Por Fabricio Mato
El Ministerio de Industria, Energía y Minería envío una serie de cambios en el Proyecto de Rendición de Cuentas a la Ley de Medios aprobada al final del gobierno de Lacalle Pou. El objetivo de estos cambios sería limitar la concentración, conocer a los verdaderos dueños de los medios, impedir la extranjerización, la protección de mujeres, niños, niñas y adolescentes e impedir el lavado de activos.
Sin duda que la intención del gobierno del Frente Amplio hubiera sido realizar cambios mucho más profundos en la Ley 20.383 (identificada con el larguísimo nombre de Regulación de la actividad de los servicios de difusión de contenido audiovisual por radiodifusión o suscripción), pero la composición parlamentaria derivada de las elecciones de 2024, obliga a buscar los cambios que sean posibles en la actual circunstancia de falta de mayoría en la Cámara de Representantes y la Asamblea General.
La aprobación de esta norma, resuelta con carácter grave y urgente a mediados de 2024 por los parlamentarios de la Coalición de derecha para devolver favores a los grandes dueños de medios de comunicación, provocó que los parlamentarios del FA se retiraran de sala e incluso generó problemas en la interna de la coalición, ya que se violaron todo tipo de acuerdos parlamentarios e incluso la presidenta de la Asamblea General (para la época, Beatriz Argimón) no sabía que se iba a votar esa nueva Ley en la sesión que estaba presidiendo.
La Ley 19.307 (conocida como Ley de medios), derogada por esta nueva norma, había sido aprobada en diciembre de 2014 y habían participado de su elaboración las trabajadoras y trabajadores de la prensa, organizaciones de la sociedad civil y de protección de los derechos humanos, organismos internacionales como la Organizaciones de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por su sigla en inglés) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como los relatores de libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidad (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Quienes desde siempre habían estado en contra de esta Ley fueron los dueños de los grandes medios de comunicación y los partidos de derecha, que confiaban en que con los grandes montos que manejan y su influencia sobre estos les garantizaría ganar las elecciones infinitamente, ya que –hasta la Ley 19.307- no había regulación sobre los tiempos de publicidad electoral.
Más de 200 recursos de inconstitucionalidad fueron interpuestos en contra de la Ley por los potentados de los medios, que solamente obtuvieron ocho sentencias favorables por parte de la Suprema Corte de Justicia, cuyo presidente para la época dijo que la Ley “había pasado el examen de constitucionalidad”.
Pero el tema de fondo era la posibilidad para los dueños de los canales 4, 10 y 12 de Montevideo de brindar servicios de internet para competir con Antel e intentar arrasar con la empresa pública.
Desde el primer día del gobierno de Lacalle Pou, estuvo clara la posición del gobierno de orientación herrerista a favor de los grandes medios de comunicación audiovisual y en contra de ANTEL. No en vano, los dos primeros proyectos de ley que se enviaron al Parlamento fueron la “Ley de Urgente Consideración (LUC)” y la “Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual”, que terminó siendo aprobada con el pomposo nombre del principio y el número 20.383.
Como decía Gabriel Mazzarovich desde El Popular el 17 de mayo de 2024 (https://elpopular.uy/una-verguenza-que-busca-blindar-el-poder/): “Este es un proyecto de ley que beneficia solamente a un reducido grupo de empresarios. En el corto plazo busca beneficios de publicidad para la campaña electoral para la derecha, en el largo plazo busca blindar los privilegios en un factor clave de poder. Es una verdadera vergüenza que muestra hasta qué punto está comprometida la coalición de derecha con los privilegios de los poderosos”.
Los artículos que se modifican
Es importante destacar que –claramente- el objetivo de estos artículos no es refundacional, ni pretende retomar lo establecido en la Ley 19.307, sino hacer aplicable lo establecido en la Ley 20.383 (que derogó aquella).
Esta Ley tiene varias inconsistencias y desprolijidades que hacen difícil cumplir con los roles de la URSEC (encargada de regular, monitorear y fiscalizar a los servicios de comunicación audiovisual), así como del Poder Ejecutivo (Dinatel, MIEM, Presidencia), que es quien con carácter último autoriza licencias, transferencias, modificaciones, revocaciones, entre otros procedimientos.
Los artículos que se modifican –dieciseis en total- buscarían aplicar la Ley 20.383 sin cambiar la totalidad de la norma, pero evitando vulneraciones a los límites a la concentración, realización de negocios con las licencias sin la correspondiente autorización y ocultando a los verdaderos dueños, busca que no se extranjericen los medios nacionales y que no se utilice el sector de los medios de comunicación audiovisual para lavar activos, así como la protección de niños, niñas y adolescentes.
De acuerdo a la fundamentación del articulado que acompaña el Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas (https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/sites/ministerio-economia-finanzas/files/documentos/publicaciones/Fundamentaci%C3%B3n%20del%20Articulado.pdf), los artículos que se modifican buscan impedir que los titulares de licencias de servicios de contenido audiovisual sean latifundistas del espectro radioeléctrico, que es un patrimonio de todos, cuyo usufructo privado es autorizado por el Estado.
También se busca permitir que ANTEL compita en igualdad de condiciones en el sector de la comunicación audiovisual con quienes –por otra parte- compiten con ella en el sector de telecomunicaciones e internet.
Mientras tanto, se limita la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para autorizar operaciones como compraventa, cesión o arrendamiento del espectro de manera total o parcial
En los artículos planteados, se busca también evitar la extranjerización de los medios y se obliga a demostrar el origen legítimo de los fondos, para evitar que los medios sean un espacio propicio para el lavado de activos como sucede en varios países.
Del mismo modo, se impide que personas que han cometido delitos sean deudores del Estado se apropien de medios de comunicación audiovisual.
Particularmente, el artículo 182 busca corregir algo que fue denunciado por las y los trabajadores de los medios de comunicación, así como por las organizaciones de protección de la libertad de expresión y la bancada del Frente Amplio, que implica que cuando los licenciatarios tengan menos del 10% de la propiedad de una sociedad, no se los considerará titulares. De esta manera, once personas podrían ponerse de acuerdo y hacerse del total de los medios del país, sin que ninguna aparezca como titular de una licencia.
Por otra parte, se corrige la disparidad que había respecto de las radios con respecto a la TV abierta y cables respecto a la obligación de cumplir con los horarios de protección a niños, niñas y adolescentes, así como a impedir la difusión de mensajes de odio, las normas de tiempo destinado a la publicidad, la protección de la privacidad, entre otros.
Además de algunas modificaciones en los plazos para realizar los trámites y los lapsos de prescripción de sanciones y procedimientos.
Sin embargo, un artículo realmente importante para la vida de las mujeres es el artículo 190, que permite al Poder Ejecutivo prevenir la violencia contra las mujeres estableciendo “los mecanismos necesarios para que los servicios de comunicación audiovisual difundan, en forma gratuita, los medios de contacto con el servicio de orientación telefónica a mujeres en situación de violencia doméstica”, a través de la difusión del servicio de atención gratuita de Inmujeres.
En resumen, si bien las modificaciones a la Ley no permiten darle un vuelco radical a la misma (no están los votos para eso), se buscarán aprobar mecanismos que hagan que el sector de los medios de comunicación audiovisual sea más transparente, menos concentrado, menos extranjerizado y protegiendo a niños, niñas y adolescentes y a las mujeres.
No está mal.
