Esta semana vivimos un nuevo episodio de la ofensiva del poder para disciplinar y asegurar la funcionalidad con su proyecto de restauración de la Justicia y todo el aparato del Estado.
Esta vez, una más, los ataques políticos se concentraron contra el Fiscal de Corte, Jorge Díaz. Los cuestionamientos vinieron de varias tiendas, pero el más virulento, fue el planteo realizado por Cabildo Abierto solicitando al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la destitución del fiscal Díaz. A este pedido formal, con un escrito presentado en Presidencia, le acompañaron declaraciones de prensa amenazando con retirase de la coalición de derecha en el gobierno si no se contempla su reclamo.
El motivo argüido es la decisión del Fiscal Jorge Díaz de disponer una investigación administrativa a la fiscal Daniela Charquero. La fiscal Charquero dispuso el archivo de las denuncias contra el ex intendente de Colonia por el Partido Nacional, Carlos Moreira, nuevamente candidato, de otorgar becas a cambio de favores sexuales. La decisión del Fiscal Díaz se fundamenta en la divulgación de los antecedentes políticos de la fiscal Charquero, como militante del Partido Nacional, integrante del Equipo de Seguridad de la campaña del actual presidente en el 2014, a lo que se agrega que su padre y su madre son también militantes del Partido Nacional y ocupan cargos de confianza en el actual gobierno, y no son los únicos de la familia.
La decisión del Fiscal Díaz es ajustada a derecho, es su potestad; la investigación administrativa es, además, un instituto que ofrece garantías a la Fiscalía y a la investigada.
No esta en cuestión el derecho de la fiscal Charquero a tener la filiación política que más le guste.
Lo que merece una investigación es el hecho de que no lo haya advertido e incluso si no le correspondía inhibirse de tratar el caso de su correligionario Moreira.
Pero el ataque político al Fiscal Díaz tiene motivaciones más profundas, se inscribe en una campaña sistemática contra el Poder Judicial y la Fiscalía, buscando presionar para bloquear investigaciones por intereses, también políticos, y, además personales. Cabe recordar como antecedentes: la intervención en el Senado, del senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, atacando al Poder Judicial y a la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad; las intervenciones de varios legisladores de Cabildo Abierto en el mismo sentido y los dichos del ministro de Defensa Nacional, Javier García, en su nombre y en el del presidente, cuestionando un fallo judicial que condenó un asesinato en 1972.
No son hechos aislados, es una estrategia, como dijimos, de disciplinamiento de todo el aparato del Estado, en particular del encargado de impartir justicia, al proyecto de restauración conservadora, que incluye la impunidad para los suyos, pasada, presente y futura.
Hay que repudiar, sin medias tintas, esta campaña de presiones, en este caso contra el Fiscal de Corte. Denunciar la utilización del chantaje como método político. Cabildo Abierto sabe que la destitución del fiscal requiere los 3/5 de los votos del Parlamento, por lo tanto estamos ante una maniobra irresponsable de desestabilización política y de chantaje, buscando beneficiar a los impunes y a Manini Ríos, que debe responder ante la justicia.
La democracia se defiende respaldando la actuación independiente y sin presiones del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la Nación.
