Los trabajadores/as de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) realizaron la pasada jornada un paro a nivel nacional.
La medida, apoyada por la central obrera uruguaya y la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) fue acompañada de una caravana en Montevideo, se realizó bajo la consigna “en defensa de los puestos de trabajo de la industria láctea”.
La caravana partió sobre las 13.00 horas del edificio de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC), continuando por el Palacio Legislativo hasta la sede de la Torre Ejecutiva, donde se hizo entrega de una carta dirigida al presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
La movilización, de acuerdo a lo informado en comunicado público, se realiza en protesta a “las políticas de avaricia empresarial”, que tienen como objetivo “ensanchar” sin importar cómo “sus tasas de ganancias a cuentas de avanzar precarizando el empleo, el salario y tercerizando tareas y servicios”.
“Nos movilizados en defensa de puestos de trabajo de calidad”, enfatiza el documento que denuncia que la empresa Conaprole pretende “avanzar con medidas unilaterales, al margen de la negociación colectiva, generando acuerdos comerciales en el área de la logística con empresas de muy alto porte, y de capitales extranjeros como lo es TATA, cortando contratos y acuerdos con empresas distribuidoras de muchísimo menor porte y de carácter nacional, poniendo en riesgo puestos de trabajo de muchas familias”.
Ante esto, señala la Federación “es necesario poner acción en la calle, que demuestre que este proceso no puede continuar”.
“¿Dónde queda la defensa del desarrollo nacional, la defensa de la economía de nuestro país, las empresas nacionales junto al desarrollo de puestos de trabajo de calidad?”, se preguntan los/as trabajadores/as.
En el comunicado, el gremio expresó su respaldo a la recolección de firmas con vistas a plebiscitar la derogación de la reforma de la seguridad social realizada por la administración del presidente Lacalle Pou.
“Firmamos”, se lee en el documento, “por volver a tener derecho de jubilarnos a los 60 años, y no estar obligados a tener que entregar cinco años más de nuestras vidas, como lo decidió la reforma jubilatoria otorgando jubilaciones inferiores o expropiando parte de lo que hubiera sido el valor de las jubilaciones”.
