En un intento de acallar las protestas populares contra el gobierno de Rodrigo Paz en Boliviar, Estados Unidos anunció el envío de asistencia alimentaria y apoyo logístico.
Como consecuencia de la restauración en el país de las políticas neoliberales, desde hace varias semanas el país es testigo de masivas manifestaciones que desde hace varias semanas rechazan el accionar del gobierno derechista de Paz.
Las manifestaciones, protagonizadas por mineros, campesinos, cocaleros y organizaciones indígenas, entre otros, ya generan, de acuerdo a varios medios de prensa, “desabastecimiento en algunas ciudades”.
La situación, consignó TeleSur llevó a que este fin de semana el Departamento de Estado reafirmara su apoyo a Paz.
“Nos solidarizamos con el pueblo de Bolivia y Rodrigo Paz”, se lee en el mensaje del Departamento de Estado, que no ofrece detalles de cuándo y cómo hará para enviar dicha ayuda “para aquellos que enfrentan escasez de comida y medicinas por los bloqueos”.
Por su parte, este fin de semana, la Central Obrera Boliviana y sus organizaciones afiliadas, acordaron “no asistir a ninguna mesa de diálogo con el Gobierno” hasta que no sean anulados “los mandamientos de aprehensión contra el dirigente Mario Argollo Mamani y otros líderes y se libere a los trabajadores detenidos en las protestas”.
La medida sindical, detalla TeleSur, “coincide con el reporte (…) de la Administradora Boliviana de Carreteras, que registra 59 cortes de ruta en seis de las nueve regiones del país, luego de que el sábado fracasara un segundo operativo policial y militar para despejar la vía troncal entre La Paz y Oruro”.
Las movilizaciones, que ya llevan varias semanas, “son impulsadas por centrales campesinas, la COB y seguidores del exmandatario Evo Morales, quienes exigen la renuncia del presidente Paz”.
La máxima dirección de los sindicatos bolivianos reiteró que ese organismo es “la única instancia legítima de comunicación y representación nacional e internacional” y que desconoce las “negociaciones paralelas” que se intentan imponer como forma de resolver el conflicto.
De acuerdo a la agencia de noticias, el Comité Ejecutivo Nacional emitió formalmente un instructivo en el que se califican “las medidas de presión y puntos de bloqueo instalados como legítimos, orgánicos y constitucionales”.
Según la COB, “el Gobierno de Rodrigo Paz pretende imponer la privatización en Bolivia”, lo que traería como consecuencia “incrementos en los precios de la electricidad, el agua potable, el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural vehicular (GNV)”.
Los trabajadores públicos, mineros y sectores populares afiliados a la COB que ya llevan más de tres semanas de movilización y bloqueos de carreteras, “exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien acusan de profundizar la crisis y permitir graves hechos de corrupción, considerando que no ha logrado resolver la crisis política y económica que atraviesa Bolivia”.
Como parte de su estrategia el gobierno de Paz, con el apoyo declarado de EE.UU., Israel y el eje de Gobiernos de derecha de la región, ha pretendido criminalizar la protesta popular, emitiendo órdenes de aprehensión contra varios líderes, entre ellos el ejecutivo nacional de la COB, Mario Argollo.
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