Este viernes 11 de abril se llevó a cabo, en la sede de la Dirección Nacional de Trabajo (DINATRA), un encuentro entre delegados de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), autoridades del gobierno y representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el marco de las modificaciones al régimen de licencias médicas para algunos sectores del ámbito público, aplicadas por el anterior gobierno de Luis Lacalle Pou.
El nuevo régimen de certificaciones médicas, vigente desde el 1º de abril de 2024, establece que los funcionarios estatales solo podrán percibir su salario completo durante nueve días hábiles por año en caso de certificación médica. A partir del décimo día, tendrán derecho a cobrar únicamente el 75% de su remuneración, a cargo del organismo empleador.
A raíz de esta normativa, COFE y el PIT-CNT presentaron una queja contra el Estado uruguayo durante la última Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra, cuestionando los cambios en el régimen de licencias médicas en el sector público.
En marzo de este año, el Consejo de Administración de la OIT resolvió otorgar un plazo de seis meses para desarrollar un proceso de conciliación. En ese contexto, se celebró la reunión tripartita de este viernes, con la participación de COFE, el Estado uruguayo y la OIT.
Por parte del gobierno estuvieron presentes el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo; el subsecretario, Hugo Barreto; y representantes de la Oficina Nacional del Servicio Civil, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
En representación de los trabajadores asistieron el presidente de COFE, Martín Pereira; su secretario general, José Lorenzo López; y los abogados Gabriel Salsamendi (PIT-CNT) y Daniel Parrilla (COFE).
Este proceso se enmarca en el mecanismo de “conciliación” propuesto por la OIT, con un plazo inicial de seis meses, en el cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) actúa como facilitador del diálogo entre las partes.
Al finalizar la reunión, el secretario general de COFE, José Lorenzo López, destacó en declaraciones al portal del PIT-CNT la importancia de haber instalado este espacio de conciliación promovido por la OIT, el cual fue aceptado tanto por el gobierno como por COFE.
“En principio, las autoridades gubernamentales realizaron una presentación formal. Luego fue el turno de la delegación de COFE, en la que expusimos nuestro reclamo para detener la aplicación del nuevo régimen de certificaciones médicas, ya que entendemos que vulnera convenios de la OIT ratificados por nuestro país, tanto en lo que respecta a la seguridad y salud en el trabajo como en materia de negociación colectiva y protección del salario”, subrayó López.
El dirigente sindical señaló que el planteo de los gremios de funcionarios estatales es que, para poder negociar en igualdad de condiciones, “la ley debería dejar de aplicarse”. Destacó que, tras la extensión del plazo para la negociación propuesta por la OIT, podría concretarse una suspensión en la aplicación de la normativa. Esta posibilidad fue recogida por el Poder Ejecutivo, que se comprometió a analizarla. Además, se acordó una nueva reunión entre las partes para el próximo 5 de mayo.
“Para COFE sería muy importante que se suspendiera la normativa actual. El subsecretario, Hugo Barreto, dijo que esa posibilidad realmente existe y que si hubiera alguna definición podría ser antes del 5 de mayo, previo a diversas consultas en el Ejecutivo”, resaltó López.
López agregó que COFE valora positivamente la realización de este primer encuentro, el hecho de que ya se haya fijado una nueva instancia, el tono general de la reunión, la receptividad del gobierno y el intercambio de planteos entre las partes
El dirigente sindical subrayó que COFE planteó que la norma cuestionada genera “desigualdades” entre funcionarios públicos de distintas reparticiones del Estado. “Muchos sectores de trabajadores públicos rechazaron la aplicación de esta norma, por ejemplo, en la enseñanza, en algunas empresas públicas como UTE y ANCAP, y en el Banco de Previsión Social (BPS). Pero, al mismo tiempo, en el Poder Judicial se aplica a los funcionarios, pero no a los magistrados ni defensores y lo mismo ocurre en el Ministerio Público y Fiscal. En el Ministerio de Relaciones Exteriores rige para los funcionarios, pero no para el personal diplomático. Y en el Poder Legislativo no se aplica a nadie, ni a legisladores ni a funcionarios. Mientras tanto, en el resto de la administración central se aplica a los funcionarios, pero no a los cargos políticos de particular confianza”, detalló.
Remarcó que se trata de un tratamiento desigual, y que este punto también fue recogido por el gobierno durante el encuentro.
Por su parte, el subsecretario de Trabajo, Hugo Barreto, fue consultado por la prensa acerca de la posibilidad de suspender la aplicación del régimen mientras se desarrolla el proceso de conciliación. En tal sentido, respondió que se trató de una solicitud concreta de los trabajadores que “fue acogida por los órganos de gobierno” y que “no necesariamente habrá que esperar al 5 de mayo para que haya una resolución al respecto”.
Fuente: PIT-CNT
