Un informe elaborado por Amnistía internacional (AI), sobre la situación de los privados de libertad en El Salvador, denunció que “las detenciones arbitrarias, la falta de un debido proceso, los tratos inhumanos al interior de las cárceles o las muertes en los centros penales son resultado del régimen de excepción” que se vive en el país centroamericano y “podrían constituir delitos de lesa humanidad”.
El informe titulado “Seguridad sin derechos”, fue presentado la pasada jornada y representa, de acuerdo a lo informado por CNN, las conclusiones de cuatro años de investigación (2022-2025).
Para su elaboración fueron entrevistadas 109 personas entre las que se incluyen víctimas, familiares, abogados, especialistas e incluso exmiembros de la Policía Nacional Civil, incluyendo además, la revisión de expedientes y fallos judiciales.
Los resultados de la investigación, asegura Amnistía Internacional, evidencia documentalmente la existencia de “470 muertes al interior de los centros penitenciarios (…) durante el régimen de excepción”.
El informe, señala la agencia de noticias, “recoge una muestra de 82 casos en los que se refleja una repetición de los siguientes patrones: Detenciones arbitrarias, desaparición forzada, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes y el desmantelamiento del debido proceso”.
Según la organización, “la investigación arroja indicios de delitos de lesa humanidad porque han sido cometidos durante un periodo prolongado, han sido implementados de manera sistemática, dirigida a la población civil y han sido defendidos por actores del Estado”.
De acuerdo a AI, la afirmación respecto a posibles delitos de lesa humanidad, “es condicional”, pero no expresa «una duda acerca de los hechos, los hechos están documentados» y el condicional «expresa un respeto por los tribunales y las instancias que deben juzgarlos”.
“Amnistía Internacional”, expresó Ana Piquer, directora de la organización, “no puede dictar una sentencia, lo que hacemos es documentar, preservar la evidencia, analizar a la luz del derecho internacional y exigir que las instituciones competentes actúen”.
Hasta el momento de la presentación del informe, agrega CNN, el gobierno de Nayib Bukele no ha realizado ningún comentario.
Vigente desde marzo de 2022, el régimen de excepción “ha sido prorrogado por más de 50 ocasiones”.
Desde su declaración inicial, el régimen de excepción ha detenido a más de 92.000 personas y “se han decomisado 5.451 armas de fuego, 12.110 vehículos y 24.955 celulares”.
Según denunció la organización, “El Salvador tiene el 1,8 % de la población privada de libertad por lo que registra una de las tasas más altas de detenciones. El 3,3 % de los hombres está en prisión”.
“Ésta cifra récord”, subrayó Piquer, “no es un indicador de éxito, esta cifra es una expresión del problema. Detrás de estos números hay madres que recorrieron cárceles por semanas sin saber dónde estaban sus hijos, personas detenidas sin conocer las razones por las que las detuvieron”, quien recalcó que lo documentado no habla de “excesos individuales”.
Las violaciones constatadas, añadió, “fueron posibles porque de manera progresiva se cooptaron, debilitaron o eliminaron los mecanismos institucionales llamados a prevenirlas y corregirlas”.
Ante esta situación la organización internacional instó al Estado de El Salvador a que presente “un plan claro para poner fin al régimen de excepción; restablecer las garantías del debido proceso; investigar de manera independiente las denuncias de tortura, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia, así como garantizar información pública sobre las personas privadas de libertad”.
