La intervención de los medios públicos, resuelta por el gobierno de Javier Milei, continúa siendo rechazada por varios sectores sociales.
Según consignó el diario Tiempo argentino, la medida ha sido rechazada por sectores y actores políticos entre los que se destacan, la CGT, “senadores, universidades nacionales e internacionales, académicos y artistas”, quienes han expresado su rechazo “a la privatización”, dispuesta por el decreto 117/24 considerado “como punta de lanza del avance” privatizador, luego “del fracaso de la Ley Ómnibus en el Congreso”.
“Existiendo un camino legal, claro, normal, para designar a sus representantes el Poder Ejecutivo ha decidido acudir a un mecanismo no previsto para este motivo, desplazando la administración y gobierno de la entidad, en forma ilegítima”, se lee en un escrito presentado por Javier Monte, quien era responsable del Directorio de Radio y Televisión Argentina (RTA) luego de las renuncias de la gestión anterior.
“De esta forma”, señala el medio de prensa, “el dirigente radical de Córdoba se sumó a la extensa lista de cuestionamientos a la intervención de Radio y Televisión Argentina, Télam, Contenidos Públicos y Educ.Ar”.
De acuerdo a Montes se han “encontrado con una innecesaria y no prevista legalmente intervención,que expresa vagamente como motivo la necesidad de transformar el régimen a Sociedad Anónima, que bien puede ser realizado con sus autoridades legítimas”.
El desplazamiento del funcionario fue anteriormente denunciado por Sipreba y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren).
Por su parte, la Asociación de Personal Jerarquizado (APJ) de Canal Siete y el Satsaid también expresaron cuestionamientos a la intervención y “expresaron su preocupación” por los efectos privatizadores de la misma, al tiempo que su postura de defensa de los medios públicos.
El avance privatizador ha sido enfrentado por Fatpren y Sipreba quienes ya “presentaron un amparo ante la Justicia por el apartado del decreto 70/2023 que afecta a la comunicación y la libertad de expresión”.
En el mismo los gremios señalan que lo dispuesto por el gobierno “viola la ley de Sociedades del Estado porque la posibilidad de convertir en SA a la agencia Télam, Radio Nacional o la TV Pública los ubica ante los antojos de los medios privados y desnaturaliza su función social que garantiza pluralidad de voces”.
“Es clara la intención del Poder Ejecutivo”, denuncian, “privatizar para hacer un negocio con ellos, tal vez un negocio inmobiliario, funcional a los sectores privados de la comunicación”.
A nivel internacional, reseña el diario argentino, la medida ha sido rechazada por “las Cátedras Unesco de Comunicación en Iberoamérica”, quienes en un comunicado, marcaron la “preocupación por la situación de la comunicación pública y los derechos humanos en Argentina ante recientes decisiones del gobierno nacional que involucran al sistema de medios públicos, las universidades públicas y el sistema científico tecnológico”.
En el documento, ambas organizaciones realizaron un llamado “a defender la libertad de expresión, la comunicación como derecho humano, el trabajo periodístico, la existencia y funcionamiento de medios públicos como garantes de la inclusión territorial y la diversidad cultural”.
Por su parte, la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de la Argentina (Redcom) y la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (Fadeccos) “presentaron ante los legisladores una carta en rechazo” a lo que califican como “atropello del Ejecutivo”.
Para el espacio que es integrado por más “de 50 Carreras de Comunicación y Periodismo públicas y privadas de todo el país”, la norma dispuesta por el ejecutivo argentino constituye “un grave retroceso para nuestra democracia, en general, y una mayor regresividad en materia de derecho a la comunicación y políticas audiovisuales, en particular”.
