La presidenta de Perú Dina Boluarte fue denunciada constitucionalmente el lunes por la fiscal de Perú, Patricia Benavides.
La acusación presentada refiere a los delitos de homicidio calificado a raiz de las respuestas policiales y de las fuerzas de seguridad durante las protestas en su contra en 2022.
Junto a la mandataria y de acuerdo a lo informado en la cuenta del Ministerio Público, la fiscal Patricia Benavides en X (exTwitter), se identifica como responsable de los hechos a Alberto Otárola, César Cervantes Cárdenas, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, en su calidad de ministros de Estado.
“Los delitos que se les imputan son homicidio calificado, en agravio de Víctor Santisteban Yacsavilca, y otros; así como lesiones graves en agravio de Renato Murillo Reyes, y otros”, se lee en el post de la institución, que agregó que “el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip) ha formalizado investigación preparatoria a otros presuntos autores -no aforados- de los referidos hechos ilícitos”.
En respuesta a las acusaciones que ha recibido, la fiscal Patricia Benavides, sujeta a investigación por su presunta integración a una red criminal, dijo en un mensaje grabado que continuarían “con las investigaciones a todos los altos funcionarios que resulten responsables por las trágicas muertes que ocurrieron entre diciembre de 2022 y marzo de este año, así como todos los casos emblemáticos de lo que se hace cargo el Ministerio Público, porque es a ustedes, peruanos y peruanas, a quienes debemos nuestro trabajo y no a quienes intentan poner obstáculos para que se conozca la verdad».
Las imputaciones sobre Benavides fueron calificadas por Boluarte como “graves”, al tiempo que definió el accionar de la misma en su contra las acusaciones contra la fis como una “deleznable maniobra política”.
La situación en el país motivó que el movimiento Nuevo Perú convocara para la pasada jornada “a sus bases a nivel nacional a tomar las calles para protestar ante la evidencia de las prácticas mafiosas de la Fiscalía de la Nación y la coalición gobernante encabezada por Dina Boluarte”.
En su convocatoria el movimiento “reafirmó” la “necesidad” de que se avance hacia un “nuevo pacto social”.
