial del Estado, así como garantizar el acceso a toda la población de servicios de primera necesidad como la luz, el agua o las comunicaciones, a precios accesibles; acceso a servicios que hoy lo concebimos como derecho. Sin dejar de destacar además, que las empresas públicas transfieren sus ganancias a Rentas Generales, permitiendo la redistribución de sus recursos, aportando a la construcción de escuelas, hospitales, viviendas o el pago de salarios de maestros, médicos o policías entre otros. Ganancias que también se invierten en el desarrollo de infraestructura, en despliegue de nuevas tecnologías, las cuales generan empleo y permiten el desarrollo de las empresas y la mejora de la calidad de los servicios. En definitiva, garantizando el derecho al acceso de estos servicios a toda la población.
Durante la pandemia quedó demostrado y con creces, la importancia de las empresas públicas y el rol fundamental que cumplieron. Los trabajadores aseguramos la continuidad y regularidad de todos los servicios públicos, dándose respuesta en forma rápida a la emergencia social (en el caso de Antel asegurando la conexión de empresas y hogares, permitiendo que miles de estudiantes y docentes de todos los niveles continuarán estudiando, atendiendo servicios del MSP y Mides; y desde su fin social, brindando diversos beneficios a aquellos en situación de mayor vulnerabilidad).
En este sentido, entendemos que las actuales políticas del Poder Ejecutivo perjudican el desarrollo de las empresas públicas y en particular de Antel, las cuales pasamos a detallar a continuación:
- Portabilidad Numérica. El Poder Ejecutivo y URSEC, desconociendo la voluntad popular sigue adelante con el proceso de Selección del Administrador de la Base de Datos -ABD- (empresa que administrará la base de datos de todos los usuarios de servicios móviles, es decir, un cuarto operador) en el marco de la implantación de la Portabilidad Numérica en nuestro país, sin tomar en cuenta el proceso de Referéndum que se ha habilitado a partir de la entrega de 800.000 firmas contra 135 artículos de la LUC, entre los cuales se encuentra el capítulo referido a la Portabilidad; entendemos que se debió suspender el proceso de implementación de la portabilidad numérica hasta tanto se den a conocer las resultancias del recurso de referéndum por razones de seguridad jurídica y de buena administración. Máxime si tenemos en cuenta los efectos anulatorios del mismo, lo que significa que en caso de ganar el SÍ, los 135 artículos se anulan y por tanto se debe volver al estado anterior a la sanción de los mismos.
Esta medida, bajo la falsa promesa del derecho a ser el “dueño del número de teléfono”, o el erróneo concepto de “identidad digital”, significa un gasto millonario para el Estado, que finalmente pagaremos los uruguayos y debilita a la principal empresa de comunicaciones, Antel (actualmente las autoridades de la empresa estiman una pérdida de aproximadamente del 10% de los contratos, lo que equivaldría a más de 30 millones de dólares anuales ) por lo que entendemos que esta medida busca el beneficio de las grandes empresas multinacionales, de poder captar clientes y revertir la actual participación en el mercado de servicios móviles que tienen estas empresas privadas. Las cuales además, están exoneradas de impuestos y no aportan como Antel más de cien millones de dólares al año.
Se desconocen por tanto, las 800.000 firmas contra la LUC y se continúa con el proceso de adjudicación y contratación del ABD, el cual podría ser anulado en caso de ganar el SÍ en el próximo referéndum (generando posibles reclamos por parte de las empresas y de los usuarios).
Por lo tanto, este Sindicato advierte que se está exponiendo al Estado a juicios millonarios, nacionales y eventualmente internacionales; en tanto la empresa seleccionada es de porte internacional.
- Ley de Medios. El Poder Ejecutivo envió un proyecto de Ley al Parlamento que propone modificar la denominada “Ley de Medios”, en la cual el artículo 48 establece la obligación de Antel a brindar su infraestructura a diferentes operadores (en competencia) para brindar servicios de transmisión de datos. Posteriormente el Ministro de Industria, a través del Presidente de Antel, presentó una modificación donde se elimina la obligación de Antel a brindar acceso a su infraestructura permitiendo que las telefónicas también brinden acceso a infraestructura, a precios mayoristas. Pero manteniendo el derecho de los cableros a solicitar licencia para brindar servicios de transmisión de datos, modificando las reglas de juego a favor de los privados.
Antel, siendo la mayor empresa de comunicaciones, casi la mitad de su facturación depende de la venta de servicios de conectividad, para lo cual como empresa pública, desde hace más de diez años viene invirtiendo millones de dólares (más de 450 millones de dólares) en el despliegue de fibra óptica, llegando prácticamente a todo el país y con un nivel de conectividad que nos coloca en las primeras posiciones a nivel regional y mundial.
Siendo actualmente una empresa eficiente y rentable, estas modificaciones impiden que se amortice esa inversión y se siga con los despliegues para llegar a todo el país. Sin embargo, la propuesta del gobierno se orienta a favorecer a los grandes medios de comunicación, ¿por lo que nos preguntamos a cambio de qué?
- Rendición de Cuentas. En el proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento se incluyeron dos artículos (153 y 154, hoy 160 y 161) donde se prevé la creación del Fondo Universal de Telecomunicaciones (FUT) con el supuesto objetivo de “garantizar la financiación del acceso universal a servicios de voz y de transmisión de datos e internet en todo el territorio nacional” que funcionará en la órbita del Ministerio de Industrias a través de la creación de un “Comité de Acceso Universal de Telecomunicaciones” (CAUT) en el ámbito de la URSEC, cuya función será “administrar” el FUT.
A través de este Fondo, cuya financiación es con dineros públicos, los operadores acceden a infraestructura para determinadas “zonas”, no definidas. Entendemos que este proyecto no garantiza la mejora de la conectividad para todos los usuarios ni el acceso universal a los servicios de comunicaciones y desconoce la inversión realizada por Antel como empresa pública con recursos públicos.
Se desconoce por tanto, la realidad de nuestro país, ya que este instrumento no ha sido necesario debido a la presencia del Operador Estatal Antel, quien ha asumido desde el año 2010 y a través de Universal Hogares, la misión de garantizar a todos los habitantes de nuestro país el acceso a los servicios de transmisión de datos e internet. El Plan Universal Hogares, a través de diferentes soluciones, fibra óptica, cobre, inalámbrico y satelital, ha logrado ese objetivo: Garantizar el acceso, pero además con servicios de calidad y a precios asequibles (gratuitos incluso).
Esta ha sido por tanto una política de telecomunicaciones bien definida y exitosa, llevada adelante por Antel, a través de financiamiento propio, sin descuidar eficiencia y rentabilidad, sin dejar de ser una empresa pública eficiente y saludable económicamente.
Entendemos que en realidad lo que se busca con estos artículos incluidos en la Rendición de Cuentas, es el acceso a la infraestructura de Antel, lisa y llanamente. Como lo venimos expresando, el acceso a la infraestructura de Antel ya se había propuesto en el anteproyecto de la LUC, luego en la propia LUC, iniciativas que no prosperaron y se reeditan en el artículo 48 del Proyecto de “Ley de Medios” a estudio en el Parlamento.
En suma, no es ni más ni menos que obligar a Antel a compartir su infraestructura, obligándola a brindar acceso a las inversiones realizadas en fibra óptica fundamentalmente, en beneficio de operadores privados que no han invertido en nuestro país. Se trata de utilizar además los dineros públicos para beneficiar a las grandes multinacionales.
Mientras el Poder Ejecutivo y la OPP recortan las inversiones y los gastos operativos, afectando el correcto mantenimiento de los servicios, deteriorando la calidad de los mismos.
Convenio Colectivo – Mesa Sindical Coordinadora de Entes. En diciembre del año 2020 venció el Convenio Colectivo (por el cual se recibió un correctivo inferior al que correspondía) Desde inicios de este año, los trabajadores estamos perdiendo salario y no hay más que alguna promesa por parte del gobierno de tener alguna recuperación el próximo año.
Presupuestaciones. En el año 2020, luego de la veda electoral y tal como estaba previsto en el presupuesto de Antel, los trabajadores que habían ingresado a la empresa bajo el Contrato de Función Pública (mediante concurso abierto) habiéndose cumplido el plazo establecido y entendiendo que las tareas que realizan son de carácter permanente, podían pasar a ser presupuestados. Sin embargo el Poder Ejecutivo a través de las autoridades de la empresa resolvió en forma unilateral revocar la resolución, desconociendo lo acordado.
Actualmente, las autoridades de la empresa presentaron una propuesta para la presupuestación ante la ONSC y OPP, la cual desconocemos formalmente y está pendiente de su aprobación en la OPP.
Presupuesto ANTEL 2020-2022: recortes y falta de personal
El Poder Ejecutivo a través un instructivo enviado desde la OPP a las empresas públicas, se estableció un recorte presupuestal del 15 % para el 2020 y un 5% adicional para el 2021, al cual se le adiciono un 3% extra para el año 2022. Esta situación impacta negativamente en la operativa de la empresa, generando graves perjuicios en la calidad de los servicios.
En el caso del denominado “rubro 0” (remuneraciones) si bien no está previsto ningún recorte, al eliminarse las vacantes del año 2019 se perdió lo “ahorrado” hasta el momento por la empresa, lo cual estaba destinado a los concursos internos, reconocimientos de títulos, ingreso de personal, regularizaciones de tercerizados, etc.
En el caso del ingreso de personal estaba previsto la reposición de un tercio, lo cual no se ha concretado, ni se han hecho los concursos pendientes, lo cual afecta el mantenimiento de los servicios que se ven afectados debido a la falta de personal en determinadas áreas de la empresa.
En el caso de las inversiones está previsto para el período un 85% de las inversiones del periodo anterior, pero la falta de ejecución real dificulta alcanzar las metas establecidas: despliegue de la fibra óptica, ampliar la cobertura de servicios móviles Lte o 5G.
MESA EJECUTIVA SUTEL
Montevideo, 3 de septiembre de 2021.
