Cuando todavía estábamos discutiendo el impacto que podría llegar a tener sobre ANTEL la decisión del gobierno de entregar a cinco cableoperadores licencias para distribuir internet, en la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal 2021 el gobierno decide patear el tablero y mete la motosierra con el único objetivo de beneficiar a sus amigos, reducir las libertades y espacios democráticos y liquidar a la empresa estatal y pública de telecomunicaciones.
Efectivamente, en la Rendición de Cuentas presentada el pasado jueves 30 de junio, entre los artículos 206 y 216 se puede encontrar en negro sobre blanco un nuevo-viejo modelo de medios audiovisuales en el que se arrasa con reclamos históricos de trabajadores, académicos, sociedad civil y el pueblo todo por lograr medios democráticos y nuevamente -como no- se apunta la motosierra en contra de la empresa estatal y pública de las telecomunicaciones.
Como informó EL POPULAR, Entre los artículos 206 y 216 del proyecto de Rendición de Cuentas se arrasa completamente con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Nº 19.307. Esto no es un eufemismo, el artículo 206 señala: “Derógase la Ley Nº 19.307, de 29 de diciembre de 2014, así como las demás disposiciones modificativas, concordantes y reglamentarias de la misma”.
Se deroga una ley que llevó un debate de cuatro años -del que participaron desde Naciones Unidas hasta los trabajadores de la comunicación social, pasando por la academia y la sociedad civil- en un solo artículo metido en la Rendición de Cuentas, una norma que este año tiene 459 artículos y apenas treinta días para ser tratada en cada cámara del Parlamento.
Pero lo que ya parecía un gesto propio del autoritarismo y la soberbia del herrerismo llevados a su máxima expresión, adquiere ribetes francamente totalitarios cuando en el artículo 207 se señala de manera expresa: “Restablécese la vigencia, a partir de la promulgación de la presente Ley, de las siguientes disposiciones: Decreto-Ley No 14.670, de 23 de junio de 1977; Decreto-Ley No 15.671, de 8 de noviembre de 1984; artículos 15 y 16 de la Ley No 18.232, de 22 de diciembre de 2007; demás disposiciones que fueron modificadas o derogadas por la Ley No 19.307, de 29 de diciembre de 2014; Decretos reglamentarios de las Leyes incluidas en los literales precedentes”.
Quienes firman los decretos-ley que se mencionan más arriba son nada menos que Aparicio Méndez y Gregorio Álvarez, a la sazón presidentes designados por la dictadura fascista que asoló nuestro país entre 1973 y 1985, responsable de los más terribles delitos de lesa humanidad y la mayor conculcación de libertades en la historia de nuestro país.
Pérdida de derechos y libertades
Hay que tener estómago para poner en una ley un artículo restituyendo la validez de la dictadura, pero lo más importante es que sin vergüenza alguna se reimplantan normas que permiten otorgar y clausurar medios de comunicación audiovisual por la sola voluntad del Poder Ejecutivo, sin concurso ni participación comunitaria, ni límite a la concentración ni nada. En definitiva, se restablece el dedazo presidencial para adjudicarle medios a los amigos del gobierno y para clausurar los que resulten incómodos.
Se derogan también el pago de la tasa por el uso de espectro (que iba a la promoción estatal del cine y el audiovisual nacional), el límite de 15 minutos de tanda publicitaria por hora de programación, la protección de niñas, niños y adolescentes, la regulación de la publicidad electoral, la prohibición de cualquier forma de discriminación en los medios de comunicación, el porcentaje de música nacional, entre otras.
Entre las normas que se derogan están nada menos que las que prohíben la censura previa, las que prohíben que se utilicen las renovaciones de frecuencias como mecanismo de presión editorial y -quizás la más grave- la que permite la objeción de consciencia de los periodistas, que hoy tienen la posibilidad de no firmar y/o no prestar su voz y su imagen en las notas periodísticas que hayan sufrido modificaciones sensibles y/o se haya distorsionado su sentido editorial.
¿Sotelo tendrá que comprar el Gallito?
La brutalidad herrerista-bordaberrista es tan grosera, que entre las normas que se derogan están todas las que corresponden a la definición y la institucionalidad del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) -anteriormente conocido como Sistema Público de Radio y Televisión Nacional (SPRTN)-, que agrupa a la televisión y radios públicas nacionales, dejando a sus más de 400 trabajadoras y trabajadores en situación de total indefensión y a la propia institucionalidad sin definiciones mínimas sobre su forma jurídica.
Esto es muy grave, pero lo es más si tenemos en cuenta que el actual presidente del Secan y director de Canal 5 -antes Televisión Nacional del Uruguay (TNU)-, Gerardo Sotelo, prometió al asumir la gestión que transformaría a los medios públicos uruguayos en un símil de la British Broadcasting Corporation (BBC), que está en la cima de la consideración de los comunicadores del mundo entero por su independencia del Estado inglés.
Sotelo -quien se supone que obtuvo ese cargo como devolución del favor por el uso por parte de la coalición de derecha del lema Partido Independiente en las elecciones departamentales que iban a ser en mayo de 2020- no solamente no ha cumplido con ese objetivo, sino que transformó al Secan en un espacio de pago de favores políticos y persecución de las voces divergentes a las del actual gobierno.
Al derogar la ley 19.307, se liquida la estructura del organismo y ni siquiera queda claro cuáles serán sus mecanismos de financiamiento presupuestal.
Vuelve la motosierra privatizadora contra ANTEL
Entre todas las gravísimas consecuencias que plantean estos dos artículos (los más graves de este bloque), queda sin efecto la prohibición de las licencias cruzadas, es decir que las telefónicas tengan licencias de televisión y que las televisoras tengan licencias para vender telefonía. De forma tal que la decisión adoptada por el gobierno respecto a los cinco cables a los que graciosamente se les otorgó la licencia clase B -que reseñábamos la semana pasada en EL POPULAR- podrá ser extendida a todo el resto de los operadores de servicios de telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual del país.
Esto es muy grave, porque no es otra cosa que la privatización de la distribución de datos e internet, previsiblemente primero para las empresas proveedoras de televisión para abonados (en todas sus modalidades y en todo el país), para luego pasar a las empresas multinacionales de telecomunicaciones, algunas de las cuales ya han manifestado su voluntad de competir con ANTEL en toda la línea.
Ya han hecho públicas sus intenciones en ese sentido empresas como Claro -de origen mexicano vinculada a Carlos Slim y a yasabenustedesquién-, el argentino grupo Clarín -propietario de Cablevisión y un emporio de otros medios y empresas telefónicas, entre ellas la operadora de celulares Personal- y se rumorea que la española Movistar -que hasta hace poco estaba a la venta y a la que está vinculada laotrayasabenustedesquién- podría también tener interés de participar de la rebatiña contra ANTEL.
Porque de eso se trata, de arrebatarle al pueblo uruguayo los beneficios que le otorga la empresa estatal y pública, que nos ha puesto entre los primeros diez países del mundo en digitalización, primero en América Latina en Índice de Desarrollo TIC (Tecnologías de Información y Comunicación), primero en la región en el Índice de conectividad Móvil, primero en el Índice de desarrollo del gobierno electrónico, primero en el mundo en asequibilidad de banda ancha, tercero en el Índice Global de Ciberseguridad (después de Estados Unidos y Canadá).
Este esfuerzo lo ha hecho ANTEL durante los gobiernos frenteamplistas, sus trabajadoras y trabajadores, nuestra gente y nuestro gobierno. Eso es lo que nos quieren quitar, a esta empresa -que es orgullo de nuestro país- le quieren aplicar la motosierra lacallista.
Las trabajadoras, trabajadores y todo el pueblo uruguayo darán la lucha en defensa de las empresas públicas, de su rol para impulsar el desarrollo del país y para preservar el patrimonio nacional. A la motosierra se le romperán los dientes.
Fabricio Mato
