Senadores FA: «Estado uruguayo se amputa hasta el año 2081 la posibilidad de dictar las políticas portuarias»

Por Moriana Alberro

En Conferencia de Prensa el día de hoy, la bancada de Senadores del Frente Amplio, comunicó información relevante sobre el acuerdo entre el Estado Uruguayo y la empresa Katoen Natie y la interpelación al Ministro Luis Alberto Heber, planificada para el próximo 18 de agosto.

“Desde el FA no compartimos la política pública que se está desarrollando en el Puerto de Montevideo y en especial este acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la empresa Katoen Natie”, expresó el senador Charles Carrera.

“Exigimos la responsabilidad política del firmante, que representó al Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, al Ministro de Transporte y Obras Públicas Luis Alberto Heber y el equipo negociador. Buscamos denunciar este hecho, muy grave, es un acuerdo que caracterizamos como inconstitucional, ilegal e inconveniente. Inconstitucional, porque se establece un monopolio a favor de una empresa privada sin ley que lo establezca, es decir, la Constitución exige una ley dictada por mayorías especiales”, afirmó.

“Es ilegal, porque se violan un conjunto de disposiciones y se viola la ley madre en materia portuaria, la ley 16.246, denominada Ley de Puertos, que establece el principio de la libre competencia, es decir, que en el Puerto de Montevideo deben haber diferentes operadores portuarios y los usuarios tienen el derecho de elegir qué operador le conviene más”, aseguró Carrera.

A su vez, el acuerdo también “viola la ley que estableció la concesión en el año 2001, entre otras normas, la ley de defensa de la competencia”. “Es un acuerdo muy negativo para los intereses nacionales, porque afecta a toda la cadena económica, afecta al comercio exterior, a los exportadores, pero también afecta a la importación y al comercio interior. Nos afectará a cada uno de nosotros cuando vayamos a comprar comestibles, electrodomésticos y vestimenta en los comercios de nuestro país. Nos va a afectar porque se estableció un monopolio desregulado, existe la posibilidad de que la empresa establezca tarifas y nosotros vamos a pagar ese recargo”, señaló Carrera.

“Es muy negativo porque hay una entrega de la soberanía. El Estado uruguayo se amputa hasta el año 2081 la posibilidad de dictar las políticas portuarias, de dictar el reglamento de atraque de buques, es decir, cómo es el tránsito en el Puerto de Montevideo. Para poder modificarlo, por 60 años, el Estado uruguayo tendrá que pedirle autorización a esta empresa privada”, explicó.

“En el proceso de investigación, de preparación para la interpelación, encontramos un conjunto de actos jurídicos, un acto jurisdiccional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la máxima autoridad en materia de justicia administrativa que le dio la razón al Estado uruguayo. En 2002, el gobierno de Jorge Batlle, llamó a una licitación pública internacional para dar la concesión de una terminal polivalente de un conjunto de muelles del Puerto de Montevideo, y en esa futura concesión se establecía que se podría trabajar con grúas pórticos y contenedores”, relató Carrera.

“La empresa TCP y Katoen Natie se sintieron agraviados porque sotenían que eran los únicos que podían trabajar con contenedores y grúas pórticos en el Puerto de Montevideo, porque la licitación del año 2001 le daba un derecho de preferencia, exclusividad y derecho al monopolio”, continuó.

“El TCA le da la razón al Estado uruguayo, en el año 2008,y afirma que en el Puerto de Montevideo rige la libre competencia, que quien puede disponer de las políticas portuarias en nuestro país es el Poder Ejecutivo en conjunto con la Administración Nacional de Puertos”, indicó Carrera-

“Queremos dar a conocer esta situación porque es un hecho muy grave que el máximo órgano de justicia administrativa en nuestro país le haya dado la razón al Estado uruguayo en este conflicto con Katoen Natie, pero que no haya sido considerado a la hora de negociar. Creemos que la empresa no ha actuado de buena fé, porque la empresa fue invitada por los Senadores del Frente Amplio a la Comisión de Transporte, y la empresa hizo un racconto de cuando llega a Uruguay y desarrolla sus inversiones, y el abogado, presente en ese momento, Paul Arregui, representante de la empresa TCP y Katoen Natie en esa demanda, no puso sobre la mesa ese dato”, advirtió.

A su vez, Carrera hizo hincapié en “cómo actuó el ministro Heber, en representación del presidente Lacalle Pou, no le queremos atribuir intenciones, pero uno puede pensar que el ministro actuó con dolo porque no solicitó informes jurídicos internos al Ministerio de Transporte ni a la ANP, no solicitó informes económicos, porque si le preguntaba al MTOP, le iban a decir: ‘Ministro, hay una sentencia que le da la razón, en Uruguay rige el principio de la libre competencia, Katoen Natie no tiene ningún derecho de monopolio en el manejo de los contenedores’, lo mismo si le preguntaba a la ANP”.

“La otra hipótesis es la total negligencia e incompetencia del ministro Heber en el desarrollo de esta negociación, que causa muchos perjuicios. Pero además, los asesores de la bancada del FA concurrieron al TCA el lunes de la semana pasada a retirar el expediente para presentarlo en la interpelación, pero el MTOP estaba solicitando el desarchivo de este expediente media hora antes”, sostuvo Carrera.

“Creemos que hay que actuar con transparencia en un tema de interés nacional, con consecuencias sobre la vida de los uruguayos, el desarrollo de la economía, para que se tome pleno conocimiento de la falta de diligencia e incompetencia que tuvo el ministro Heber en representación del presidente Lacalle Pou y el equipo negociador en esta negociación que causa enormes perjuicios para todo el Estado”, afirmó.

A su vez, Charles Carrera expresó que “el sistema político uruguayo debería declarar nulo este acuerdo, máxime con estos antecedentes, con la sentencia del TCA, esperemos que el sistema político uruguayo actúe con responsabilidad, asumamos la responsabilidad que tenemos por delante, tratemos de declarar nulo este acuerdo y se inicie un nuevo proceso de negociación”.

Sentencia del 2008 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Las imágenes las subió Charles Carrera hoy a su Twitter:

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