El Frente Amplio en Diputados se opuso a la reforma jubilatoria del gobierno de derecha
En la medianoche del martes la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma jubilatoria impulsado por la coalición de derecha en el gobierno. El Frente Amplio (FA) y el PERI votaron en contra. En el informe en minoría el FA afirmó que esta es “una reforma injusta que perjudica a las grandes mayorías y que tuvo un tratamiento irresponsable por parte de la coalición”.
El proyecto tuvo más de 100 modificaciones, la mayoría de ellas resueltas en los últimos días, algunas incluso presentadas a último momento durante la propia votación. El proyecto al cierre de nuestra edición iba a ser considerado por el Senado.
El FA, en cumplimiento de lo resuelto por su Plenario Nacional en diciembre votó en contra del proyecto en contra en particular de todo lo que implicará un retroceso y solamente acompañó los artículos que implicaban un beneficio para los trabajadores, 17 artículos, algunos integralmente y otros parcialmente, en más de 300 que tiene el proyecto. El FA también propuso un conjunto de artículos sustitutivos que reflejaban planteamientos de organizaciones sociales e iniciativas que beneficiaban a colectivos sociales, los que fueron rechazados por la coalición de derecha.
La posición del FA
El informe en minoría del FA, presentado por la diputada Ana Olivera ante la Cámara de Representantes hace un fuerte destaque a los sectores sociales y colectivos que pierden con este proyecto de reforma de pensiones y jubilaciones. Hay algo en común y es que pierden los trabajadores, y especialmente los de ingresos medios y bajos.
“En esta reforma pierden los trabajadores más pobres que tendrán dificultades para acceder a una causal jubilatoria por el aumento de la edad al barrer y los de ingresos medios, que no están comprendidos en el suplemento solidario. Profundizando así el modelo concentrador e inequitativo que impulsa el gobierno”, señala.
El aumento de la edad de retiro al barrer no toma en cuenta a “los trabajadores más pobres que tienen una menor expectativa de vida”. “Muchas de estas personas enfrentan peores situaciones y contextos en el mercado laboral, que las dejan desprotegidas a edades más tempranas, por lo que requieren acceder a la protección social antes. No parece razonable pensar que todas las personas llegarán a los 65 años cotizando a la seguridad social o en condiciones de empleabilidad. Tal es el caso de las trabajadoras domésticas, las asistentes personales, los trabajadores de los frigoríficos, los del transporte de carga, por mencionar algunos. A todos se les aumenta la edad de retiro en 5 años, sin ninguna contemplación”, indica.
Afirma que pierden también los trabajadores con discapacidad, “quienes fueron tratados de “sospechosos” de incurrir en prácticas oportunistas por parte del gobierno, sin haber ni una sola evidencia científica que avale esto. A este conjunto de personas se les recortan los montos jubilatorios en una magnitud que puede llegar a ser superior al 40%”.
Pierden las mujeres ya que “no hay una sola medida que favorezca las condiciones de acceso al mercado laboral. Son escasas las medidas que apuntan a corregir la penalización por maternidad. Una de ellas es el mantenimiento del cómputo adicional por hijo, tan criticado por la entonces oposición en la reforma del 2008, que permitió que a diciembre del año 2022; 45.109 mujeres pudieran jubilarse, logrando así reducir la brecha de género en el acceso a la jubilación. Por otra parte, los puestos de trabajo a los que se les permite el retiro anticipado se limitan a la construcción y a la actividad rural, ramas netamente masculinizadas, excluyendo de esta posibilidad a las mujeres que realizan trabajos exigentes”.
Asimismo, reafirma que miles de trabajadoras y trabajadores cobrarán menos, destaca los estudios de CINVE, cuyos resultados señalan que “un número significativo de historias laborales que por el régimen vigente obtendrían jubilaciones en torno a los $60.000, en caso de aplicarse la reforma obtendrían una jubilación levemente superior a los $40.000 con reducciones de entre el 20 y hasta el 30%”.
Por otra parte, el informe señala que una reforma de la Seguridad Social es necesaria, pero que esta reforma, no es integral de la seguridad social, dado que “no hay ninguna medida (salvo saludos a la bandera que solamente crean comisiones) que aborde la problemática del sistema de cuidados, las brechas de género que aún persisten en el mercado laboral, los desafíos del futuro de trabajo, las políticas de formalización y formación de los trabajadores y trabajadoras, la tendencia creciente del aumento de los trabajadores por cuenta propia y la caída del trabajo asalariado, los problemas de acceso que enfrentan los jóvenes, el combate a la pobreza infantil, entre otros. Todos estos aspectos brillan por su ausencia en el proyecto”.
Asimismo, la problemática de la sostenibilidad fiscal “solo se aborda desde el lado de la reducción del gasto y no se hace absolutamente nada por incrementar los ingresos del sistema. No exigirles nada a los sectores más pudientes de la sociedad para que aporten ingresos al sistema de acuerdo con su capacidad contributiva, hace que esta reforma profundice la desigualdad y la torne injusta e inequitativa”.
Tampoco se abordan los desafíos en cuanto a cobertura en el futuro: “al menos el 15% de los actuales trabajadores llegarán a los 70 años sin haber alcanzado los 15 años de aportes registrados en sus historias laborales, por lo que nunca llegarán a configurar una causal jubilatoria, es decir, nunca podrán obtener una jubilación. ¿Y qué hace el proyecto para atender este grave problema que a futuro enfrentará nuestro sistema de seguridad social? Nada.”
El informe afirma que “que otra reforma es necesaria, y seguiremos reclamando un mayor y profundo diálogo de seguridad social hasta concretarla, porque esta reforma que votará la coalición de gobierno, no ataca los problemas de cobertura a futuro, no establece una redistribución del gasto social intergeneracional, no aborda los desafíos del futuro del trabajo, no genera medidas de políticas para la formalización de los trabajadores, carga todo el costo de la misma sobre ellos, pone en duda la sostenibilidad financiera y generará nuevos problemas que muchísimo más temprano que tarde habrá que resolver”.
Por otra parte, hay un capítulo del informe destinado a la falta de rigurosidad, transparencia, y a la irresponsabilidad con la cual el gobierno ha trabajado el tema. El informe relata que en el Senado se votó el proyecto con apenas un mes de discusión y en la última semana del año. “Ahora, en Diputados este tratamiento irresponsable, lejos de desvanecerse, se amplificó. Se procesaron un conjunto de modificaciones “sobre tablas”, a partir de negociaciones e interminables “tironeos” al interior de la coalición. Estos cambios, implicaron más de un centenar de sustitutivos y aditivos presentados en las últimas horas. Los impactos de estas modificaciones no sólo no han sido informados al Parlamento, sino que en algunos casos ni siquiera han sido considerados en la evaluación de las propuestas”, señala.
Además, se denuncia detalladamente cómo el gobierno le ha mentido a la sociedad descaradamente “en su afán por intentar defender el proyecto, el gobierno le ha mentido al Parlamento y a toda la sociedad sobre los resultados de la reforma”. Se hace un recuento de cómo el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres y la Ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, afirmaron a principios de año que “en ningún caso vamos a ver una caída en la jubilación que perciben las personas” o “las jubilaciones no solo no van a bajar, sino que se van a mantener o a aumentar». Sin embargo, hace pocos días, el Director de la Oficina de Planteamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, fue categórico en afirmar en rueda de prensa que “nadie aseguró nunca que el 100% va a tener una mejor jubilación, porque eso sí sería una aventura imposible de hacer” contradiciendo de esta forma a la Ministra de Economía y al Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Esta es una reforma que se olvidó de lo común del Sistema y mantiene inequidades inaceptables cuando se pretende avanzar a un Sistema Previsional Común
Uno de los puntos que el informe cuestiona es que la convergencia de las distintas Cajas se prevé por el lado de las prestaciones que brinda el sistema, pero no así por el lado de los aportes que se realizan en cada subsistema. Asimismo, se remarca una limitante y es que a los trabajadores que aporten a otras cajas distintas al BPS, se les exigirá 30 años de aporte a los 65 años.
Por otra parte, el informe remarca su desacuerdo con el tratamiento a la Caja Militar: “Un punto sumamente preocupante son los retrocesos que se han verificado entre la presentación del anteproyecto y el que estamos sometiendo a votación en lo referente al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. En este tema el presidente claramente hizo concesiones, dándole un tratamiento más favorable a la Caja Militar, manteniendo inequidades que el anteproyecto eliminaba, o reinstalando privilegios que la reforma de 2018 había quitado”.
Se plantea que, en la discusión parlamentaria, el oficialismo continuó profundizando las inequidades y habilitó la duplicación de la bonificación general al personal subalterno combatiente, que pasaría a computar 7 años por cada 5 de trabajo efectivo. “Con esto, se equipará el riesgo y desgaste de estos funcionarios con los riesgos que asumen los policías que realizan tareas en la calle. De efectivizarse esta medida, los impactos fiscales y en términos de equidad serán notorios, ya que habilita que estos funcionarios militares se puedan retirar voluntariamente hasta 6 años antes, y en el caso de retiro obligatorio con jubilaciones hasta 17% superiores”. Otro retroceso respecto a la reforma de 2018 es la reincorporación del aguinaldo que cobran las pensiones al amparo del Decreto-Ley de la Dictadura Militar N°14.157 de 1974, para los beneficiarios a partir de 2019. Se trata de un beneficio que no tiene ningún otro servicio público o caja paraestatal, y que se suma a prestaciones otorgadas bajo un régimen de privilegio, que en promedio paga jubilaciones superiores al último salario en actividad.
Asimismo, “sobre el cierre de la discusión en la Cámara de Representantes, y sin fundamentación alguna, el gobierno introdujo modificaciones al articulado que permitirán que a un conjunto de oficiales no se les apliquen las edades de retiro obligatorio que el propio proyecto establece. Esto permitirá que los oficiales militares se retiren hasta 12 años antes de lo que el proyecto establece”.
El informe también instala la discusión acerca de la obligatoriedad del sistema mixto para casi todos los trabajadores, salvo para los escribanos. La coalición de gobierno acordó aplazar el ingreso de la Caja Notarial, pero “para el resto de las cajas paraestatales, así como para los trabajadores policiales y los militares, la inclusión hacia el sistema de AFAP no es negociable”.
El informe en minoría afirma que la inclusión de estos trabajadores al sistema mixto no ha contado con el necesario diálogo ni con los acuerdos previstos. Asimismo, se destaca que los costos de transición por el traspaso de las cajas hacia el régimen de AFAPs será de 2.000 millones de dólares y que los mismos se podrían haber evitado.
Vinculado con el punto anterior, el informe indica que la Caja Bancaria y Caja de Profesionales constituyen otro de los colectivos postergados por parte de la coalición de gobierno. Se remarca la inconsistencia de que se vote primero el sistema común y se deje para más adelante las problemáticas específicas de estas cajas. “En el caso de la Caja de Profesionales existe un anteproyecto denominado “Ley exprés”, que de “exprés” no tiene nada, dado que hasta el momento no ha tenido ningún tratamiento parlamentario, y que, si las cosas se hubieran hecho de manera responsable, debió haber sido puesto en consideración antes que el proyecto del Sistema Previsional Común”. Asimismo, el gobierno elige el camino de establecer una ley específica que adelante los parámetros de la reforma para la Caja Bancaria.
El informe en minoría concluye con las contribuciones del Frente Amplio a favor de la gente.
Se señala que “en el Senado se incorporó el numeral D del artículo 35, que mantiene la exigencia de 25 años de aporte en el BPS para aquellas personas que cuenten con 65 años. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo no contemplaba esta situación y proponía 30 años de aporte y 65 años como requisito mínimo para acceder a la causal”.
A su vez, se resalta el logro de que “el gobierno haya dado marcha atrás con el tratamiento que se otorgaba a las pensiones por viudez, que perjudicaba notoriamente a las mujeres y endurecía las condiciones de acceso, lo cual repercutiría de forma negativa en las que se encuentran en situaciones más vulnerables”.
Asimismo, se plantean objetivos, que finalmente no se concretaron en el plenario, pero que deberán lograrse de acceder el Frente Amplio al gobierno. “Se buscará que la edad de retiro no aumente al barrer, para que las personas que se encuentran trabajando en condiciones desgastantes no tengan que continuar haciéndolo hasta los 65 años”, se indica que el FA luchará para “que las trabajadoras domésticas las cuidadoras personales, los trabajadores de los frigoríficos, entre otros, puedan retirarse a los 60 años”. “Buscaremos también que los trabajadores que se jubilan por discapacidad puedan tener un 65% de tasa de reemplazo y no vean menguados sus montos jubilatorios. Las proyecciones otorgadas por el gobierno, hace menos de una semana indicarían que, en 20 años, más de 20.000 personas sufrirían discapacidad, pero se jubilarían por causal común, lo cual les implicaría un recorte en sus jubilaciones de más de 40%. No queremos que estas personas carguen con el costo de la reforma”, se indica.
“En busca de la equidad, continuaremos presentando propuestas que disminuyan los privilegios de sectores eternamente privilegiados y que este proyecto busca consolidar. Presentaremos medidas concretas para aumentar los ingresos del sistema que contribuyan a la sostenibilidad financiera”.
Finalmente, el informe en minoría plantea la oposición al proyecto de reforma, “porque consideramos que es injusta, que perjudica a las grandes mayorías de trabajadores, en particular, a los sectores de ingresos medios y bajos, consolidando así un modelo concentrador e injusto”.
Enlace para ver el informe del FA completo, presentado por Ana Olivera:
Foto de portada:
Diputados y diputadas del Frente Amplio, en conferencia de prensa, durante la votación de la reforma jubilatoria. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS.
