Este domingo el Senado boliviano aprobó un proyecto de ley para eliminar la Ley de Estado de Excepción.
La normativa, consignó TeleSur, está vigente desde 2020 y en la misma se establecen las “condiciones, plazos y mecanismos de control para la aplicación de medidas extraordinarias por parte del gobierno ante situaciones de crisis”.
Tras su aprobación, “la iniciativa ahora debe ser debatida y aprobada por la Cámara de Diputados”, mientras el país vive “un escenario marcado por jornadas extensas de protestas que exigen la dimisión del presidente”.
Si el proyecto fuera aprobado, detalla la agencia de noticias, el gobierno de Rodrigo Paz, “quedaría con menos restricciones legales para implementar medidas excepcionales”.
“La derogación”, se agrega, “fue impulsada mientras sectores empresariales, dirigentes regionales y grupos cívicos presionan al gobierno para endurecer su respuesta” contra las manifestaciones de organizaciones sindicales y sociales.
De acuerdo al oficialismo, las protestas que ya llevan tres semanas, amenazan “el funcionamiento económico y la estabilidad institucional” y acusan al exmandatario Evo Morales de alentar las movilizaciones para alterar el orden democrático”.
La acusación contra Morales ha sido rechazada por el exmandatario quien “atribuye las protestas al malestar social acumulado”.
Si en la cámara de Diputados se consiguiese la alineación con la decisión del Senado, declaró la analista política Susan Bejarano, el presidente Rodrigo Paz “tendría la potestad de declarar por su cuenta un estado de excepción al carecer de mecanismos desde lo legal que regulen la acción”.
“Mi lectura es que la abrogación es una advertencia de que el gobierno hará lo que prometió que no haría, que es aplicar la fuerza del Estado para contener los bloqueos y las manifestaciones”, afirmó la analista.
Para las organizaciones sociales y sindicatos se trata de una medida que “podría agravar el conflicto y derivar en nuevos episodios de violencia”.
“La prioridad en este momento”, advirtieron estas organizaciones, “debe ser la protección de la vida, la integridad y la paz social de la población boliviana”.
Este lunes y a instancias de una convocatoria lanzada por la Federación Departamental de Comunidades Interculturales Originarias de La Paz, habrá “una movilización en defensa de sus derechos”.
En comunicado público, la Federación llamó a “la participación orgánica, masiva y disciplinada en la marcha pacífica hacia la ciudad de La Paz, como medida legítima de protesta social y defensa de los derechos del pueblo boliviano”.
