Mejoremos la Seguridad Social.
Por Hugo Dufrechou (*)
El pasado 17 de julio, el Poder Ejecutivo, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), lanzó el Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Social. Este es un ámbito que funcionará hasta abril de 2026 y discutirá cuatro ejes: protección a la infancia, sistema de cuidados, protección a activos y jubilaciones y pensiones. El objetivo es alcanzar los máximos acuerdos posibles entre el Poder Ejecutivo, los partidos políticos y los actores sociales, para que sean la guía de acciones de política pública. Esta iniciativa se enmarca dentro de lo propuesto en las Bases Programáticas (2025-2030) del Frente Amplio y, junto con el presupuesto y la ronda de consejos de salarios, determinará una parte importante de lo que será el corazón del gobierno. Desde el PIT-CNT se concurrirá a este espacio aportando iniciativas sobre estos ejes, y colocando como elemento transversal a los mismos el problema del financiamiento de la seguridad social.
Tenemos que dialogar sobre Seguridad Social
Para poder realmente introducirnos en la complejidad de la tarea que debemos enfrentar en los próximos meses, es necesario comenzar por el principio: ¿Qué es la Seguridad Social y cuál es su importancia para la vida de los trabajadores y trabajadoras? La OIT la define como la protección que una sociedad brinda a sus individuos y hogares, a través del conjunto de programas sociales.
Como nuestra vida en la sociedad capitalista depende de cuánto dinero tengamos y cuánto podemos comprar con él, la seguridad social ayuda a asegurar derechos necesarios para vivir en sociedad, a pesar de no contar con una fuente de ingresos suficiente proveniente del mercado. Cuando nos jubilamos dejamos de tener un salario: la jubilación sustituye ese ingreso. Cuando “nos mandan al seguro” podemos acceder a un subsidio por desempleo; cuando nos enfermamos, a un subsidio por enfermedad. Las familias con menores ingresos pueden recibir la Tarjeta Uruguay Social y la Asignación Familiar del Plan de Emergencia.
Pero, además, cuando precisamos usar lentes, que son muy caros, podemos acceder —siendo trabajadores formales— al beneficio que brinda BPS para ayudar a pagarlos. Cuando tenemos hijos o hijas se realiza una pesquisa neonatal que busca en los recién nacidos enfermedades que no presentan síntomas clínicos en el momento del nacimiento, pero que son enfermedades para las cuales existe tratamiento y que, de no tratarse, ocasionan un severo deterioro mental y físico e incluso la muerte. Este tratamiento es muy costoso y pocas personas podrían costearlo si se hiciera por medio de privados en el mercado. La seguridad social, a través del BPS, lo financia: es algo universal, gratuito y obligatorio.
Si el capitalismo nos aprisiona en la lógica del mercado y el individualismo, los mecanismos de la seguridad social ayudan a organizar la solidaridad social, desmercantilizar derechos y mejorar las condiciones de vida. Por eso, en sí misma, la discusión sobre su diseño, ampliación y modernización es clave para pensar e imaginar sistemas alternativos a nuestra realidad.
Debemos tener muy presente que todo lo anterior implica que alguien —el Estado— determine que, para que un grupo social pueda tener derechos, alguien debe financiarlos. Quién financia la seguridad social, cuánto es el financiamiento, qué derechos garantiza y a quiénes, son decisiones políticas de alta complejidad. Estas decisiones necesariamente afectan intereses concretos y contradictorios, y deben basarse en marcos ideológicos. No es posible pensar la seguridad social ajena a la lucha de clases.
Es necesario tener en cuenta que el sistema de seguridad social debe contar con una estructura que perdure en el tiempo y lo haga previsible. Por ejemplo, cuando pensamos en un esquema jubilatorio, hay que diseñar políticas que al menos duren todo lo que se espera pueda ser una vida laboral (por ejemplo, 30 años de trabajo). Se precisan políticas de Estado que tengan un alto consenso social y perduren en el tiempo. Dada la correlación de fuerzas sociales, no hay ningún escenario socialmente viable donde una visión sobre la seguridad social pueda avasallar y pasar por encima de otra. Un ejemplo claro de esto es lo que ha pasado con la Ley 20.130 (reforma previsional del año 2023), que no ha generado ningún consenso y será reformada eventualmente.
Para garantizar esos consensos, debe generarse una discusión profunda entre todas las representaciones de nuestra sociedad, ya sean sus partidos políticos como sus organizaciones sociales, que hoy están participando del Diálogo Social: el PIT-CNT, la ONAJPU, las organizaciones de cuidados (RedPro Cuidados), las organizaciones por los derechos de las personas con discapacidad (Alianza PCD) y la Plataforma por los Derechos de las Infancias y Adolescencias (PIAs). En este sentido, las bases programáticas del FA establecen como una de sus acciones prioritarias “convocar a un amplio, democrático y genuino diálogo social entre todas las organizaciones políticas y sociales, representativas del conjunto de la sociedad, a fin de procurar el mayor de los acuerdos posibles para llevar adelante los cambios y mejoras que deben introducirse en nuestro sistema de seguridad social”. Es una buena lectura de las demandas del momento histórico.
La negativa de los partidos de derecha a participar en el diálogo evidencia su desinterés por atender los problemas del pueblo uruguayo, priorizando la pequeña política electoral por encima de la política de Estado. Un argumento que esgrimen como latiguillo es que la Ley 20.130 y el plebiscito del año pasado ya saldaron la discusión social sobre la seguridad social. Este argumento reviste muchos niveles de falsedad que conviene repasar. El primero es que la ley sólo trató el sistema previsional (jubilaciones y pensiones), dejando de lado el resto de las áreas de la seguridad social; e incluso dentro del sistema previsional no abordó los ingresos del sistema. El segundo es que, si bien la propuesta de reforma plebiscitada no alcanzó los votos necesarios, las lecturas sobre ese fenómeno pueden diferir mucho, dado que la campaña en contra fue muy diversa. La no inclusión de la papeleta en la urna pudo deberse a varias razones, como estar completamente en contra de la propuesta, pero también pudo haber habido ciudadanos que, estando a favor de las tres ideas fuerza que se presentaban, no estuvieran de acuerdo con la redacción específica.
El diálogo social es un espacio para volver a colocar esas tres propuestas —definir la edad mínima para la jubilación común en 60 años, elevar las pasividades mínimas para que sean equiparables al monto del salario mínimo nacional, y la eliminación del sistema AFAP— con nuevas formas de implantación, así como también otras medidas que abarquen la totalidad del sistema.
El problema político de la Seguridad Social
Desde el PIT-CNT se concurrirá con una serie de planteos que fueron votados en el último congreso ordinario y que abarcan el conjunto de los ejes incluidos en el diálogo. Esto incluye las tres ideas impulsadas en la papeleta, así como otras medidas que buscan garantizar nuevos derechos y la ampliación del sistema. El PIT-CNT propone ampliar la cobertura de las transferencias hacia familias de menores ingresos para atender la pobreza, con particular foco en las infancias. A esto se agregan medidas para re-adaptarse a los cambios que se están dando en el mundo del trabajo y sus dinámicas organizativas, así como ampliar y garantizar el derecho al cuidado, entre otras iniciativas.
Para hacer viables todas las propuestas que emerjan de los distintos ejes, debemos discutir cómo financiarlas, quién debe contribuir y cómo.
Los desafíos del financiamiento
Los ingresos del sistema de seguridad social enfrentan desafíos tanto en su magnitud —la cantidad de dinero disponible para financiar la ampliación del sistema— como en su justicia distributiva —es decir, cuánto aporta cada sector social para garantizar derechos universales.
En términos de magnitud, la mayor parte de los ingresos proviene de los aportes de trabajadores y empleadores, siendo el aporte patronal dependiente del nivel salarial y de la cantidad de empleos formales en la empresa. Este esquema de financiamiento se enfrenta a un desafío creciente: las transformaciones del mundo del trabajo a nivel global. Automatización del empleo y pérdida de puestos de trabajo, mayor flexibilidad en formas de contratación (especialmente en plataformas digitales), e innovaciones tecnológicas aceleradas por la Industria 4.0 y el desarrollo de la inteligencia artificial, son fenómenos que presionan el sistema. El nudo central es cómo aumentar los ingresos del sistema sin encarecer los costos de contratación, evitando así incentivos a la destrucción de puestos de trabajo.
En términos distributivos, el sistema muestra desequilibrios evidentes. Un ejemplo claro es la estructura de ingresos del BPS en 2024: el 55% provino de contribuciones a la seguridad social (aportes patronales y de trabajadores), y el 45% restante del Estado, en forma de compensaciones y asistencia financiera. Dentro de los aportes patronales, además, están incluidos los que el Estado realiza como patrón de sus funcionarios públicos.
Así, el 59% de los ingresos del sistema provienen del Estado, el 26% de los trabajadores, y sólo el 15% del sector empresarial. Esta estructura exige la creación de un mecanismo que aumente el aporte financiero de los empresarios al sistema, sin que ello encarezca el costo de contratación de personal, en particular en pequeñas y medianas empresas, que son las principales empleadoras del país.
Existen varios aspectos que deben revisarse en nuestro sistema tributario. La alta dependencia de impuestos indirectos como el IVA en la recaudación amplifica la desigualdad: el 10% más pobre de la población paga, en proporción a su ingreso, casi lo mismo que el 10% más rico.
Una reforma que podría ayudar a mejorar la justicia distributiva y ampliar los recursos destinados a la seguridad social sería gravar de forma progresiva las utilidades de capital, de modo que los empresarios más poderosos aporten más al sistema, independientemente de la cantidad de trabajadores contratados. Gravar la ganancia y no el trabajo podría ser un eje de discusión en el Diálogo Social que permita sostener materialmente todas las demás necesidades del sistema. Esta propuesta está alineada con lo que plantea el programa del Frente Amplio, que sugiere “estudiar las formas para incrementar el aporte fiscal por concepto de dividendos y utilidades”.
El pueblo y el Estado uruguayo han sido pioneros en la creación de mecanismos de solidaridad social. Debemos sentir orgullo por nuestra historia de audacia y creatividad para organizar soluciones ante los desafíos que impone la vida en sociedad. En pleno siglo XXI, podemos afirmar que Uruguay cuenta con un sistema potente, aunque enfrenta nuevos desafíos.
Los problemas sociales del Uruguay son acuciantes, y la seguridad social es una herramienta imprescindible para transformar esta realidad. Esperamos poder generar y discutir medidas audaces, acordes con nuestra historia, que mejoren considerablemente las condiciones de vida de nuestro pueblo.
(*) Economista asesor del Equipo de Representación de los Trabajadores en BPS.
