Los datos aportados por el tercer informe que analiza el comportamiento y despliegue de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales tras dos años de iniciados los gobiernos de Javier Milei y Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, denuncia lo que la agencia teleSur define como “un incremento sistemático y selectivo de la represión contra movilizaciones sociales”.
La misma, añade el medio, ha tenido impacto especial “en jubilados, trabajadores de prensa, defensores de derechos humanos y menores de edad”.
De acuerdo a la información relevada, “de las 139 movilizaciones monitoreadas entre 2024 y 2025, en 51 se registraron eventos represivos”, en tanto que “la violencia estatal se duplicó en ese período”.
“La represión”, se lee en el informe, “ha sido sistemática pero selectiva, a partir de una política planificada y repetida que tiene por objeto limitar el ejercicio del derecho a la expresión y la manifestación pública de la disidencia”.
Los datos muestran, además, un aumento del total de lesionados que se multiplicaron por cuatro en 2025 respecto al año anterior.
Así mismo en el informe se detalla el uso de armas con postas de goma disparadas a quemarropa, granadas de gas lacrimógeno lanzadas con escopetas-morteros en trayectoria recta que es un armamento prohibido por protocolos internacionales, disparos cinéticos con pistolas Byrna, agua a presión y golpes con bastones y tonfas”.
Junto a ello se denuncia un aumento del 77 por ciento de las detenciones arbitrarias que pasaron de 93 en 2024 a 165 en 2025, muchas de las cuales se produjeron durante la desconcentración de marchas.
“El despliegue”, agrega el reporte, “involucró a fuerzas federales y a la policía de la ciudad, con tareas de inteligencia ilegal en el 69 por ciento de las marchas y uso de armas de fuego con balas de plomo en el 78 por ciento de los operativos, pese a estar prohibidas en contextos de protesta”.
Como respuesta a este accionar represivo la CPM presentó 37 denuncias penales, al tiempo que “alertó sobre el incumplimiento sistemático del deber estatal de garantizar manifestaciones pacíficas, así como del marco legal sobre uso de la fuerza”.
