El aumento del bloqueo estadounidense ha hecho que la tasa de mortalidad infantil en Cuba, un histórico logro del socialismo cubano, retroceda a cifras de hace 30 años.
Por Javier Gómez Sánchez (*)
Todos los problemas en Cuba no son producto del bloqueo estadounidense, pero incluso para los más críticos desde dentro este ha superado con creces cualquier otro aspecto que pueda pesar sobre la vida de los cubanos.
Es importante contar con lo que se llama datos duros para mantener la claridad en medio de la gigantesca campaña de desinformación sobre Cuba, dedicada a decir “no hay bloqueo, hay dictadura”; a desmoralizar las acciones de solidaridad internacional creando fake news sobre la venta de donaciones; que alega que la situación actual de la isla se debe a que es consecuencia de “un modelo fallido que no ha funcionado en ninguna parte”, que “no hay medicinas porque el gobierno usa el dinero para construir hoteles”, y la más reciente, que “Cuba escogió ser enemiga de los Estados Unidos pero quiere hacer comercio con este”.
A esto se une el reciente desparpajo del Secretario de Estado, diciendo en el Vaticano que ofreció al gobierno cubano una ayuda humanitaria por valor de 100 millones de dólares, cuando el daño provocado por la guerra económica, y específicamente por el bloqueo petrolero total a la isla iniciado en enero de este año, supera las decenas de miles de millones. Solo el programa de venta de alimentos del Estado cubano, conocido popularmente como “La libreta”, una ayuda para millones de cubanos que recibían mensualmente una cantidad de alimentos básicos aproximadamente al 12 por ciento de su precio, superaba los 1.000 millones de dólares anuales. Actualmente el programa está paralizado y la población sin otra opción que comprar todo a precios de libre mercado en los supermercados privados, provocando empobrecimiento, caída en los índices de alimentación y el aumento de enfermedades agravadas por la mala nutrición.
Otro tanto ha ocurrido con el programa de medicamentos para enfermedades crónicas, distribuido mensualmente a unos cinco millones de cubanos en todo el país a través de unas 2.200 farmacias, un sistema popularmente conocido como “El tarjetón”, por el que cada persona diagnosticada recibía de por vida medicamentos de alto valor a precios ínfimos. Actualmente la capacidad de ese programa estatal ha caído a niveles críticos y los enfermos —los que pueden— deben comprar sus medicamentos a precios exorbitantes en el mercado informal. Esto hace que muchos hayan tenido que saltarse tratamientos permanentes que antes recibían de manera puntual.
Solo dos acciones directas de Estados Unidos , de muchas contra la economía cubana —para luego decir que “no produce nada que alguien quiera comprar”—, pueden servir de ejemplo: La presión sobre los países receptores de la exportación de servicios médicos cubanos, una de las principales fuentes de ingresos del país y especialmente de su sistema de salud, que ha hecho que recientemente Jamaica, Honduras, Guatemala y Guyana hayan puesto fin a convenios de servicios médicos que llevaban décadas en funcionamiento, afectando tanto a la economía cubana como a la atención de salud a la población de esos países, además de los ingresos de más de 1000 médicos cubanos, cuya economía familiar dependía de esos empleos.
Se trata de una intensificación de la presión internacional estadounidense con este objetivo en el último periodo, que ya antes, según la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba —usada como fuente por entidades académicas estadounidenses—, los ingresos por exportaciones de servicios médicos cayeron un 23 por ciento, de 6.400 millones de dólares en 2018 a alrededor de 4.900 millones de dólares en 2022.
La segunda, el ataque en días recientes a la industria del níquel cubana —la isla, que supuestamente “no produce nada”, cuenta con la 5ta reserva mundial en producción de ese mineral—, cuya exportación anual está valorada en cerca de 900 millones de dólares, haciendo cerrar sus operaciones a la empresa canadiense Sherritt por temor a las amenazas, principal socia desde hace 30 años de la industria minera estatal cubana, que además tiene inversiones en la isla en infraestructura de extracción de petróleo, gas y generación de energía.
Si fuera poco, el bloqueo petrolero estadounidense ha provocado un desplome del transporte aéreo hacia la isla, por falta de combustible de aviación en los aeropuertos cubanos, disminuyendo aún más la industria turística. Durante el pasado mes de abril, de los dos mayores mercados emisores de turistas, Canadá y Rusia, solo llegaron 511 canadienses y 249 rusos, dentro de unos 35 500 viajeros de diversos países. Antes de la pandemia y del aumento del bloqueo, Cuba llegó a recibir más de 550 000 turistas por mes. Después de eso, Washington no solo volvió a prohibir a sus ciudadanos viajar a la isla, —ya entonces limitados solo a visitas “culturales” en grupo, y actualmente a viajes de status especial—, sino que castigó a los europeos que hagan turismo en Cuba con retirarles el status que les permite entrar sin visa a los Estados Unidos. Esto ha dejado a 300 mil trabajadores de las empresas estatales de turismo sin trabajo ni ingresos, además de hundir al sector privado dedicado a la hostelería y la gastronomía, transportistas turísticos y artesanos.
Pero el efecto de esta guerra económica sobre la población arroja otros datos, más “duros”, haciéndole perder a Cuba sus antiguos logros sociales.
Recientemente, la directora del Instituto de Oncología y Radiobiología de La Habana —un hospital de la capital que los cubanos conocen como “el Oncológico”— informó que la supervivencia de niños con cáncer había bajado del 75 % al 65 %. O sea, una caída del 10 % en los últimos años.
Cada año el sistema de salud cubano diagnostica unos 400 casos de niños con distintos tipos de cáncer, lo que mantiene permanentemente una población de cerca de 1.400 infantes recibiendo tratamiento. Una disminución del 10 % de la supervivencia significa que más de un centenar de niños hubiesen podido superar la enfermedad o haber vivido más tiempo.
El Center for Economic and Policy Research (CEPR), un think tank con sede en Washington —que no puede tildarse de aliado del gobierno cubano—, acaba de publicar un informe titulado Las sanciones de EE. UU y el drástico aumento de la mortalidad infantil en Cuba, realizado por un equipo de investigadores que vienen elaborándolo desde 2024, a partir de múltiples fuentes, incluyendo una visita en el terreno a la isla en ese año.
El documento muestra el vínculo directo entre las acciones económicas de Estados Unidos como parte de su estrategia de guerra híbrida contra Cuba y el deterioro de los indicadores de salud en la población infantil cubana: “Desde 2018, la Tasa de Mortalidad Infantil de Cuba ha aumentado de una tasa anual de 4,0 por cada 1000 nacidos vivos a una tasa de 9,9 en 2025, lo que representa un incremento del 148 %. Si la tasa de mortalidad infantil se hubiera mantenido sin cambios, habrían fallecido aproximadamente 1800 bebés menos desde 2018”.
Esto ha hecho retroceder a Cuba a sus cifras de mortalidad infantil de 1992.
Por cierto, según la CEPAL, las cifras más bajas, de 4,8 y 4,9, se mantuvieron consecutivas durante 7 años, de 2010 a 2016. ¿Quién gobernaba en ese momento en Cuba? Pues el mismo gobierno del Partido Comunista de Cuba, formado más o menos por los mismos individuos, a los que Donald Trump y Marco Rubio se refieren como “ineptos”. ¿Cómo es posible entonces que haya un cambio tan drástico? ¿El mismo gobierno que tiene como política nacional invertir el 24 % de su presupuesto en salud pública ha cambiado? No. Lo que ha cambiado es la capacidad que la asfixia económica le ha ido dejando a ese gobierno.
La televisora estadounidense NBC reportó en marzo, según cita el informe, que 300 ambulancias en Cuba permanecen inactivas por falta de combustible o repuestos, lo que deja solo 25 ambulancias eléctricas para todo el país. Ya en 2019, cuando el gobierno de Trump en su primer período inició una escalada de multas a buques petroleros que llevaran combustible a la isla, las gasolineras llegaron a abastecer solo a las ambulancias; esta vez el bloqueo total impide incluso eso.
Los investigadores del think tank visitaron el mencionado Instituto Nacional de Oncología y constataron que el personal médico tenía grandes dificultades para obtener reactivos básicos de laboratorio y no podía acceder a repuestos para los equipos de radioterapia; como resultado, no podían tratar a muchos pacientes con cáncer de manera oportuna.
Hasta 2019, el Estado cubano había trabajado por aumentar los salarios del personal médico y de la población trabajadora en general, luego de una larga reforma monetaria y salarial que duró años, logrando niveles modestos pero relativamente satisfactorios y esperanzadores, los cuales fueron pulverizados tras la crisis turística debida a la pandemia, que la política estadounidense aprovechó y se encargó de agravar. Esto disparó la migración al extranjero o que muchos profesionales dejaran de trabajar para el sistema de salud. El Instituto llegó a tener 60 médicos especializados en el tratamiento del cáncer y ahora solo cuenta con 16. Anteriormente tenía 16 anestesiólogos y ahora solo tiene 5.
La conclusión del estudio fue señalar al responsabilidad tanto de los republicanos como de los demócratas: “El endurecimiento sin precedentes de las sanciones estadounidenses contra Cuba durante la primera administración Trump, la decisión de la administración Biden de mantener en gran medida estas políticas y la posterior ampliación de las sanciones durante la segunda administración Trump, incluido un devastador bloqueo de combustible, es muy probablemente la causa principal de la actual crisis económica y humanitaria en Cuba, que es ampliamente considerada como la peor en la historia contemporánea de la isla”.
Bajo el peso de esta realidad, la política del Partido Demócrata Pramila Jayapal, primera mujer hindú-estadounidense en formar parte de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos —por el 7mo distrito del estado de Washington, que cubre la ciudad de Seattle—, realizó una visita de cinco días a Cuba en mayo de 2026. A su regreso dijo al medio de prensa Político que había conocido que antes del agravamiento del bloqueo el 70 % de los diagnósticos de cáncer se hacían cuando la enfermedad aún estaba en fase 1; ahora, tras el empeoramiento de las posibilidades de diagnóstico por la escasez de reactivos y dificultades para reparar el equipamiento o reemplazarlo, ese 70 % se viene a detectar en la fase 3. Tras el viaje recibió insultos, acusaciones de traición y de conspirar contra Estados Unidos de parte de otros políticos y una vocera de la Casa Blanca.
Visitó la isla acompañada del legislador afroamericano Jonathan Jackson, representante por Illinois —hijo del recientemente fallecido reverendo y político Jesse Jackson—, quien a su regreso intervino en una sesión del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes con el sugerente título América Latina luego de la caída de Maduro, informó: “Me reuní con disidentes. Me reuní con personas que han sido liberadas de la cárcel. Me reuní con el Presidente. Fui a los hospitales. Fui a los centros de maternidad”. A lo que el Subsecretario de Estado, Michael Kozak, respondió interrumpiéndolo: “Gracias por reunirse con los disidentes y con los demás en Cuba. Eso es muy importante”. Ese es el orden de jerarquía y prioridad en la mente del Departamento del Estado.
Pero la absurda interrupción del diplomático a Jackson para resaltar a la disidencia que han financiado durante años con fondos federales millonarios sacados de los contribuyentes estadounidenses –según el Cuban Money Project unos 218 millones declarados desde 2001 solo por el Departamento de Estado y la USAID, sin contar otros actores ni cifras secretas- que pudieron haber ido a programas sociales en su propio país, fue superada por la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, representante por la Florida y presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental, quien se autodeclaró en sus palabras como “representante de la comunidad cubanoamericana de Miami”, aunque su postura agresiva no sea apoyada por una parte de esa población.
Para tener una perspectiva de las ideas de la congresista, quien cuenta con una larga experiencia como una de las periodistas y presentadoras de televisión miamense más fanáticas respecto a Cuba, basta citar sus palabras dos meses antes en una entrevista: “Negociar con el hambre de una madre es muy difícil. Saber que tú comiste esa noche un bistec en Miami y que tus hijos [en Cuba] no están comiendo (…) Pero esto es como un parto, es como dar a luz, el niño está saliendo por el canal. Entonces cuando el niño salga, la felicidad va a venir para el pueblo completo. En eso estamos”.
Con esa misma lógica, Salazar interrumpió a Jackson, quien puso como ejemplo de los efectos del bloqueo en la alimentación y la salud de los cubanos haber conocido en una sala de cuidados intensivos a un bebé que nació con solo 1000 g de peso, cuya incubadora —ante los cortes de energía—, el hospital mantenía funcionando junto a otras con una planta eléctrica con escaso combustible (para lo que debía apagar el aire acondicionado de la sala), y cuya respiración artificial debía darse bombeando manualmente por las enfermeras durante los minutos en los que el equipo demoraba en arrancar.
La congresista floridana, con momentos de exaltación que hicieron levantar la vista pasmados a algunos miembros del personal legislativo, le respondió que ese pobre niño nació así porque había “caído en manos del régimen”, para, poseída por sus propias palabras, soltar una de las afirmaciones más estrambóticas que se hayan pronunciado en la Sala del Congreso: “¡Los cubanos han caído en las manos de la revolución más malvada desde la llegada de Cristóbal Colón al Hemisferio Occidental!”.
Definitivamente, la aliada de Marco Rubio desde la época de ambos en la política local de la Florida y defensora de una intervención militar estadounidense en suelo cubano, en su paroxismo demostró la importancia de los datos duros al saltarse cinco siglos de Historia. Esa es la narrativa, la mentalidad, y sobre todo, el sentido “humanitario” que guía la política de Estados Unidos hacia Cuba.
(*) Periodista cubano.
