El Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas informó sus conclusiones sobre la situación en Ecuador y otros países.
El documento examina el cumplimiento de dichos Estados con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y en el mismo se exponen “sus principales preocupaciones, recomendaciones y algunos avances, poniendo el foco en la implementación de medidas para prevenir y sancionar este grave delito”.
Para el caso de Ecuador y según lo informado en el portal web del organismo internacional, “el Comité expresó su profunda alarma por denuncias de al menos 51 desapariciones forzadas, incluidas víctimas menores de edad, presuntamente cometidas por fuerzas de seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas, durante operativos realizados entre 2024 y 2025”.
Los hechos, señala el informe, “habrían afectado principalmente a ciudadanos afroecuatorianos en las provincias de Esmeraldas, Guayas y Los Ríos”.
Junto a ello el organismo “manifestó preocupación por la creciente militarización de la seguridad pública y el uso reiterado de estados de excepción en el país, contextos en los que se habrían producido las desapariciones”.
En atención a ello, se instó a Ecuador a que ponga “fin a este enfoque”, fortalezca a las fuerzas civiles y limite “el uso de medidas extraordinarias, garantizando que la participación militar sea excepcional, temporal y bajo supervisión civil”.
De acuerdo al Comité, es necesario “que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas cooperen plenamente con las autoridades encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas y de la investigación de estos casos, incluyendo el acceso sin restricciones a documentos e información relevante, como registros de operaciones militares”.
