El Senado analiza en estos días un tema que es central para la democracia toda: si se otorga o no el desafuero al senador Guido Manini Ríos.
Por supuesto que esto tiene que ver con enfrentar la impunidad y avanzar en la verdad y la justicia, por eso tiene un componente ético fundamental, pero también implica aspectos institucionales y políticos.
Comencemos por el plano institucional. Los fueros parlamentarios fueron creados para preservar la independencia de los poderes del Estado. Este instrumento busca proteger al Poder Legislativo de abusos del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial. Proteger la independencia de la acción legislativa.
Por eso ante un pedido de desafuero es importante calibrar la justeza de la acusación, la gravedad del delito e, incluso, si afecta o no la actividad específica del legislador señalado.
Guido Manini Ríos está acusado por el fiscal Rodrigo Morosoli de un delito muy grave: omisión de la obligación de los funcionarios públicos a denunciar hechos con apariencia delictiva. Morosoli, en un fundamentado fallo, que debería ser el centro del debate, establece que la evidencia muestra que Manini Ríos “fue el único que tuvo la intención deliberada de no denunciar” las declaraciones de José Nino Gavazzo en el Tribunal de Honor.
Hay agravantes. Cuando cometió el delito del que se le acusa, Manini Ríos no era cualquier funcionario público, era el Comandante en Jefe del Ejército. El delito que omitió denunciar tampoco es cualquier delito. Se trata del secuestro, tortura, asesinato y desaparición de un ciudadano, Roberto Gomensoro, en 1973.
En este caso, desde el punto de vista institucional, se invierte el peso para garantizar la independencia de los poderes. Si no se vota el desafuero, el Poder Legislativo impediría al Poder Judicial investigar y castigar un delito de lesa humanidad y, además, haría que el Estado uruguayo, todo, incumpla con los convenios internacionales que lo obligan a perseguir esos delitos.
En el plano de la ética, votar el desafuero tiene que ver con defender la verdad contra la mentira y el ocultamiento, la justicia contra la impunidad.
La democracia se defiende y se fortalece si confronta y derrota a la impunidad. Y Manini Ríos teniendo conocimiento pleno de las gravísimas revelaciones del terrorista de Estado, José Nino Gavazzo decidió ocultarlas.
Los recientes develamientos de otro Tribunal de Honor, al también terrorista de Estado, Gilberto Vázquez, en 2006, muestran una práctica similar. Minimización de delitos aberrantes, ocultamiento y, por lo tanto, defensa de la impunidad. Confirman otro hecho largamente denunciado y de enorme gravedad. Los terroristas de Estado mienten en la Justicia, niegan, dicen no recordar nada, y casi al mismo tiempo, relatan lo que saben y reivindican sus crímenes atroces, como si fueran méritos, en los Tribunales Militares. Una razón más para votar el desafuero.
Es hora de que todo el Estado, en este caso le corresponde al Parlamento, brinde una señal fuerte y clara de que esos delitos son una atrocidad, que no deben quedar impunes y que no hubo ni habrá ningún honor para quienes los cometieron.
La coalición de derecha se fracturó y el sector Ciudadanos del Partido Colorado hasta ahora votaría el desafuero. El Frente Amplio también lo hará.
Julio María Sanguinetti, el padre de la impunidad, ratifica su conducta histórica y respalda a Manini Ríos. Lo mismo hace Cabildo Abierto.
El Partido Nacional es decisivo. ¿Primará una lógica republicana y de respaldo a la democracia o una lógica del poder para mantener a cualquier precio una coalición de gobierno?
Mientras ese debate se procesa, todas y todos junto a Madres y Familiares de Desaparecidos, iremos una vez más a la Plaza Libertad a reafirmar nuestro compromiso con la Verdad, la Justicia y el Nunca Más.
