“Segundo aumento del año y sexto desde que asumió el gobierno de derecha”
Un nuevo aumento de combustibles, el segundo del año y el séptimo del período. Es un incremento del 2% a partir del 1° de marzo. En lo que va del año los combustibles acumulan más de un 6% de aumento, y más de un 36% desde marzo 2020, mientras el salario real cae y el costo de vida se eleva.
El precio del barril del crudo no justifica la suba, existen antecedentes similares, prolongados durante varios períodos, en los que no hubo la magnitud de subas que existe hoy con este nuevo mecanismo de fijación de precios, que ha fracasado.
El nuevo mecanismo de fijación del precio de los combustibles de la Ley de Urgente Consideración (LUC), contenido principalmente en sus artículos 235, 236 y 237, y su posterior reglamentación, no ha implicado transparencia, ni mucho menos ha significado la baja de los combustibles, como lo prometieron.
Los ajustes han sido sumamente discrecionales y en defensa de los intereses de unos pocos. La reglamentación establece ajustes mensuales, que pueden ser tanto a la baja como a la suba, pero que no han sido cumplidos, salvo las veces que se ajustaban a conveniencias políticas.
Antes de la LUC, ANCAP calculaba su paramétrica en base a una proyección anual de las finanzas (con referencia principalmente del precio futuro del crudo y tipo de cambio) tomando como base el volumen de ventas, el crudo a procesar, compromisos financieros, aportes fiscales y retenciones, márgenes de ganancias de estaciones de servicios y de las distribuidoras, entre otros elementos.
Este proceso constaba de plantearse como objetivo la generación de fondos suficientes para cubrir las necesidades del año, incorporando el impacto de las oscilaciones de los distintos parámetros distribuidos durante ese período. Siempre se realizó una proyección responsable con procesos eficientes y cumpliendo los fines sociales asumidos por la empresa pública.
Esta paramétrica significaba transparencia, rendición de cuentas y claridad sobre la fijación de tarifas.
Ahora con la LUC, esto cambió. El gobierno toma como referencia los Precios de Paridad de Importación (PPI) que elabora la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), y, a su vez, pretende realizar ajustes mensuales de las tarifas acordes a estos, sumado a ello, también quitarle la distribución secundaria a ANCAP y por lo tanto la garantía de que haya tarifas únicas a nivel nacional.
Para empezar, la metodología de elaboración de los PPI de la URSEA, tiene errores conceptuales y cuantitativos. En los aspectos conceptuales, hay errores en términos de la magnitud de la demanda y la infraestructura con la que se cuenta en Uruguay, tomando como referencia mercados muy lejanos a las condiciones uruguayas; también el cálculo considera un operador único sin competencia, lo cual no es acorde a la realidad de habilitarse la importación. Esta subvaloración del PPI se aleja bastante de lo que sería un Importador teórico.
En términos cuantitativos, los valores que toma para fletes marítimos, alijos, multas y demoras son incorrectos, incluida la calidad de los combustibles comparados.
Por ejemplo, para el costo de alijos, actualizan por inflación los costos expresados en 2017 por la URSEA, siendo que la evolución de las tarifas de fletes responde a otros factores. En particular, sobre el almacenamiento de combustible y la garantía de suministro, la subvaluación que realiza la URSEA es muy peligrosa. La URSEA establece 40 días de inventarios (20 días operativos y 20 días de seguridad), siendo la referencia internacional de 61 días, cuando se trata de operaciones de refinación propia, y 90 días cuando se realiza importación exclusiva (tomando como ejemplo el 2019, ANCAP tuvo 68 días promedio).
Esto implicaría que, de ajustarse a lo establecido en la LUC, peligraría el suministro de combustibles al país, de forma confiable y oportuna.
Por último, a esto también se suma el margen de comercialización de un importador teórico, que URSEA fija en un valor ínfimo, que no alcanza el 1%, siendo la referencia internacional de un 5%. Por todos estos conceptos mal construidos y calculados, por ajustarse a precios PPI URSEA, ANCAP pierde ingresos mes a mes, desde la implementación de este mecanismo.
En base a los informes preceptivos de ANCAP, se deben señalar dos aspectos: el primero, que a raíz de una resolución del Directorio, estos toman como base los PPI URSEA fósil: y el segundo, el agregado de varios componentes tales como biocombustibles (mezclas estipuladas por decretos y en el caso del biodiesel incumpliendo por resolución del Directorio), resultado financiero por exposición al tipo de cambio, margen comercial, y estructura (todos los negocios que no son combustibles).
En particular, sobre los costos financieros por exposición al tipo de cambio, cabe señalar que este refiere a la exposición a la que se enfrenta el Ente por el desfasaje entre la fijación del precio de compra del crudo y su venta a distribuidoras en el mercado local, estipulado en una diferencia de dos meses, riesgo al que debe corresponderle una cobertura dado el nuevo mecanismo, sin embargo, no ha habido respuestas desde el Ejecutivo al respecto.
Por concepto de estos agregados, según los informes elevados, la diferencia entre el ingreso propuesto de ANCAP y lo que efectivamente le ingresa, luego de descontar impuestos y tasas, acumula en estos últimos 12 meses unos 238 millones de dólares. Esto es dinero que no le ha ingresado al Ente.
Por responsabilidad del gobierno hoy ANCAP está expuesta a un grado importante de incertidumbres respecto a sus ingresos, debido a que la nueva metodología que esta reglamentación toma como base, implica, mes a mes, estar a la expectativa de qué ingresos se tendrán, siendo responsabilidad del gobierno dar respuestas a esta situación.
Además, como hemos señalado, los ingresos que ha recibido ANCAP han estado por debajo de los que el Ente ha expresado como los que corresponden. Repitamos este elemento técnico complejo; el informe preceptivo que manda ANCAP, suma PPI URSEA fósil, biocombustible, costo financiero y costo de estructuras. La propuesta de ANCAP para enero de 2022 fue de $33.2 por litro de nafta super, sin embargo, el ingreso que tuvo fue de $30 por litro. Si la diferencia se multiplica por la cantidad de litros vendidos en el mes y se realiza lo mismo para para cada mes con sus respectivas propuestas, se llega a los 238 millones de dólares acumulados en 12 meses de ingresos que no recibió ANCAP.
A esto se suma que se ha recortado el personal y las inversiones dados los lineamientos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), lo que complejiza aún más la situación de ANCAP, que hoy sigue demostrando, a pesar de todos los ataques, su margen de refinación positivo. Esto quiere decir que es más económico la refinación nacional de ANCAP, que agrega valor al país, que importar combustibles ya procesados. Sobre el margen de refinación positivo, la diferencia entre el entregado en La Teja y el costo operativo, nos indica que la canasta de derivados obtenidos en Planta es de un costo menor al que se hubiese alcanzado de haber importado.
En conclusión, es bueno señalar que si no hubieran existido las coberturas de tipo de cambio y los 193 millones de dólares dejados en caja por el gobierno del Frente Amplio, las ventas extraordinarias a UTE, y, sobre todo, el margen de refinación, el resultado del Ente hoy sería diferente.
Al respecto de la responsabilidad del gobierno, estuvo ajustando en plena pandemia el IMESI, reduciendo los ingresos de ANCAP, sin siquiera volcar parte de ello a la mayoría de la población uruguaya afectada por la reducción de empleo. En la cadena hasta el precio final de combustibles, están los costos de ANCAP del refinado, la distribución primaria y secundaria (los márgenes de las distribuidoras AXION, DISA y DUCSA), las ganancias de las estaciones de servicios, e impuestos. Esto quiere decir que en el precio final del combustible ANCAP apenas representa poco más del 40%.
Pareciera razonable que quienes deban ajustar sean los otros componentes de la cadena y no precisamente ANCAP, que además realiza un proceso eficiente y responsable, respondiendo a la defensa de la empresa pública por encima de los intereses privados o la recaudación sin destinos sociales.
Los citados artículos de la LUC, evidencian una intención de desmantelamiento de ANCAP, asociados a intereses políticos de antaño, de destrucción de lo público y defensa de lo privado. Van en la misma línea que el Presupuesto Nacional y los recortes de las áreas sociales, y una Rendición de Cuentas con más restricciones, así como cada política que conduce a la reducción del salario real y elevación del costo de vida, y crecimiento de las ganancias de unos pocos. Ajustando el trabajo y no el capital.
Yamila Maciel, Asesora del director de ANCAP por el Frente Amplio, Vicente Iglesias e integrante del equipo de Valor!!.
