El proyecto impulsado por el partido Nacional para habilitar los allanamientos nocturnos y que recibiera las firmas necesarias para su presentación en un plebiscito ha recibido uevas críticas por parte de legisladores del Frente Amplio (FA).
La propuesta que fuera impulsada por el senador nacionalista Carlos Camy, fue califcada por el senador Mario Bergara como una “operación de marketing”.
Para el precandidato a la presidencia por la oposición, el proyecto no constituye una muestra de “una verdadera voluntad de resolver los temas”.
De acuerdo a la diaria, Bergara recordó que se trataba de “algo que ya se discutió en 2019” y especificó su apoyo los allanamientos siempre y cuando los mismos no tuvieran como objeto a los hogares.
Para ello, agregó, es necesario “avanzar en el terreno legal por la vía de delimitar la definición de hogar y habilitar entonces los allanamientos con orden judicial de lugares que no sean estrictamente hogares, sino sitios donde se comercializa o se almacena droga”.
Para alcanzar esto, detalló se precisa un “proceso de diálogo” que aún no se “ha iniciado”.
Por su parte, el senador Carlos Mahía declaró al mismo medio de prensa que se debe hacer es “mejorar la gestión” del ministerio del Interior y reiteró que la propuesta no considera “las garantías ciudadanas”, con lo cual se pierde “la perspectiva”.
Consultado por la diaria, el senador de la Vertiente Artiguista Eduardo Brenta consideró que se estaba ante “un elemento que mejore las condiciones de lucha contra el narcotráfico” y reiteró que la propuesta puede conducir a la generación de “situaciones de alto riesgo hasta para la propia Policía”.
“Está claro”, señaló Brenta, “que estas medidas puntuales no constituyen soluciones de fondo a problemas que son transversales a la sociedad, de una profundidad que el gobierno nunca entendió”.
Consultado por el medio de prensa, el diputado y secretario general del Partido Socialista Gonzalo Civila afirmó que se trataba de “un manotazo de ahogado, que apela a un atajo probadamente ineficaz”.
En su opinión, “las soluciones pasan por combatir frontalmente el lavado de activos e impulsar un plan integral de prevención del delito”, avanzando así en el fortalecimiento de “las comunidades y el espacio público”, con el objetivo de “reducir las desigualdades que son caldo de cultivo de la violencia, transformando la política carcelaria”.
A juicio de Civila, la intención de llevar el tema a una consulta popular “se parece bastante a una maniobra distractiva”que busca “desplazar a un segundo lugar la discusión sobre la seguridad social”, disimulándose así lo que calificó como “el rotundo fracaso del gobierno en materia de seguridad con humo, prometiendo otra falsa solución”.
