Al día siguiente de conocerse los resultados del referéndum el gobierno empezó a acelerar el proceso de transformación en áreas estratégicas sin tener en cuenta que casi la mitad del electorado rechazó la aplicación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). El 28 de marzo el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) dio a conocer la resolución sobre el reconocimiento del carácter universitario en donde se puede ver la injerencia en la autonomía de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP) y el proceso de fragmentación y privatización de la formación docente.
Pisoteando la autonomía
El documento “Criterios de calidad” define una malla curricular (núcleos académicos y asignaturas) para la formación docente. Esto viola flagrantemente la autonomía técnica de la ANEP. Además, este accionar del MEC es inconstitucional porque incide sobre una de las competencias que la ANEP tiene como ente autónomo.
El gobierno podría haber usado el mecanismo adecuado: tiene mayoría tanto en el Consejo Directivo Central (CODICEN) como en el Consejo de Formación en Educación (CFE). Sin embargo, este mecanismo prevé una consulta a la Asamblea Técnico Docente de Formación en Educación, y, de existir cambios -como los hay- en las condiciones de trabajo, también debe citar al sindicato a una negociación bipartita. Queda claro que el gobierno busca avanzar por el camino rápido sin consultar ni negociar nada.
Ellos argumentan que no menoscaban las competencias porque el CFE habilitará las carreras mientras que el MEC solo acreditará el carácter universitario. Nosotros denunciamos que se impone una malla curricular que define qué conocimientos son válidos para lograr una posterior acreditación universitaria, priorizando algunas áreas del conocimiento sobre otras. Generan un cambio de paradigma sobre el perfil del docente sin discutir con los directamente involucrados.
El actual plan de formación docente (plan 2008) unificó la diferencia programática que existía entre los CeRP del interior y el IPA. Este plan fue producto de una larga discusión y elaboración que comenzó en 2005. Participaron las ATD docentes, los estudiantes, la junta nacional de directores, la Intergremial Docente (hoy SIDFE), a través de diferentes comisiones de trabajo. El resultado fue un plan en el que las horas clases se distribuían en tres grandes campos de conocimiento: el específico, la didáctica docente y el Núcleo de Formación Profesional Común. La carrera se conformaba, de esta manera, en 4 años y aproximadamente 3.700 horas clase.
Es pertinente mencionar que, en la anterior administración, se había comenzado un proceso de trasformación curricular, con la participación de los directamente involucrados, que tenía un diseño curricular elaborado. Este trabajo, ahora, es tirado por la ventana.
En el documento que presenta el MEC luego del referéndum muestra su proyecto.
En primer lugar, plantean que las carreras que acreditará el MEC deben tener un total de 3.000 horas. Nuevamente denunciamos que en la carga horaria hay un recorte de 700 horas en relación al plan vigente en CFE. No aclaran si las horas clases serán de 45 o 60 minutos o si se incluye el trabajo del estudiante fuera de la institución (aula extendida).
En segundo lugar, proponen cuatro núcleos de conocimiento. El núcleo agregado es el llamado “herramientas profesionales (habilidades tecnológicas y digitales, gestión institucional e inglés)” al que se le destinan 600 horas. Estas horas van en detrimento del conocimiento pedagógico, la didáctica práctica y el conocimiento específico. Queda así demostrado lo señalado anteriormente sobre el cambio de paradigma educativo: se busca formar un motivador (coaching) con habilidades en la gestión y no un docente crítico.
La acreditación final para recibir el título de Licenciado en Pedagogía, y así obtener el título universitario, la realizará el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd). El estudiante, luego de haber cursado y aprobado su carrera de 4 años, deberá someterse a un examen de competencias frente a un organismo externo. En el documento se aclara que perder la prueba no le impide ejercer la docencia. ¿Cuál es el título que tendría antes de convertirse en Licenciado en Pedagogía? No se dice.
En este esquema la ANEP ni diseña la currícula ni evalúa al egresado, es un mero instrumento de otros organismos. ¿Dónde quedó su autonomía técnica en el ámbito de la educación?
Fragmentando la educación
El MEC define también las características que deberá tener el plantel docente en las instituciones: el 75 % de las horas serán impartidas por docentes con título de grado (¿y el otro 25 %?), el 50 % por docente con título de magister, 20 % con título de doctor y 10 % deberán ser integrantes del Sistema Nacional de Investigadores. En apariencia, la calidad está garantizada con estos porcentajes y quienes los cumplan podrán presentarse al proceso de reconocimiento universitario del MEC.
El establecimiento de estos criterios fomentará la creación de mecanismos para la contratación directa de docentes. Suponemos que esto no favorecerá las políticas de concursos, reclamo hecho por todos los sindicatos de la enseñanza y las ATD. El ministro plantea un plan de Movilidad de Expertos con fondos ya disponibles. ¿Quién seleccionará a los expertos en cada área? ¿Será un mismo grupo de expertos que irá de una institución a otra para cumplir con los porcentajes establecidos? ¿No sería más adecuado utilizar esos fondos para fomentar becas de posgrado y así lograr que más docentes se gradúen como magísteres o doctores?
Con esta realidad, denunciamos que la posibilidad de acreditar el carácter universitario por carrera, sede o región supone la existencia de situaciones desiguales entre los distintos centros de formación docente del país. Habrá, entonces, distintos tipos de egresados: aquellos con posibilidades de acceder a títulos universitarios y aquellos que no. Esto afectará especialmente al interior del país y volverá a concentrar en la zona metropolitana a las instituciones con mayor calificación.
Es importante destacar que no se está incluyendo en ningún momento a los egresados actuales de las carreras de formación en educación (unos 4.0000 docentes) ni a aquellos que lo harán según el plan vigente (2008).
El efecto directo de esta resolución es la existencia de docentes de categoría A y B, según el título obtenido sea universitario o no. Esto seguramente afectará el ordenamiento escalafonario de los futuros egresados y por lo tanto incidirá sobre sus posibilidades de elección de horas y/o cargos docentes.
En la resolución no están incluidas todas las carreras de formación en educación: Maestros de Primera Infancia, Educadores Sociales y Maestros Técnicos. Otro argumento más que demuestra el proceso de fragmentación del CFE.
El cangrejo bajo la piedra
Las instituciones privadas no se nombraban de forma expresa en el artículo 198 de la LUC ni en el decreto reglamentario (diciembre del 2020). Sin embargo, ahora se pueden postular a la acreditación universitaria de distintas carreras. Este agregado les permite acceder a financiación por parte del MEC. Es decir: las instituciones educativas que presenten sus carreras, sean públicas o privadas, competirán para acceder a dineros públicos para contratar a consultores y docentes. Además, todas podrán beneficiarse de las becas que logren atraer por el sistema “váucher” que establece el artículo 171 de la LUC. Una nueva forma de mercantilizar la educación.
La resolución del MEC es un importante retroceso en el Sistema de Educación Pública uruguaya, que se fragmenta, mercantiliza y privatiza. Es contrario a la a creación de una Universidad de la Educación pública, gratuita, autónoma y cogobernada reclamada por los sindicatos y diversos colectivos de la educación.
Detrás del título de Licenciado en Pedagogía se esconde una transformación profunda de la formación docente que repercutirá en todos los subsistemas de la enseñanza. Es una pieza más del proceso refundacional que el gobierno de la coalición de derecha viene tratando de llevar a cabo en todos los órdenes.
