Los cables de Montevideo conforman consorcio para apropiarse de la fibra de Antel
Fabricio Mato
El pasado jueves 11 de julio, el periodista Eduardo Preve informó a través de la emisora M24 que las empresas de televisión por cable de Montevideo que -a su vez- son propiedad de los tres grandes canales de aire de nuestro país, habían solicitado al Poder Ejecutivo constituirse en un consorcio y que dicha autorización estaba para la firma del presidente Luis Lacalle Pou.
El objetivo de esta movida empresarial es ahorrar costo para utilizando la infraestructura de Antel y al amparo de la decisión del gobierno de derecha de permitir a los canales de cable la venta de internet, competirle a la empresa estatal y maximizar las ganancias. ¿La competencia, la garantía de la pluralidad y la libertad de expresión? Bien, gracias.
De acuerdo a la información a la que accedió EL POPULAR, las empresas TCC, Montecable y Nuevo Siglo habrían solicitado conformar un consorcio para “viabilizar la prestación de un servicio (televisión para abonados y transmisión de datos)”.
Las empresas de cable, propiedad de los canales 4, 10 y 12, señalaron que en los últimos años “el mercado de la televisión para abonados viene siendo impactado por acelerados y muy significativos cambios (desarrollo de nuevas tecnologías; oferta de servicios de streaming; flujo de contenidos mediante canales inalámbricos; profusión de ofertas informales o clandestinas, etc.), que se ven reflejados en una caída severa y sostenida de los abonados de las empresas”.
Efectivamente, desde el año 2018 las empresas de TV para abonados han pasado de cerca de 733.000 clientes a poco más de 496.000, lo que representa una caída de cerca de más del 32%.
“(…) las comparecientes advierten que se ha producido la obsolescencia de las estructuras mediante las que han venido desarrollando su actividad hasta el presente y que resulta imperioso y urgente reformularlas para para preservar la viabilidad de las empresas, aplicando un nuevo esquema, que permita optimizar recursos, unificar ofertas, ganar en eficiencia e incorporar nuevos y mejores servicios para los usuarios y consumidores”, dice otra parte del documento que difundió Preve a través de la red social X.
Se supone que estas empresas compiten entre sí y con la oferta de TV satelital para hacer crecer cada una su propia cartera de abonados; sin embargo, esta competencia se produce de una manera muy particular: estas empresas instalaron de forma conjunta el cable con el que operan, tienen prácticamente la misma oferta de señales y cobran los mismos precios. A todas luces estas empresas conforman un cartel, que además juega un rol muy importante en el oligopolio de los medios de comunicación audiovisual vigente en nuestro país.
De hecho, las empresas propietarias de los canales cables y de los canales de aire negociaron de forma conjunta con Antel para lograr que sus señales esten disponibles (solamente en el dispositivo móvil) en la aplicación AntelTV y por este “servicio” obtienen cada uno de ellos más de un millón de dólares al año. También de forma conjunta lograron “arrebatar” para cada uno de sus cables los derechos de transmisión de la Copa América 2024 que DirecTV había adquirido en exclusividad.
Y es que para los capitalistas la competencia es buena si los que compiten son otros. Lo que cada uno de ellos aspira a lograr son beneficios por parte del Estado, comerse a los peces chicos y que les mantengan lejos a los peces que sean más grandes que ellos.
Eso no es capitalismo y libre mercado, sino prebendas y corrupción, sobre todo si quien tiene que controlar mira para otro lado.
Pero la preocupación respecto de la libertad de los mercados y los esquemas de competencia que debería tener el gobierno nacional -a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec)- no es solamente que estos actores (TCC, Montecable y Nuevo Siglo) dejarán de competir entre sí, sino que además pasarán a ser un virtual monopolio, oligopolio ya son, o al menos tendrán un fortalecimiento desmedido de posición dominante, de la TV por cable en Montevideo y captarán una cifra de entre el 50% y el 60% del total de los abonados a la TV para abonados (a través de las modalidades de cable, satelital e inalámbrica) en Montevideo.
Según reveló Preve, el Departamento de Defensa de la Competencia de la Ursec realizó un informe en el que lo que señalábamos más arriba no se consideraba, sino que se utilizaron datos nacionales para el análisis de las eventuales infracciones a la libre competencia, sin considerar que las empresas de TV para abonados tienen licencias con limitaciones territoriales (por ejemplo, las empresas de cable de las distintas localidades de Canelones no pueden operar en Montevideo y viceversa), por lo que no tiene sentido que se analice el mercado nacional, sino que se debió considerar exclusivamente el área geográfica del departamento de Montevideo. El citado informe es una maravilla para justificar que los tres grandes canales se consorcien y compitan deslealmente con Antel y tiene deficiencias técnicas, como la recién citada: analizar un supuesto ámbito nacional cuando los permisos para televisión por cable son departamentales, rayanas con el escándalo.
Una autorización ilegal
Entrevistado para esta nota, el director de la Ursec en representación del Frente Amplio, Pablo Siris, señaló que corresponde tener presente lo dispuesto en diversos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N.º 19.307, que regula a los servicios de comunicación audiovisual, entre los que se encuentran los de TV para abonados.
El artículo 11 establece que el Estado tiene el deber de garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de servicios de comunicación audiovisual, en todos los ámbitos de cobertura, previniendo la formación de oligopolios y monopolios, estableció Siris.
Al mismo tiempo, Siris advirtió que el artículo 51 afirma que los monopolios u oligopolios en la titularidad y control de los servicios de comunicación audiovisual conspiran contra la democracia al restringir el pluralismo y diversidad, por lo que es deber del Estado instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar su existencia y formación, así como establecer mecanismos para su control.
Del mismo modo, el literal U del artículo 68 señala que el Estado debe prevenir y desalentar las prácticas monopólicas u oligopólicas, las conductas anticompetitivas, predatorias o de abuso de posición dominante, por lo que el director frenteamplista considera que el Estado está impedido a autorizar a este consorcio, porque de lo contrario se estaría violando la ley al privilegiar a estas empresas referidas con la conformación de un monopolio en el servicio de televisión para abonados en la modalidad cable o un oligopolio en el servicio de televisión para abonados en el departamento de Montevideo en cualquier modalidad.
El impacto de esta decisión en Antel
La Comisión de Industria, Energía y Minería citó el pasado 9 de julio a la ministra del ramo, . ingeniera Elisa Facio, quien fue muy clara respecto de cómo espera que se conforme el mercado de las telecomunicaciones en nuestro país en adelante: “Desde la entrada en vigencia de la ley de rendición de cuentas del 2021 la Ursec y el Ministerio de Industria, Energía y Minería han otorgado permisos de clase B -es el que se requiere para dar el servicio de internet fijo- a decenas de operadores de cable que lo han solicitado, a esta altura son más de 40. En este nuevo escenario, Antel se encuentra ante nuevos competidores en el mercado de internet fijo, así como ante la oportunidad de un nuevo negocio dado que los cableoperadores deben contratar con un proveedor de internet el servicio que les permita estar conectados a la red global”.
En esa misma comparecencia, la Ing. Annabela Suburú, presidenta de Antel, indicó que “ (…)en servicios de datos, tenemos US$ 475 millones y, en celular, US$ 521 millones. ¿Por qué nos vamos a concentrar en los servicios de ingresos de datos? Porque dentro de los servicios de datos, US$ 400 millones son por acceso a internet residencial. Ese es el grupo de servicios al que nos vamos a referir y a esta cantidad de ingresos que implican hoy para Antel”. La gallina de los huevos de oro, el verdadero negocio del presente y del futuro de las telecomunicaciones en nuestro país y en el mundo y justo ese rubro, el de mayor peso y desarrollo es el que abren a los cables, decían que para ayudar a los cables chicos del interior del país, en realidad, como queda demostrado ahora, es para asegurar el negocio de las grandes empresas, en particular los canales 4, 10 y 12..
El mecanismo por el que este gobierno decide rentabilizar a sus amigos, los empresarios del cable, es otorgarles de modo “imperioso y urgente”, la posibilidad de fusionarse para brindar el servicio de internet y datos reduciendo sus costos y negociando con Antel en función de toda su cartera de abonados, quitándole una significativa tajada (la diferencia entre los precios mayorista y minorista) a esa torta que implican los montos que Antel recauda por concepto de datos residenciales.
Sin necesidad de inversiones (o con inversiones mínimas), sin obligación de competir, reduciendo costos en personal, administración, publicidad, mantenimiento, entre otros, los dueños de los canales 4, 10 y 12 se quedarán con una parte importante de esa torta que hoy recibe Antel, a quien se le pide, insólitamente, que “colabore” con sus competidores.
“Lo que nosotros entendemos -y esto lo hemos manifestado en esta misma Comisión en otra oportunidad en la que participamos- es que estamos en una época en la que las competencias, en muchos casos, son de cooperación. Y nosotros entendemos que ofrecer la infraestructura de Antel a los cableoperadores es bueno para Antel porque está, de alguna manera, siendo un negocio. De lo contrario, se queda fuera del negocio, y los cableoperadores de alguna manera igual van a hacer sus tendidos o a contratar con terceras personas, porque no es solo el tendido, también después tienen que tener una salida a internet, y la salida internacional a internet, que es ese tramo 3, la van a contratar con Antel o con Claro o con MoviStar o con Dedicado o con el que sea, pero con alguien lo van a contratar”, expresó Facio.
En resumen, entregan el principal rubro de Antel, la transmisión de datos a los grandes grupos empresariales nacionales y, directo o indirectamente, a las trasnacionales. Y lo hacen cuando Antel y Uruguay tienen una de las mejores coberturas de internet del mundo y también una muy buena calidad de servicio. Es decir, no hay ningún beneficio para las y los uruguayos, es solamente garantizarles ganancias a los grandes grupos empresariales nacionales y a las trasnacionales.
Los trabajadores en alerta
“Es lamentable lo que viene pasando contra Antel”, señaló el presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones, Gabriel “Chifle” Molina, también a M24.
Entrevistado por el periodista Álvaro Pan, Molina recordó que la ministra actual anunció “con felicidad” el fin del monopolio de Antel el pasado 15 de abril con ocasión de celebrarse en nuestro país a reunión del Comité Consultivo Permanente de Radiocomunicaciones (CCP), organizada por la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (Citel).
“¿Ustedes han visto que Antel haya hecho algo? Cuando Antel accione será tarde y afectará a la economía de la empresa, una competencia feroz contra la estatal y están felices”, añadió.
Molina denunció que todavía restan por cumplir algunos compromisos del poder político al económico y que serán tema de discusión para estos próximos meses, como la cuestión de la fibra óptica o la Ley de Medios. “Es nefasto”, denunció.
Y en agosto, llegará “el paquetón” de cosas a resolver, como la Ley de Medios. Lo hacen como “Jack el Destripador”, parte por parte; pero si se observa todas las acciones juntas, “es un veneno”.
Fueron 800 millones de dólares invertidos desde 2008 para mejorar la conectividad, pero hoy el Estado le ofrece la fibra a los privados que competirán con Antel a través de las herramientas de Antel. Es como que la Coca Cola ofrezca refresco, pero es Pepsi envasada. “Es insólito”, ironizó Molina, porque les darán la fibra y se irán los clientes, señaló la nota de M24.
El próximo gobierno se encontrará con una Antel en retroceso, denunció Molina. Las desprolijidades y disparates de esta gestión deberán revisarse en la próxima administración, con decisiones tomadas para favorecer a los amigos de los medios de los canales privados y las multinacionales como Claro, Movistar y Dedicado.
“Todo a manos de los privados, en todas las empresas públicas, en un marco de un gobierno atropellador que se quiere llevar todo puesto. Pero hay un movimiento sindical serio y maduro que no les va a hacer las cosas fáciles”, finalizó Molina.
Mirando para el costado
Como decíamos el 11 de febrero en la nota “¿A quién beneficia la desregulación?” (https://elpopular.uy/a-quien-beneficia-la-desregulacion/), “el principal objetivo que debería mover al Estado, así como a quienes elaboran las políticas públicas y a los reguladores es la defensa del interés general y no la protección y/o promoción del interés de grupos empresariales. El interés general entendido como el de las personas (o la inmensa mayoría de ellas) que hacen uso de los servicios que se regulan, tanto si estos son en régimen de competencia o a través de un monopolio consagrado por la Ley. Vale decir, lo que debería importar al Estado (y muy particularmente al gobierno nacional) es el bienestar de las personas”.
En esa misma nota alertábamos más adelante: “desde el gobierno nacional se permite la concentración de capital (en su momento, el entonces ministro de Industria y hoy canciller Omar Paganini dijo que era incluso una buena cosa) en el mercado de la carne, en la pesca, en el Puerto de Montevideo, en los medios de comunicación, ahora incluso en los correos privados. Los organismos reguladores deberían controlar este tipo de situaciones, pero eso es imposible cuando quienes los integran en representación del oficialismo han estado vinculados o provienen de las mismas empresas que deberían controlar y su principal expectativa -ante la segura derrota de este gobierno- es volver a trabajar en ellas en cargos aún más altos”.
Foto
Control remoto. Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS
