Crece el apoyo a la huelga indefinida y a los bloqueos de rutas contra las medidas “antipopulares”, el gobierno incrementa la represión y amenaza con Estado de Sitio.
Bolivia vive horas de mucha tensión social y política. Las políticas neoliberales del gobierno de derecha encabezado por Rodrigo Paz Pereira, eliminación de programas y subsidios sociales, revisión de la ley de trabajo, entrega del litio y del gas a las trasnacionales, aumentos de los precios, en especial de la gasolina y distribución de gasolina adulterada, con la última iniciativa que fue la ley 1720 que avanza en la mercantilización y entrega de la tierra a grupos oligárquicos y trasnacionales, generaron respuestas de movilización y lucha popular.
Se realizaron paros de magisterio y transportistas, la Central Obrera Boliviana (COB) presentó un pliego único con 100 demandas, que fueron rechazadas por el gobierno. Los movimientos indígenas y campesinos organizaron una marcha que llegó a La Paz el 1º de Mayo, reclamando respuestas y la renuncia del presidente. Se generalizaron los bloqueos de rutas y las distintas organizaciones populares convocaron a una huelga indefinida.
La respuesta del gobierno de derecha fue anunciar la abrogación “derogación” de la ley de tierras, lo que fue considerado como una trampa por las organizaciones populares, mientras profundizaba la represión e involucraba a las Fuerzas Armadas en operativos para levantar los bloqueos. La participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna exige según la Constitución boliviana que se decrete Estado de Excepción y que la Policía este desbordada, nada de esto ha sucedido.
Organizaciones populares han denunciado que Paz Pereira viola la Constitución y que Bolivia vive un Estado de Excepción de facto.
Ni con el despliegue militar, el uso de gas lacrimógeno y balas de goma, el gobierno ha logrado contener las protestas. Los militares enfrentan una fuerte resistencia popular, que mantiene los bloqueos, sobre todo en La Paz y en El Alto.
Las movilizaciones, por diferentes demandas y con diferentes protagonistas, carecen de una dirección única, pero las asambleas son diarias y allí se toman las decisiones, la COB, otros sectores y centrales sindicales, la CSUTCB, la Federación Tupaj Katari, los movimientos campesinos e indígenas han realizado pronunciamientos favorables a la unidad.
En medio de esta situación el ex presidente Evo Morales denunció en sus redes sociales y en una entrevista concedida al diario argentino Página 12 que estaría en marcha un operativo para detenerlo y secuestrarlo, con participación de la DEA y EEUU.
Morales recibió una oferta del gobierno para negociar el levantamiento de los bloqueos. Morales explicó que los bloqueos no los convocó ni decidió él, que son decisiones de la COB, el movimiento indígena y campesino.
Varios medios se hacen eco de versiones de una inminente declaración de Estado de Sitio, lo que llevaría la represión a una nueva escalada. La Constitución boliviana prevé que en caso de renuncia del presidente asume el vicepresidente, quien debe convocar a elecciones en 90 días.
La situación tiene un componente internacional, el gobierno ultraderechista de Javier Milei, envió aviones con ayuda alimentaria al gobierno de Paz Pereira, arguyendo que se trataba de un apoyo humanitario para enfrentar las consecuencias de los bloqueos.
Paralelamente, hubo un pronunciamiento de varios gobiernos de la región apoyando a Paz Pereira e insólitamente denunciando un supuesto intento de golpe de Estado. Firmaron la insólita declaración ocho países: Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú. Quienes rechazaron “toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático” y a “alterar la institucionalidad”.
Cabe recordar que una de las primeras acciones de política internacional del presidente boliviano Paz Pereira, fue adherir al Escudo de las Américas, en la cumbre convocada por Donald Trump en su mansión cercana a Miami.
La posición del Partido Comunista
En una nota publicada en su página web con motivo del 1º de Mayo, cuando las movilizaciones ya estaban en pleno desarrollo, el Partido Comunista de Bolivia sostuvo: “Paz aseguró “se ordena la casa con nuevas leyes y decretos para agilizar el Estado, fortalecer la inversión y permitir que los bolivianos tengan mayores oportunidades de desarrollo”, debiendo renovarse la ley de hidrocarburos, la ley de minería y la ley general del trabajo, y atraer inversión, tecnología y generar seguridad a la inversión privada, ante la falta de un programa propio, impone las directrices generadas en USA.
Para implementar sus medidas Paz Pereira, “criminaliza la protesta”, penaliza los bloqueos y aprueba el “despojo de tierras bajo la liberalización de la pequeña propiedad agraria”. No adopta ninguna mejora laboral al punto de “no aceptar la presentación del pliego petitorio” conforme la L.G.T., bajo el argumento de que esa ley es vieja y que es necesario liberalizarla para garantizar la inversión privada, apunta a quitar derechos laborales fundamentales, eliminar el deber del Estado de protección al trabajador, desaparecer el contrato laboral y relación de trabajo (se quiere imponer contratos civiles), eliminando la estabilidad laboral, la irrenunciabilidad e imprescriptibilidad, limitar el pago de haberes y de sobre horas, coartar el derecho de asociación y fuero sindical. Pretende defenestrar el Ministerio de Trabajo y que no haya la vía conciliatoria, para pasar de procesos laborales a ordinarios (eliminando la inversión y carga de la prueba, etc.). Pretende volver al pongueaje y esclavitud, violando las normas constitucionales desarrolladas a través del tiempo. La actual C.P.E. regula en los Arts.13, 14, 15, 16 al 20, 21,33 al 55 que no son una concesión graciosa, porque actualizar los derechos y obligaciones en materia social son fruto de lucha y sacrificio”.
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Con información de Diario Red, Izquierda Diario, Diario El Nuevo Cambio, agencias y elaboración propia.
