Paola Belrán
El equipo de representación docente de la ANEP, encabezado por Julián Mazzoni, brindó una conferencia de prensa en la que compartieron elementos del “Balance y perspectivas de la Educación Pública 2024-2025”.
Un modelo desigual
Los representantes comenzaron contextualizando el modelo económico aplicado por el actual gobierno señalando que se ha basado en la implementación de la llamada teoría del derrame, que consiste en establecer las condiciones para maximizar los ingresos a los dueños de los grandes capitales con la intención de que los sectores más ricos generen trabajo y consumo para el resto de la sociedad. Esta puesta en práctica sintetizada por el presidente de la República bajo el eufemismo de favorecer a los “malla oro”, en los hechos ha desembocado en un proceso que ha aumentado la pobreza y la desigualdad.
La población que atiende la ANEP – explicaron – incluye mayormente niños y jóvenes de entre 3 y 17 años, rango etario donde la pobreza ha hecho mayor impacto, prácticamente uno de cada cinco niños o adolescentes se encuentra debajo del nivel de pobreza, lo que ha implicado que estudiantes concurran a las aulas con insuficiencia alimentaria, y en consecuencia vean afectados sus aprendizajes. El “Informe Uruguay de las Pruebas PISA, año 2022” –el mismo año donde Uruguay ostenta un récord en las exportaciones- da cuenta de que poco menos de uno de cada diez estudiantes de 15 años reporta, en 2022, haber dejado de comer al menos un día a la semana por no haber en su hogar suficiente dinero para comprar comida. Un hecho inadmisible desde el punto de vista de los derechos humanos y para un país que produce alimentos para 30 millones de personas, señalaron.
Presupuesto
Con respecto a la ejecución de los dineros asignados, señalaron que se registra una disminución importante de los montos ejecutados, por dos vías: a) los montos asignados han sido menores que el otorgado en 2019, excepto 2023. b) los porcentajes de ejecución han decrecido año a año, partiendo del 98,9% de ejecución en 2019, llegando al 96,7% en 2023. Hay que considerar que un punto porcentual en un presupuesto de 100 mil millones de pesos es un monto importante.
Aclararon que debido a la gran incidencia que tiene el rubro remuneraciones en el presupuesto de ANEP, se ha registrado una caída de la masa salarial en todo el quinquenio por dos motivos: hubo menos horas docentes disponibles, lo que implicó mayor cantidad de maestros y profesores con reducción horaria o sin empleo, y en segundo término por el recorte salarial. La propuesta del gobierno ha sido que luego de la caída salarial del período 2020 – 2024, en enero de 2025 los salarios se igualarían en términos reales a los niveles del primero de enero de 2020. Si bien esta fórmula iguala los salarios en los extremos del quinquenio, no permite recuperar los montos perdidos durante los últimos cinco años. Cada docente ha perdido en estos años alrededor de un salario y dos tercios, aseguraron.
La ejecución anual por estudiante matriculado por todo concepto del gasto tenemos que expresar que, en los años 2020, 2021 y 2022 se han destinado menos recursos que en 2019, lo que resulta paradójico para una reforma educativa que dice tener como centralidad a los estudiantes, advirtieron. Luego, en los años 2023 y 2024 se supera a lo ejecutado en 2019, no obstante, hay que tener en cuenta que en el cálculo debe considerarse la dramática baja en la tasa de natalidad en los últimos años. El año 2023 registró 25.289 estudiantes menos en ANEP respecto de 2019.
Además, el presupuesto ejecutado en inversiones y en particular en infraestructura ha sido menor en términos reales que el ejecutado en los dos períodos anteriores de gobierno.
La asignación que ha otorgado el Ministerio de Economía y Finanzas a la ANEP tiene un saldo negativo en el quinquenio respecto del que resultaría de dejar constante el presupuesto de 2019 y repetirlo en los años siguientes. Los recortes de recursos efectuados fundamentalmente en los años 2020, 2021 y 2022, que implicó recorte de grupos, clases superpobladas, y recorte de cargos y horas docentes, significó un retroceso en la calidad de la educación pública brindada generando un deterioro en los procesos de enseñanza y aprendizaje, difícil de revertir a corto plazo, lamentaron.
Lo que viene
El consejero Julián Mazzoni fue el encargado de realizar la síntesis final y en ella señaló que en lo que va de este período “nos hemos preparado para estos dos años que van a ser cruciales para la educación pública porque los dos consejeros que electos por el cuerpo docente vamos a estar hasta febrero del año 2027 y nos va a tocar participar, particularmente en el 2025, en la elaboración de un nuevo Presupuesto Quinquenal”. También mencionó la necesidad de evaluar en un “amplio proceso de participación democrático, si tenemos que seguir con lo que se ha plantado por parte de esta administración o iniciar un proceso de desmontaje para ir hacia una enseñanza, que desde nuestro punto de vista, debe ser mucho más participativa, democrática y hacer mucho más centro en los contenidos y no en las competencias”, en referencia a la llamada “Transformación Educativa” que impulsó el actual gobierno, a la cual, agregó que, de alguna manera, han “resistido”.
Por otro lado, señaló la preocupación por lo que calificó como “avasallamiento” del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y de la “concepción política” detrás que generó intervención en la autonomía de la ANEP y en otros entes autónomos de la educación. Denunció que, desde el punto de vista de la representación docente, estos procesos no respetaron la Constitución, en particular mencionó el artículo 198 de la LUC que hace referencia al reconocimiento del nivel universitario de carreras de formación docente impartidas por entidades públicas no universitarias.
Mazzoni informó que se presentó un recurso de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia pero que esta no dio lugar a la misma por considerar que el consejero no tenía la legitimidad para presentar el recurso. “Pero no se pronunció sobre el fondo del problema y además, en la propia sentencia establece que debería ser todo el Consejo Directivo Central el que tuviera esa legitimación”. En este sentido no descartó que más adelante, cuando se modifique la integración del Consejo pueda volver a presentar el recurso.
Un último ejemplo de este avasallamiento, señaló el representante, es el nuevo Decreto sobre la enseñanza terciaria no universitaria y universitaria “modificando el decreto anterior que, a nuestro juicio, profundiza el proceso de privatización, elimina el representante de la ANEP en el Consejo Consultivo de la Educación Terciaria superior, flexibiliza de manera radical los aspectos de contralor que podía tener el Estado sobre el funcionamiento de estas instituciones, de tal manera que baja las exigencias para los grados y títulos intermedios de manera bastante importante”.
Se está a la espera de los resultados de una consulta que realizó el Consejo Directivo Central a la Asesoría Letrada sobre este último documento. “No obstante, aclaró, nos preocupa que en medio de un proceso de transición un decreto entre en vigencia el 10 de enero cuando el nuevo gobierno, primero el Parlamento, asume el 15 de febrero y el 1 de marzo asume el nuevo gobierno y que se haya planteado de manera inconsulta, dos días después de la elección nacional que determinó que va a haber un cambio de gobierno”.
Mazzoni resaltó que en esta nueva etapa “estamos preparados para hacer los aportes y hacer oír la voz de los docentes a quienes, insistimos, tratamos de representar de la mejor manera, en el proceso de elaboración de un Presupuesto que el partido que ganó la elección señala que tiene que ser del 6% del PBI en su Programa; trabajaremos en ese sentido y sobre todo, en la necesidad de profundizar y democratizar la actividad de toda la ANP y, especialmente, en un tema que ha sido muy preocupante y que tiene que ver con los problemas salariales, con una limitación casi a una expresión mínima de la negociación colectiva y por lo tanto, la necesaria presencia que la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza en la discusión de los problemas presupuestales y particularmente de los salarios y las condiciones de trabajo de los docentes”.
Por último, se comprometió a hacer los máximos esfuerzos “para que se cumpla la Ley y que el máximo organismo asesor y consultivo que tenga la ANEP y cada uno de los subsistemas, sea la Asamblea Técnico Docente (ATD), cuyo funcionamiento ha sido muy reducido en este período y cuyos pronunciamientos han sido totalmente dejados de lado”.
