Comenzó mayo, mes de la memoria, la verdad está en disputa y cobra un nuevo impulso el negacionismo. Micaela Melgar, diputada del Frente Amplio por la 1001, presentó un proyecto de Ley que busca combatir esta práctica que mina el «Nunca más terrorismo de Estado».
El negacionismo avanza
Melgar explicó a EL POPULAR, que la iniciativa surgió ante la constatación de que la práctica del negacionismo está tomando un nuevo impulso. En términos generales apareció el negacionismo de la verdad científica, poniendo como ejemplo la aparición del “terraplanismo” o los “antivacunas”.
Aclaró que para que exista negacionismo debe haber “un intento de influir en la opinión pública” para tratar de aislar “la capacidad que tiene la gente de generar miradas críticas, de utilizar una de las herramientas que tiene la humanidad que es la ciencia para poder desarrollarse”.
Así se explicita en el Art. 1 del proyecto de Ley “Se define como negacionismo la negación de hechos respaldados por la evidencia científica con la finalidad de influir en la opinión pública”.
En el Art. 2 del proyecto, que se encuentra a estudio de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, se específica el tipo de negacionismo al que hace referencia la norma que se pretende impulsar “Se considerará como negacionismo del terrorismo de Estado cualquier declaración o manifestación pública que niegue, justifique o minimice las consecuencias de crímenes de lesa humanidad cometidos por el accionar ilegítimo del Estado en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973. Así como los cometidos por el terrorismo de Estado durante la dictadura cívico-militar acaecida desde el 27 de junio de 1973 hasta 28 de febrero de 1985”.
¿De dónde viene el negacionismo?
“El negacionismo referido a la verdad histórica del pasado reciente tiene como objetivo específico promover la cultura de la impunidad sentando las bases para que vuelva a pasar o por lo menos para que el pueblo, en el caso del pueblo uruguayo, no tenga la herramienta de la memoria para enfrentar determinadas prácticas autoritarias, la promoción de algunas prácticas más asociadas a la violencia desde el poder”, explicó la diputada.
Al respecto, en la fundamentación del proyecto de Ley se expresa que “el daño al tejido democrático (luego de la dictadura) se extendió durante décadas, ante la ausencia de políticas públicas que promovieran la investigación y enseñanza de la historia reciente, lacerando la memoria histórica sobre lo sucedido”, fomentando “la reproducción de discursos que justificaron el terrorismo de Estado y minimizaron su gravedad, en base a falacias tales como la existencia de una supuesta “guerra” que lo habría generado, la subestimación de los crímenes o su número de víctimas”.
Y agrega “estos discursos relativizaron la gravedad específica del terrorismo de Estado al equipararlo con otras formas de violencia, soslayando la característica central que lo hace incomparable a otros fenómenos: haber volcado contra sus propios ciudadanos toda la fuerza represiva del Estado, de forma organizada, planificada y sistemática”.
Melgar explicó que el negacionismo del pasado reciente cobra fuerza no solo en América Latina, sino también en Europa y que se puede decir que existe un “movimiento” internacional en este sentido y por eso surgió la necesidad de pensar “qué cosas se pueden hacer para frenar y prevenir estas formas de limitar los derechos del pueblo”.
Para ello se estudió la literatura al respecto así como ejemplos en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Alemania y Francia ya hubo una ola negacionista donde sucedieron hechos relacionados a delitos de Lesa Humanidad y se fue “por la alternativa de penar las acciones negacionistas, en el caso de Alemania es bastante claro porque lo que se hizo fue definir como un delíto gravísimo la negación del holocausto con una pena muy alta”.
Pero lo que más se tuvo en cuenta como insumo, informó Melgar, “fueron discusiones que se dieron los años 2020, 2021 en Chile y en Argentina donde los negacionistas de las dictaduras se reorganizaron. Estas cosas no son casuales, cuando empiezan a pasar, suceden en varios países porque son promovidos por centros de pensamiento de la derecha y la ultraderecha”.
Analizando estos antecedentes se entendió pertinente “pensar colectivamente, como sociedad, sobre una Ley de negacionismo” a la vez que se entendió “que la mejor alternativa no era la más punitiva sino la que más se acerque a la promoción de un aprendizaje o una cuestión más reparatoria”.
Sobre la sanción
Los artículos 3 y 4 del proyecto de Ley expresan que “Toda persona que incurriere en la conducta descrita en el artículo 2° de la presente ley deberá corregir el sentido de sus afirmaciones, retractándose en el mismo espacio público en que hayan sido vertidas, reivindicando el valor de la información recabada científicamente y reparando el daño a la memoria histórica de las víctimas dichos crímenes. El artículo 4 agrega “La negativa a corregir sus afirmaciones será castigada con 7 (siete) a 30 (treinta) días de prestación de trabajo comunitario, abocado específicamente a tareas de señalización, reparación y mantenimiento en Sitios de Memoria Histórica”.
“Lo que usamos fue una alternativa que tenemos en el derecho uruguayo que es la Ley de faltas – explicó Melgar – buscamos que la persona acceda a la información porque consideramos que hay mucha gente que comete actos de negacionismo que no sabe que en Uruguay hubo terrorismo de Estado o que el Estado cometió accionares ilegítimos y que no es que son todos fascistas que promueven la cultura de la impunidad sino que no saben qué pasó, porque Uruguay ha tenido una muy mala promoción del acceso a la verdad y la memoria histórica, incluido los quince años de gobiernos del Frente, no avanzamos mucho”, lamentó.
“Si no se retracta apelamos a la posibilidad de ir a un juzgado de faltas y que se le disponga una pena de trabajo comunitario que se cumpla en un Sitio de la Memoria. Nosotros propusimos eso porque creemos que al menos esa persona va a tener un contacto vivencial con un espacio donde el terrorismo de Estado cometió un delito de lesa humanidad, donde hubo detenciones ilegítimas por muchísimos años o donde se cometieron asesinatos o desapariciones forzadas, también donde se realizó la resistencia del pueblo uruguayo”, explicó.
“Consideramos que esa experiencia, al menos, le va a dejar algo a la persona y será un proceso de aprendizaje más difícil de negar. Siempre apelando a que el negacionismo parte de la base del no tener información y no tanto por una intencionalidad al respecto. De todas formas sabemos que el negacionismo en muchos casos es voluntario y que tiene el objetivo de, como decíamos, promover la impunidad, ese es otro problema que también queremos poner sobre la mesa, nos está pasando esto, el Uruguay tiene este problema y hay que hablar sobre el tema desde la izquierda”, afirmó.
Verdad y libertad de expresión
“El proyecto, antes de que fuera tratado, tuvo muchas críticas desde la derecha pero también desde compañeros de la izquierda, primero porque se ha trabajado mucho la idea de que la libertad de expresión es una cuestión muy sagrada e inamovible, aunque este proyecto no plantee nada sobre la libertad de expresión ni atente contra ella. Porque uno puede decir me fascina, me encanta, soy fanático del terrorismo de Estado, lo único que dice este proyecto es que uno no puede negar su existencia, no que haga alguna valoración. Es una discusión que me parece que es bueno se de y que hablemos de este tema, pero también sé que va a ser difícil darla, porque siempre hablar sobre esto es meterse con la impunidad que parte de la base de que no se hable de nada”, expresó.
Ya cerrando la entrevista, Melgar recordó el momento en que entendió que algo había que hacer. Ocurrió en la sesión parlamentaria en homenaje a las “Muchachas de Abril” cuando el diputado Carlos Herrera, de Cabildo Abierto, dijo que esa masacre ocurrió porque las fuerzas conjuntas estaban defendiendo el Estado de Derecho en 1974.
“No solo justificó el terrorismo de Estado, lo estaba reivindicando directamente, no solo negando la existencia del Terrorismo de Estado, sino avalando su accionar al decir que se estaban promoviendo las leyes y la Constitución. A favor de lo que planteaba la dictadura: que estaban defendiendo los intereses de la patria”, recordó.
En ese momento la diputada recuerda que pensó “yo no puedo creer que esto esté pasando en el Parlamento. ¿Qué puedo hacer? Esto se tienen que discutir, una persona no puede estar sentada en el marco de la Constitución en un homenaje, en un año donde el Estado uruguayo había sido sancionado a nivel internacional por lo que había sucedido por el asesinato de las “Muchachas de abril” y decidí pensar herramientas para que esto no nos pase”.
En el cierre de la fundamentación de motivos del proyecto de Ley queda claro el objetivo y los derechos que el Estado está obligado a cumplir. “Lo que hacen, en rigor, es instalar una duda que contiene en sí el planteo negacionista. Es una duda directamente planteada para negar o aminorar los acontecimientos. Es una duda, en definitiva, que se instala para destruir la memoria y aspectos sustanciales de la comunidad democrática que se ha construido (…) no solo constituye una forma de negacionismo velada en el marco de la duda, sino que es la piedra sobre la que se construye posteriormente una historia alternativa. Y en la construcción de esa historia alternativa, son los familiares que han sufrido pérdidas los que son responsabilizados de mentir y engañar. Nuevamente vemos cómo el negacionismo invierte los roles y transforma a las víctimas en responsables de un engaño”.
Y agrega “la protección de las víctimas, pilar fundamental para procurar que el Estado uruguayo nunca vuelva a cometer las atrocidades referidas, requiere medidas concretas que impidan la reproducción de estos discursos negacionistas, siendo esto último el objetivo fundamental del presente proyecto”.
Foto
Marcha del Silencio. Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS.
