El fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 3º turno, Gilberto Rodríguez, realizó este miércoles una audiencia informativa en el caso sobre el desvío de más de un millón de dólares del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (FOSVOC).
En la audiencia, de la que participaron unas diez personas y sus representantes legales, no se tomaron declaraciones, la instancia consistió en una exposición informativa del equipo fiscal.
Según lo expresado por el propio fiscal Rodríguez y el represente legal del FOSVOC, Óscar López Goldaracena al finalizar la audiencia, durante la misma la Fiscalía informó detalles de la indagatoria, que está en la fase de investigación administrativa preliminar a su cargo.
Rodríguez indicó que para las personas investigadas en torno a la maniobra en el FOSVOC no se descartan nuevas formalizaciones, luego de la feria judicial menor, que comienza el 1° de julio y finaliza el 15, y que, con posterioridad a esa fecha serían llamadas a declarar.
En el marco de la investigación de la maniobra contra el FOSVOC, en la que ya fueron condenadas, en un Juicio Abreviado, tres personas, se incautaron varios bienes como autos, una casa y campos. El fiscal Rodríguez dijo a Subrayado que se trabaja en determinar el destino del dinero robado: «Si hay dinero que se pueda recuperar, yo lo estoy evaluando con la SENACLAFT (Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo) sobre la posibilidad de que, si ese dinero obtenido ilícitamente tiene un origen, le diría que es muy probable que ese dinero pueda volver al origen de donde salió».
Alberti reiteró disposición a colaborar con la investigación
Laura Alberti, secretaria de finanzas del SUNCA y del PCU, fue una de las convocadas a la audiencia informativa por Fiscalía. Alberti fue mencionada por los tres condenados, no como participante en la maniobra misma contra el FOSVOC, sino como destinataria de entregas que ellos, sin ninguna prueba documental, afirman haber hecho.
Al concluir la audiencia, Miguel Mederos, abogado defensor de Alberti, hizo declaraciones a la prensa. Mederos destacó que se trató «de una audiencia informativa, en la que se nos comunicó que las personas presentes están siendo investigadas».
«Estamos en una etapa de investigación donde la Fiscalía está reuniendo evidencias como para poder avanzar o no en la formalización de cada una de las personas», amplió. Indicó que todavía no ha accedido a la carpeta fiscal para poder definir una estrategia de defensa. Mederos se excusó de no poder ampliar sus declaraciones, «porque hay una reserva sobre la investigación», «pero -añadió- creemos que no hay una participación, no hay una vinculación con los hechos que se ventilan acá».
«Mi defendida va a colaborar con la investigación, como lo hizo desde la primera instancia, fue a la sede policial y colaboró voluntariamente, lo va a hacer aquí también en Fiscalía y lo hará siempre para demostrar que no participó de estos hechos», dijo Mederos.
Andrade y Diverio no están imputados
Consultado por la prensa, el fiscal Rodríguez, reiteró sobre el diputado Daniel Diverio y el senador Óscar Andrade lo expresado en una repuesta a una carta enviada por los defensores de los legisladores, que ya publicó EL POPULAR la semana pasada: «no tienen la calidad jurídica de imputados». Los tres condenados por graves delitos mencionaron, sin pruebas, a los dos legisladores, en sus declaraciones.
Por su parte, el abogado del FOSVOC, Óscar López Goldaracena, en diálogo con Subrayado, destacó los avances en la investigación. «Se va avanzando, se va trabajando con mucha seriedad, con el fin de llegar a las últimas consecuencias en esta causa. Determinar qué es lo que pasó con el dinero y que todos aquellos que sean responsables paguen ante la Justicia», indicó.
A fines de enero, a propuesta del SUNCA, y con el acuerdo de los empresarios, el FOSVOC presentó una denuncia penal al detectarse una maniobra, luego se hizo una ampliación de denuncia y en base a estas ya fueron condenadas el 12 de junio tres personas, en un juicio abreviado, por los delitos de apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir y asistencia al lavado de activos.
El 17 de junio el PCU se pronunció mediante una declaración que El Popular publicó íntegramente:
