Manini Ríos y la impunidad: el general sí tiene quien le escriba

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Por Gabriel Mazzarovich

El general retirado y senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, propuso “reinstalar la ley de caducidad”. Esta nueva provocación política de Guido Manini Ríos no va a quedar sin respuesta, esta afirmación obviamente no se refiere a estas líneas, quien sin dudas responderá a este intento desembozado de retroceso democrático será la mayoría del pueblo uruguayo. No tengo ninguna duda.

Estas líneas solo pretenden ser una primera reflexión, a manera de apuntes.

En las clases de periodismo para aprender a definir una noticia suelen usar un ejemplo muy gráfico: que un perro muerda a un hombre, no es noticia; si lo es que un hombre muerda a un perro. Lo que es esperable no es noticia, lo inesperado, lo no previsto si.

No es ninguna sorpresa que Manini Ríos defienda la impunidad. Pero, y polemizando con esa noción de noticia solamente basada en el carácter inesperado de los hechos, no es por ello menos grave y no debe quedar sin respuesta.

El líder de Cabildo Abierto dijo en declaraciones a Radio Montecarlo que el jueves se reunió con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou y le planteó la reinstalación de la Ley de Caducidad.

Los argumentos para tal iniciativa tampoco son novedosos. Manini Ríos dijo que “nunca he defendido ni dictadores ni torturadores ni nada por el estilo. No se trata de eso, acá se trata de defender el Estado de derecho, los que hoy están violando el Estado de derecho son ciertos magistrados que están actuando con prevaricación y que están utilizando el derecho en forma antojadiza”. Y agregó que “el cuerpo electoral dos veces y con 20 años de diferencia ratificó esa ley, y un buen día, riéndose del fallo del cuerpo electoral, por una mayoría muy exigua, creo que fueron uno o dos votos, se derogó la ley de caducidad”. Incluso, y en una maniobra claramente diversionista, dice que está de acuerdo con que se sigan buscando los restos de los desaparecidos, eso sí, sin consecuencias jurídicas de ningún tipo para quienes los desaparecieron, y, de paso, dejando impunes al resto de delitos de lesa humanidad, por ejemplo, los asesinatos políticos, las violaciones a presas y presos, la tortura.

En primer lugar, este planteo es la culminación de una campaña de ataques al Poder Judicial y a la Fiscalía, para intentar frenar, en ese plano, el avance de la verdad y la justicia.

Manini Ríos atacó a la Justicia como Comandante en Jefe del Ejército, e incluso la obstaculizó, por ello fue primero sancionado y luego destituido.

Como candidato también atacó a la justicia y como senador, él y su partido, lo han hecho repetidas veces. El propio Manini Ríos en la media hora previa del Senado y varios de los legisladores de Cabildo de Abierto. Además también atacaron al fiscal Jorge Díaz y pidieron al presidente Lacalle Pou su destitución.

En sus declaraciones de este viernes vuelve a hablar de “jueces prevaricadores”, en un ataque peligroso y condenable a un poder del Estado.

Dice defender el Estado de derecho y en realidad lo socava con cada declaración y con cada planteo político.

Es mentira que los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos por el Terrorismo de Estado violen ningún derecho. Los acusados son juzgados con todas las garantías que no tuvieron sus víctimas. Los juicios llevan años y la defensa de los acusados adoptaron como táctica la infinita interposición de recursos y chicanas jurídicas para alargarlos y evitar la condena. Es muy llamativo que en general no alegan inocencia, sostienen que los delitos prescribieron.

Manini Ríos dice que la Ley de Impunidad fue refrendada dos veces en referéndum. Es cierto. Pero esa afirmación oculta muchas cosas que la relativizan. Esa ley fue parcialmente derogada por la ley 18.831 del año 2011, que se votó para dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de DDHH, que obligaba al Estado uruguayo a hacerlo. En su sentencia del caso Gelman, la CIDDHH consideró, por unanimidad, que “el Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, al carecer de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos”. Este concepto, clave, está especialmente desarrollado en los párrafos 253 y 254 de la Sentencia.

Es decir, que si se reinstalara la Ley de Caducidad como pide Manini Ríos, Uruguay violaría una sentencia expresa de la Corte Interamericana, debería denunciar, y por lo tanto retirase, de la Convención Americana de DDHH y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de personas. También entraría en contradicción con los convenios de DDHH de la ONU. Con toda la legislación internacional y los convenios firmados por Uruguay.

Y aquí no vale el nacionalismo impostado y conservador, tan caro a Manini Ríos y sus cabildantes; así como las dictadura uruguaya no tuvo nada de nacionalista y formó parte de una estrategia del imperialismo yanqui, Plan Cóndor y ainda mais mediante; la impunidad también es un estrategia común de todos los represores y sus defensores en el continente.

Otra cosa que omite Manini Ríos es que la Suprema Corte de Justicia, por primera vez en el caso de Nibia Sabalsagaray en el año 2009, y luego en decenas de casos, declaró inconstitucional a la Ley de Caducidad.

Es decir, que Manini Ríos plantea restablecer una Ley declarada decenas de veces inconstitucional.
Cabe recordar en este punto un solo aspecto. La Ley de Caducidad obligaba al Poder Judicial a solicitar la autorización del Poder Ejecutivo para investigar o no un caso, ya que la citada ley establecía que es el Poder Ejecutivo el que decidía si el caso entraba o no en la Ley. Hay pocas cosas tan claramente inconstitucionales como someter al Poder Judicial a la discrecionalidad política del Poder Ejecutivo, violando escandalosamente su independencia.

Repasemos: restablecer la Ley de Impunidad haría que Uruguay violara una sentencia que lo obliga de la Corte Interamericana, colocando a nuestro país en una delicada situación internacional, como un paria, que desconoce toda la legislación internacional sobre DDHH; además, restablecería un instrumento legal declarado decenas de veces inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y violaría la independencia del Poder Judicial sometiéndolo al Poder Ejecutivo.

Es mentira que volver a reinstalar la Ley de Caducidad, bien bautizada popularmente como Ley de Impunidad, porque eso es, para eso fue creada y a eso condujo su aplicación: a la impunidad de los delitos más terribles de la historia nacional, a la impunidad de sus responsables, restablezca el Estado de derecho.

Lo que restableció el Estado de Derecho fue la derogación de la Ley de Caducidad, Manini Ríos quiere volver a debilitarlo y deformarlo.

Además de esta dimensión institucional hay consideraciones políticas sobre el planteo de Manini Ríos. No es verdad que él no haya defendido dictaduras ni la tortura, ni a torturadores. Para empezar, él ocultó revelaciones de José Nino Gavazzo y Jorge Silveira, dos de los peores represores y violadores de derechos humanos. En el Senado, y por su propia boca, reclamó que no se procesara más a represores acusados de desapariciones, asesinatos, tortura, violaciones y secuestros de niños.
Son públicas y notorias las manifestaciones de integrantes de Cabildo Abierto reivindicando la dictadura. Y también lo es que Eduardo Radaelli, dirigente de Cabildo Abierto, fue procesado por el asesinato de Berrios y su vinculación con la policía política de Pinochet; que Antonio Romanelli, asesor de seguridad de Cabildo Abierto, fue carcelero del Penal de Libertad durante la dictadura y ahora se supo que un candidato a intendente de Cabildo Abierto es uno de los presuntos implicados en el secuestro, tortura y asesinato de Vladimir Roslik.

Esta propuesta de Manini Ríos, que como señalamos se inscribe en una campaña sostenida, busca presionar al Poder Judicial para frenar los procesamientos que luego de muchos años de proceso se están dando, y busca también, protegerse personalmente de la acción de la justicia.

Finalmente hay una consideración en el plano de la ética, reinstalar la Ley de Impunidad, como plantea Manini Ríos, implicaría un triunfo de la mentira sobre la verdad. En todas las causas judiciales, más de 300, que están abiertas por crímenes de lesa humanidad, se demostró que las versiones armadas por la dictadura y sostenidas como verdad oficial por más de 40 años, eran mentira. Ni una sola versión se sostuvo. Durante 40 años amparados por la impunidad mintieron y la propuesta de Manini Ríos, de reinstalar el principal instrumento jurídico que les permitió hacerlo, haría perpetuar la mentira. No puede ser lo mismo defender la mentira o la verdad.

La propuesta de Manini Ríos implicaría un grave retroceso democrático.

Pero Manini Ríos tiene un problema, ve la sociedad como una foto, cristalizada, esta sociedad uruguaya no es la misma de 1986, ni tampoco la misma que en el 2009.

Entre otras cosas porque cientos de miles de uruguayas y uruguayos vivieron la verdad, pudieron comprobar, con hechos, que quienes defendían y defienden la impunidad mintieron siempre.
Entramos a los cuarteles y encontramos a Fernando Miranda, a Ubagésner Chaves Sosa, a Julio Castro, a Ricardo Blanco y a Eduardo Bleier. Los encontramos donde dijeron que no estaban.

Probamos que era mentira que Nibia Sabalsagaray se había suicidado, que Julián López se había suicidado, que Ramón Peré murió en un enfrentamiento, que no habían secuestrado y desaparecidos niños. Sabemos que es mentira que Alvaro Balbi murió de frío y un problema cardíaco. También leímos y escuchamos los testimonios de miles de uruguayas y uruguayos que fueron brutalmente torturados. Muchos más saben hoy lo que pasó, eso se expresa masivamente en cada 20 de Mayo.

Era esperable lo de Manini Ríos, la impunidad es parte de la visión del poder y de la práctica del mismo en la que cree y defiende.

Habrá que seguir construyendo un gran arco democrático para impedir que este retroceso se imponga. Habrá que seguir construyendo caminos para fortalecer la democracia y avanzar.

Sepa el general Manini Ríos que no le será fácil, nada fácil. Porque tenemos memoria, y como tenemos memoria no hay olvido, y como no hay olvido, no habrá impunidad, tendremos verdad y justicia, porque estamos hoy, más que nunca, dispuestos y dispuestas a luchar por ellas.