Un día como hoy hace 33 años se produjo la invasión militar de Estados Unidos a Panamá.
A 33 años de aquella agresión, la frase “prohibido olvidar” se repite en todos los escenarios del país en demanda de “la búsqueda de la verdad sobre aquella fatídica jornada”.
Según consignó la agencia Prensa Latina (PL) un mensaje emitido desde el Ejecutivo panameño asegura “que las actividades en ocasión del Día de Duelo Nacional comenzarán con una visita al cementerio Jardín de Paz”, donde se le rendirá “a las víctimas de la agresión del 20 de diciembre de 1989”.
Como parte de los actos se realizará una invocación religiosa que estará a cargo del Arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa.
Los catos contarán con la participación de organizaciones sociales, entre las que se destacan la Asociación de Familiares Caídos, presidida por Trinidad Ayola, quien presentará una perspectiva de lo acontecido desde la organización que preside.
Se informó, además, que como parte de las actividades conmemorativas el presidente de la República, Laurentino Cortizo, se dirigirá a la nación.
En declaraciones a la prensa local, la abogada Gilma Camargo dijo “que debe abrirse una evaluación que incluya la compensación a las víctimas, luego de años de secuelas por la inacción y obstrucción por parte de Estados Unidos”.
De acuerdo a la agencia de noticias, diferentes historiadores consideran que la denominada operación “Causa Justa”, cuya fundamentación fuera poner fin al gobierno del ex general Manuel Antonio Noriega y propiciar su captura para una supuesta reposición de la democracia lo que trajo en realidad fue “la muerte al barrio mártir de El Chorrillo”.
La invasión estadounidense, recuerda PL, no solo produjo pérdida de vidas humanas, sino que trajo consigo la “destrucción de gran parte de la infraestructura de Panamá”, provocando que miles de personas quedaran sin hogar y se vieran “obligadas a desplazarse de sus domicilios, refugiándose en otros territorios”.
Más allá de los destrozos en la capital panameña, aquella acción militar produjo un número importante de víctimas en la provincia de Colón y en Río Hato, zonas que fueron “bombardeadas e incendiadas indiscriminadamente”.
Lejos del relato estadounidense sobre la dimensión militar de la operación, esta quedó puesta en entredicho, añade la agencia noticiosa, cuando se constataron los numerosos daños producidos a la población civil, lo que devela que los invasores no hicieron ningún esfuerzo por limitar su accionar a blancos militares.
Aquella vergonzosa invasión, han denunciado diversos activistas sociales panameños, no tuvo “la necesaria condena internacional, pese a que un informe en 2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos juzgó a Washington por las violaciones perpetradas e instó a su gobierno a indemnizar a las víctimas”.
