En una nueva provocación política, antidemocrática por la forma y por el contenido , el general retirado y senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos propuso “reinstalar la ley de caducidad”. No es ninguna sorpresa que Manini Ríos defienda la impunidad, pero eso no lo hace menos grave, no podía quedar sin respuesta y no quedó sin ella.
Manini Ríos se reunió el jueves con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou; el viernes anunció por la prensa que le había planteado reinstalar la Ley de Caducidad, agregó que el presidente estaba de acuerdo. El lunes Lacalle Pou salió tibiamente a aclarar que él no había adelantado opinión, que el tema no estaba en la agenda del gobierno, pero que lo planteaba “un socio importante de la coalición”. El martes los senadores de Cabildo Abierto presentaron en la Cámara Alta un proyecto de ley que restablece la Ley de Caducidad y que incluso va más allá, declara la prescripción de todos los crímenes del terrorismo de Estado.
Decimos que esta nueva provocación política de Manini Ríos y Cabildo Abierto es antidemocrática por la forma porque es un chantaje abierto a sus socios de la coalición de derecha y a toda la sociedad. Miente al adelantar que el presidente ya lo apoya, no es de construir nada, es patotero. En realidad está diciendo a sus socios de la coalición de derecha, y a la sociedad, que por la defensa de sus intereses personales y los corporativos de la base social de su partido, no tiene límites, ninguno.
Es preciso analizar la gravedad del chantaje de Manini Ríos en al menos tres dimensiones: la institucional, la política y la ética. Para ello retomaremos cosas ya dichas, pero que es necesario reafirmar , y agregaremos otras.
En el plano institucional, Manini Ríos plantea restablecer la impunidad total. En una maniobra claramente diversionista, dice que está de acuerdo con que se sigan buscando los restos de los desaparecidos, pero sin consecuencias jurídicas para quienes los desaparecieron, y dejando impunes al resto de delitos de lesa humanidad: los asesinatos políticos, las violaciones a presas y presos, la tortura, los secuestros de niños.
Dice que la Ley de Caducidad fue refrendada dos veces en referéndum. Es cierto. Pero esa afirmación oculta muchas cosas que la relativizan. Esa ley fue parcialmente derogada por otra ley, la 18.831 del año 2011, que se votó para dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de DDHH, que obligaba al Estado uruguayo a hacerlo. En su sentencia del caso Gelman, la CIDH consideró que “el Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, al carecer de efectos jurídicos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos”.
Si se reinstalara la Ley de Caducidad como pide Manini Ríos, Uruguay violaría una sentencia expresa de la Corte Interamericana y entraría en contradicción con toda la legislación internacional y los convenios firmados por nuestro país.
Y aquí no vale el nacionalismo impostado y conservador, tan caro a Manini Ríos y sus cabildantes; así como las dictadura uruguaya no tuvo nada de nacionalista y formó parte de una estrategia del imperialismo yanqui, Plan Cóndor y ainda mais mediante; la impunidad también es un estrategia común de todos los represores y sus defensores en el continente. Pero no hay solo razones de legislación internacional. La Suprema Corte de Justicia, por primera vez en el caso de Nibia Sabalsagaray en el año 2009, y luego en decenas de casos, declaró inconstitucional a la Ley de Caducidad. Es decir, que Manini Ríos plantea restablecer una Ley declarada decenas de veces inconstitucional.
La Ley de Caducidad obligaba al Poder Judicial a solicitar la autorización del Poder Ejecutivo para investigar o no un caso. Hay pocas cosas tan claramente inconstitucionales como someter al Poder Judicial a la discrecionalidad política del Poder Ejecutivo, violando escandalosamente su independencia.
Es mentira que volver a reinstalar la Ley de Caducidad, bien bautizada popularmente como Ley de Impunidad, porque eso es, para eso fue creada y a eso condujo su aplicación, restablezca el Estado de derecho. Lo que restableció el Estado de Derecho fue la derogación de la Ley de Caducidad, Manini Ríos quiere volver a debilitarlo y deformarlo.
Este planteo es la culminación de una campaña de ataques al Poder Judicial y a la Fiscalía, quiere evitar que haya sentencias en los más de 50 pedidos de procesamientos pendientes y en las 300 causas judiciales abiertas. Y quiere también defenderse él personalmente, quiere asegurarse que no haya votos para el desafuero y no tener que comparecer ante la justicia. En la campaña electoral dijo que no se ampararía en los fueros, en eso también mintió.
Manini Ríos atacó a la Justicia como Comandante en Jefe del Ejército, e incluso la obstaculizó, por ello fue primero sancionado y luego destituido. Ya como senador, él y su partido lo han hecho repetidas veces. Además también atacaron al fiscal Jorge Díaz y pidieron al presidente Lacalle Pou su destitución.
En estos días vuelve a hablar de “jueces prevaricadores”, en un ataque peligroso y condenable a un poder del Estado. Es mentira que los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado violen ningún derecho. Los acusados son juzgados con todas las garantías que no tuvieron sus víctimas.
En el plano político, no es verdad que Manini Ríos y Cabildo Abierto no hayan defendido dictaduras ni a torturadores. Fue él quien ocultó revelaciones de José Nino Gavazzo y Jorge Silveira. En el Senado, y por su propia boca, reclamó que no se procesara más a represores acusados de desapariciones, asesinatos, tortura, violaciones y secuestros de niños.
Son públicas y notorias las manifestaciones de integrantes de Cabildo Abierto reivindicando la dictadura. Y también lo es que Eduardo Radaelli, dirigente de Cabildo Abierto, fue procesado por el asesinato de Berrios y su vinculación con la policía política de Pinochet; que Antonio Romanelli, asesor de seguridad de Cabildo Abierto, fue carcelero del Penal de Libertad durante la dictadura y ahora se supo que un candidato a intendente de Cabildo Abierto es uno de los presuntos implicados en el secuestro, tortura y asesinato de Vladimir Roslik.
Reiteramos, esta propuesta de Manini Ríos, que como señalamos se inscribe en una campaña sostenida, busca presionar al Poder Judicial para frenar los procesamientos y también, protegerse personalmente de la acción de la justicia.
Y quiere marcar la cancha a la interna de la coalición de derecha, antes de las elecciones municipales, de la votación del Presupuesto y durante la crisis del Partido Colorado provocada por la renuncia a la política de Ernesto Talvi. El chantaje, que siempre conlleva una amenaza, es la manera de hacer política de Manini Ríos y Cabildo Abierto.
Esta ofensiva a la descubierta busca correr a la coalición de derecha más a la derecha aún, disputar votos y liderazgo. Pero a la vez deja expuesto el método y el contenido, el programa, por decirlo de alguna manera, de Cabildo Abierto. Este sector político presentó dos proyectos de ley: uno para intervenir y reglamentar a los sindicatos y otro para restablecer la impunidad. Esas son sus prioridades.
Y que conste que en estas páginas no abonamos el antimilitarismo vulgar, estamos en contra del fascismo y de los fascistas, con uniforme y sin él, no de los militares. Es otra gran mentira que Cabildo Abierto represente a la denominada “familiar militar”. Representa a los impunes de ayer, a los que quieren serlo hoy y a los que quieren serlo mañana.
En el plano de la ética, reinstalar la Ley de Impunidad, como plantea Manini Ríos, implicaría un triunfo de la mentira sobre la verdad. En todas las causas judiciales se demostró que las versiones armadas por la dictadura, y sostenidas como verdad oficial por más de 40 años, eran mentira. Durante 40 años, amparados por la impunidad, mintieron y la propuesta de Manini Ríos, de reinstalar el principal instrumento jurídico que les permitió hacerlo, haría perpetuar la mentira.
La propuesta de Manini Ríos implicaría un grave retroceso democrático. Pero tiene un problema, esta sociedad uruguaya no es la misma de 1986, ni la misma que en el 2009. Cientos de miles de uruguayas y uruguayos pudieron comprobar, con hechos, que quienes defendían y defienden la impunidad mintieron siempre.
Entramos a los cuarteles y encontramos a Fernando Miranda, a Chaves Sosa, a Julio Castro, a Ricardo Blanco y a Eduardo Bleier. Probamos que era mentira que Nibia Sabalsagaray se había suicidado, que Julián López se había suicidado, que no habían secuestrado y desaparecidos niños. Muchos más saben hoy lo que pasó, eso se expresa masivamente en cada 20 de Mayo.
Ya ha tenido respuesta, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de abogados y constitucionalistas, de organizaciones populares y de Derechos Humanos, del Frente Amplio y del Partido Independiente, incluso de algunos dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado. Es una necesidad democrática que respondan sus principales socios en la coalición de derecha. Es necesario que el chantaje no se imponga como método político.
En todo caso, sepa el general Manini Ríos que no le será fácil, nada fácil. Porque tenemos memoria, y como tenemos memoria no hay olvido, y como no hay olvido, no habrá impunidad, tendremos verdad y justicia, porque estamos hoy, más que nunca, dispuestos y dispuestas a luchar por ellas.
