El astillero español Cardama dio inicio a un proceso de arbitraje contra la decisión del gobierno uruguayo por la recisión del contrato firmado con la misma para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV).
El escrito, según consignaron medios locales, que cuenta con el asesoramiento de un estudio jurídico uruguayo y otro español, fue presentado ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y ya está en conocimiento del Poder Ejecutivo.
Más allá de la “notoriedad” pública que tiene el hecho, desde el gobierno uruguayo se asegura “que la posición de Uruguay es sólida”, evaluándose que “el tribunal desestimará el reclamo por carecer de competencia”, debido a que el contrato que se había firmado “establece que las cuestiones por las que se rescindió el contrato se deben litigar en los tribunales uruguayos”, consignó el semanario Búsqueda que cita fuentes oficiales.
Según el medio de prensa, “Cardama inició ese nuevo camino en la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, amparándose en uno de los incisos del artículo 39, que trata sobre la solución de conflictos, del contrato firmado con Uruguay”, donde se afirma “que si la sociedad contratada para dirimir las dudas técnicas se rehúsa a servir de árbitro en alguna controversia técnica, el asunto será sometido a la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y se resolverá finalmente conforme a sus reglas por uno o más árbitros designados de conformidad con dichas reglas”.
El arbitraje en cuestión, agrea el medio de prensa, se desarrollará en París, Francia.
En este caso, el astillero está siendo “asesorado por el estudio local Hughes & Hughes, que patrocinó su demanda inicial en Uruguay, y por el español Ontier Abogados”.
De acuerdo a Cardama, la rescisión contractual del gobierno uruguayo “fue improcedente y contraria a derecho”, por lo que, considera, “el gobierno de Orsi incumplió sus obligaciones contractuales”, no siguiendo el principio de “buena fe”.
La noticia, abunda Búsqueda, fue recibida sin mayor sorpresa por el gobierno uruguayo que ya ha insistido “que la rescisión debe dirimirse en tribunales locales y no en una corte internacional”.
De acuerdo al gobierno, “la resolución por la que el contrato fue terminado no respondió a aspectos técnicos, sino contractuales y jurídicos”,
Bajo ese razonamiento, explicaron los informantes del medio, “el inciso del artículo 39 que menciona Cardama en su escrito no sería el que opere en la rescisión”.
El centro de la controversia, se recuerda, fue “la garantía de fiel cumplimiento emitida por EuroCommerce Bank, que el gobierno no pudo ejecutar porque se trataría de una compañía “de papel” y sin actividad real”, ello sin descontar que también fue cuestionada por el Ejecutivo, “la documentación en poder del Estado sobre el otro aval, el de reembolso, otorgado por Redbridge Insurance”.
Tras la resolución del Poder Ejecutivo, el astillero español no recurrió la misma “ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo que el acto quedó firme”, recordaron las fuentes a Búsqueda.
La decisión de Cardama ya era conocida por el gobierno uruguayo, desde el inicio de esta semana, “aunque la notificación se dio en la noche del lunes”, siendo “tomada con tranquilidad» en Presidencia.
La pasada tarde, el prosecretario Jorge Díaz, mantuvo una reunión remota con el estudio Uría Menéndez, que fuera contratado por el gobierno para hacer frente a la demanda de arbitraje.
