Lo que el Herrerismo busca imponer en Uruguay para ANTEL, está cayendo en el país que muestran como modelo: ente regulador español eximió a Telefónica de compartir su red de fibra en casi 700 municipios.
Este viernes se conoció un comunicado de la Comisión Nacional de Mercados en Competencia (CNMC) de España en el que se resuelve “eximir” a Telefónica de compartir su fibra óptica con sus competidores en casi 700 municipios de ese país. El modelo que la coalición de derecha en el gobierno en Uruguay pretende imponer para ANTEL empieza a hacer agua en el país modelo del herrerismo y sus aliados.
En la nota del ente español que regula las telecomunicaciones (entre otros mercados, incluyendo la energía (cuyo precio está subiendo a niveles récord en España) y el agua potable) se señala que en 696 municipios, que aglutinan a casi el 70% de la población española, la empresa, que también es propietaria de Movistar Uruguay, no estará obligada a prestar acceso a las instalaciones de fibra a sus competidores, aunque sí deberá facilitar el acceso a la obra civil, esto es conductos, canalizaciones y postes.
La medida implica un importante retroceso en el esquema liberalizador impuesto en España desde hace ya varios años y es relevante para nuestro país porque este es el modelo levantado por la derecha criolla para el futuro de las telecomunicaciones en Uruguay.
La nota va más allá, ya que señala a texto expreso que “en el plazo de tres años, la CNMC valorará si es necesario revisar las zonas consideradas “no competitivas” o, incluso, retirar la regulación del acceso mayorista a la fibra en todo el territorio”.
Este mismo modelo, que se ve obligado a retroceder en España a pasos agigantados, es el que la coalición de derecha ha pretendido imponer desde el inicio mismo de su gestión de gobierno el 1° de marzo de 2020. Primero a través de dos artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que se vieron obligados a retirar y que establecían que ANTEL debía brindar acceso a su infraestructura y tendido de fibra óptica a las otras empresas de telefonía móvil. Luego a través del artículo 48 de la malograda Ley de Medios, que busca que esa misma fibra óptica sea compartida con los proveedores de televisión por abonados. El último intento fue en la Rendición de Cuentas, con la propuesta de creación de un Fondo Universal de Telecomunicaciones, que establecía que a través de fondos públicos se financiaran nuevas infraestructuras que se debían compartir obligatoriamente con las multinacionales instaladas en nuestro país. Los dos artículos que contenían esta propuesta fueron eliminados en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, no tuvieron ningún voto, tras las denuncias de SUTEL, los directores frenteamplistas en ANTEL, Daniel Larrosa, y en la URSEC, Pablo Siris y los cuestionamientos de las y los legisladores frenteamplistas y algunos de la coalición de derecha en el gobierno.
La resolución del organismo regulador español, CNMC, que se puede leer completa en https://www.cnmc.es/prensa/mercados-fibra-optica-20211015, muestra el estrepitoso fracaso de un modelo que no solamente sería nefasto para la empresa pública de un pequeño país, como ANTEL, sino también para uno de los gigantes multinacionales, como Telefónica.
A través de esta decisión, la CNMC “busca un equilibrio entre garantizar la competencia y promover la inversión en redes de nueva generación (NGA), aquellas que permiten conexiones a Internet de muy alta velocidad, fundamentalmente de fibra óptica”.
Desde las páginas de EL POPULAR ya habíamos advertido que en los países donde se había establecido la portabilidad, así como la obligación de compartir infraestructuras, las inversiones necesarias para adaptar las redes a las nuevas infraestructuras estaban en franco deterioro. Esto se explica porque la portabilidad obliga a distraer recursos en campañas y promociones mientras coloca un fuerte grado de incertidumbre sobre la cartera de clientes al mismo tiempo que las inversiones que se realizan no se rentabilizan adecuadamente al ser utilizadas simultáneamente por la competencia. En suma, nadie quiere realizar nuevas inversiones si las va a aprovechar la competencia al mismo tiempo que puede quedarse con los clientes.
Precisamente esto que señalamos antes es lo que el gobierno de derecha, liderado por su sector más conservador, el herrerismo, pretende hacer con ANTEL.
Hay una paradoja a resaltar: Telefónica, a través de Movistar, pide en Uruguay lo contrario a lo que pide en España. ¿Raro no? Y más raro aún es que lo hace mientras se prepara para vender sus acciones y uno de los interesados es el fracasado candidato presidencial, Edgardo Novick, cuyo partido y él mismo fueron parte de la campaña electoral que llevó a Lacalle Pou a la presidencia.
No es el único ejemplo del intento de la coalición de derecha, particularmente del Herrerismo, de imponer políticas fracasadas en otras partes del mundo. El modelo de liberalización de la importación y el precio de los combustibles, defendido a capa y espada por el Herrerismo, aunque la manifestación que convocaron casi tiene que suspenderse por falta de quorum, es un fracaso en los pocos países donde se aplicó. Acaba de ganar el Premio Nóbel un economista que demostró que el aumento del salario mínimo no produce desempleo, pero el Herrerismo y la coalición de derecha insisten con su fanatismo neoliberal de bajar los sueldos para generar puestos de trabajo, fracasando estrepitosamente. El modelo privatizador, sin participación social y con criterios empresariales en la Educación fracasó rotundamente en Chile, el pueblo chileno protagonizó movilizaciones gigantes en contra de él y además abrió un camino de reforma constitucional para enterrarlo. Lo mismo pasa con el modelo de privatización de la seguridad social. Pero el Herrerismo y la derecha siguen abrazados a esos modelos de los que las y los chilenos están desesperados por salir.
Eso es la LUC, un abigarrado conjunto de modelos fracasados en todo el mundo, solo sustentados por el fanatismo neoliberal hegemónico en la coalición de derecha que nos gobierna.
Vale para los combustibles, los salarios, la educación, la seguridad social y para las telecomunicaciones y ANTEL. Se puede impedir que nos impongan esos modelos fracasados en todo el mundo con movilización y lucha popular, con acción parlamentaria permanente y todas y todos votando SÍ a la anulación de los 135 artículos más regresivos de la LUC en el Referéndum.
Fabricio Mato