Maximiliano Fregosi*
Este 27 de Junio se conmemoró 52 años del golpe de Estado, en el marco de los 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país. El quiebre institucional de 1973 clausuró el sistema democrático y profundizó un proceso de deterioro político, social y económico que venía desarrollándose desde años anteriores, especialmente desde fines de la década del sesenta. La economía presentaba signos de agotamiento, precisamente un estancamiento en el crecimiento, con una tasa promedio anual entre los años 55 y el 73 del 0,81% aproximadamente, donde 18 años de estancamiento de crecimiento necesariamente instaló un escenario de puja redistributiva entre los actores sociales.
Sabiendo esto, es necesario, volver a pensar el golpe en clave económica, porque detrás de los procesos políticos inexorablemente hay procesos económicos y la dictadura cívico militar no fue la excepción. El golpe trajo consigo un modelo económico, un modelo que necesito intrínsecamente mecanismos que puedan viabilizar su aplicación. Fue necesaria la eliminación de los principales actores de la vida política y social, entre ellos los sindicatos, los partidos políticos y el Parlamento.
El modelo económico que se consolidó durante la dictadura se apoyó en cambios iniciados durante los gobiernos de Pacheco Areco y Bordaberry: alta inflación, devaluación, aumento del desempleo, reducción del salario real, creación del IVA y endeudamiento externo. Durante los primeros años del régimen, se registró crecimiento económico, acompañado por una caída sostenida del salario real. La liberalización del mercado cambiario y la movilidad de capitales facilitaron el acceso a créditos a tasas bajas, en un contexto que favoreció al capital financiero y recibió el respaldo de parte del empresariado.

El PBI, sin embargo, tuvo un incremento del 4,49% en los primeros 8 años del régimen, en promedio. Con un crecimiento inicial, y con la caída que aconteció en el salario real, el modelo representó una transferencia significativa de los salarios al capital. En esta primera etapa, el sector industrial se vio beneficiado por la reducción de costos laborales con tasas del 6,1 hasta el 7,1%, pero con el desarrollo del modelo económico priorizó la rentabilidad financiera y la especulación sobre la inversión productiva, lo que acabó afectando la actividad industrial. Esto fue consolidándose y decantó en un abandono del sector productivo y del trabajo por parte de la política económica, a cambio de fomentar una intervención del Estado en favor de los sectores más concentrados del capital bajo un modelo que comenzó a mostrar su agotamiento con la llegada de “la tablita cambiaria” en noviembre del 78 como punto de inflexión.
La tablita fue un régimen cambiario que consistió en devaluaciones programadas con el objetivo de estabilizar la inflación y el tipo de cambio. Sin embargo, el tipo de cambio no terminó evolucionando con la misma velocidad que la inflación y se produjo un atraso cambiario que provocó una pérdida de competitividad en las empresas sumado con la política desarancelaria, que profundizó los problemas del sector productivo llegando a reducirse en un 19,26% la participación de la industria manufacturera en el PBI.
El esquema de endeudamiento como forma de sostener el atraso cambiario finalmente se hizo inviable dada la suba de las tasas de interés internacional. Para sostener el tipo de cambio fijo, se recurrió a las reservas internacionales del país, que se agotaron hacia 1982. Ese año se abandonó el régimen de la tablita, lo que trajo consigo un nuevo ciclo de inflación y una crisis financiera en paralelo causando que las empresas empezaran tener problemas de pagos en los créditos, esa situación se tornó en un ahogo de la deuda a la industria y por tanto, el Estado optó por la compra de carteras millonarias a la banca privada por parte del BCU. La crisis terminó profundizando el endeudamiento externo y debilitando aún más al aparato productivo.
Al final del régimen, el país enfrentaba un déficit fiscal cercano al 8,9% del PBI (Notaro, 2001), alta inflación y un sector industrial deteriorado. Atributos que dejaron en evidencia el fracaso del modelo, un modelo que se llevó al barrer la estructura productiva y el nivel de vida del país, ya que fue desmantelado totalmente el sector productivo para salvar hasta las últimas consecuencias al capital financiero logrando mantener así su posición dominante y su influencia sobre las políticas públicas.
El golpe implicó la ruptura de la institucionalidad democrática, la restricción de derechos y una reestructuración económica que transformó las relaciones sociales y productivas. La dictadura junto con las alianzas civiles, trajeron un modelo económico que necesitaba del terrorismo de Estado para desmantelar la base social y la resistencia popular, ante el brutal ajuste que por supuesto dio ganadores y perdedores claros. Hoy, con los avances de las ultraderechas, vuelven a aparecer vestigios de estas políticas al otro lado del charco, donde se destruye el sector productivo, los salarios, y se induce la recesión intentando mantener una economía en base a las finanzas especulativas, es importante tener presentes las lecciones del pasado reciente.
(*) Estudiante de Ciencias Económicas y militante UJC.























