La Asociación de Magistrados del Uruguay reiteró «que sin dejar de reconocer el derecho de todo ciudadano a interpretar subjetivamente cualquier contexto y a discrepar con las resoluciones cuyo dictado y revisión, la Constitución y la Ley ponen a cargo exclusivo del Poder Judicial, rechaza enfáticamente que las decisiones judiciales», en torno a las causas de Derechos Humanos ocurridas durante el período de la dictadura cívico-militar, «tengan motivo diverso al ejercicio regular de la función Jurisdiccional», dice el comunicado de la organización que nuclea a los jueces y a las juezas del Uruguay.
Más adelante aclara que «todas las instituciones gubernamentales y de otra índoles respetarán y acatarán la independencia de la Judicatura sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo».
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