Durante el último año, denunciaron legisladores demócratas, más de 6.200 menores de edad han sido recluidos en centros de detención para migrantes en Estados Unidos.
Según informó TeleSur, congresistas estadounidenses “visitaron el centro de detención familiar en Dilley, Texas, donde permanecen retenidas casi 400 personas”.
Allí, señala el medio de prensa, conviven “49 familias, de las cuales algunas superan el año privadas de libertad.
De acuerdo a datos proporcionados por la organización FWD, la población en dicho centro “se compone principalmente de 77 menores de edad junto a 244 mujeres adultas”.
Tras intercambios mantenidos con los internos, “los legisladores reportaron graves violaciones a los derechos humanos”.
Durante los intercambios realizados, las familias denunciaron padecer «falta de atención médica, malos tratos y agresiones verbales racistas».
Tras la información recabada, señala el medio de prensa, fue presentada una denuncia formal contra la “empresa privada que administra el centro”.
Uno de los congresistas que participó de la visita, el representante Greg Casar, “desmintió la retórica oficial sobre la peligrosidad de los detenidos”.
“El Gobierno”, denunció Casar, “dice que arrestan a lo peor de lo peor, pero ninguna de las personas con las que conversamos tenía historial criminal”.
Estas detenciones, recuerda el medio, son el resultado de “una estrategia de búsqueda intensiva dentro del territorio estadounidense, mediante megaoperativos similares al ejecutado recientemente en Minneapolis”.
De acuerdo a la información recabada por el Deportation Data Project, debido a dicha política, “las capturas en calles, cortes y oficinas migratorias se multiplicaron por 11 en comparación con el último semestre de la gestión anterior”.
Datos filtrados a la cadena CBS News revela que las detenciones alcanzaron niveles históricos, al punto que en enero de este año, Estados Unidos mantuvo bajo custodia a más de 73.000 migrantes, considerada la cifra más alta registrada desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001.
Al concluir su visita, los legisladores cierre de estas instalaciones a las que calificaron “como una prisión traumática para la infancia”.
