Por Yamila Maciel (*)
La Ley de Urgente Consideración (LUC) establecía en su primer borrador la desmonopolización de la Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Pórtland (ANCAP), pero fue sustituido por tres artículos nuevos (art 235, 236, 237), redactados principalmente por el sector Ciudadanos del Partido Colorado.
Los herreristas históricamente han querido desmantelar las Empresas Públicas y el acceso a derechos universales para la población, por considerarlos gastos innecesarios que “entorpecen” el libre funcionamiento del “mercado”, como si este fuera una entidad autónoma de las relaciones de clase y no fueran ellos mismos quienes actúan allí con el único objetivo de obtener ganancias a costa de las condiciones de vida de las personas. Por eso es que ingresaron esta LUC pisando los derechos adquiridos de la población uruguaya, sobreponiendo los intereses de una minúscula oligarquía concentradora de rentas agropecuarias.
De todos modos, varios aportes del FA fueron rechazados y la nueva propuesta de artículos tampoco suprime la idea de la destrucción de las Empresas Públicas, siendo muy consecuentes con un proceso de desmantelamiento de ANCAP.
El artículo 235 refiere a la Aprobación de los precios de los combustibles, y establece que el Poder Ejecutivo (PE) fijará los precios máximos con informe preceptivo de la URSEA (Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua) -rol que no tenía antes y ahora tendrá, con mayor participación en su incidencia- e informe de ANCAP. El 236, plantea una Revisión de los Precios de Paridad de Importación (PPI), revisión integral de la metodología de cálculo, dándole potestades considerables a la URSEA. El 237, la Reforma del mercado de petróleo crudo y derivados, encomienda al PE realizar una propuesta de revisión del mercado de combustibles en todos los aspectos de su cadena. Finalmente, en febrero 2021 se elevó esta propuesta, la cual no sólo no profundiza en los puntos solicitados en el artículo, sino que se extiende en realizar supuestas valoraciones “técnicas” a partir de opiniones de distintos sectores pertenecientes a las cadenas, casualmente no precisamente de ANCAP sino de estacioneros y productores agrícolas.
Todo este panorama nos coloca en un terreno difícil de abordar dada la falta de transparencia por parte del gobierno con la ciudadanía uruguaya.
Medidas implementadas
Repasemos algunas medidas que ha llevado adelante el gobierno en este primer año. Tenemos la variación del tipo de cambio y su impacto en la compra de crudo, la suba de recaudación mediante IMESI que reduce los ingresos de ANCAP, la reducción en inversiones necesarias para el ente, recorte de puestos de trabajo que nos deja en un mínimo preocupante si miramos por lo menos los últimos dos períodos, PPI irreales de referencia, en fin, que búsqueda de la eficiencia más perversa.
Precios Paridad de Importación
Los PPI, mecanismo utilizado por el gobierno de turno como supuesta vara de eficiencia para los precios de los productos derivados del petróleo, supone que estos deberían reflejar los costos teóricos de un eventual importador instalado en Uruguay. De esta forma, se pone a prueba la actividad de refinación llevada a cabo por ANCAP, que en 2018 generó valor por 124 millones de dólares frente a un posible importador, es decir, demostró que refinar cuesta menos que importar.
Ahora bien, los PPI que presenta la URSEA reflejan varias carencias metodológicas y de valores asignados, no reconocen los costos reales de fletes, no reconocen márgenes de ganancia fundamentales en un negocio de estas características, no reconocen los inventarios suficientes y necesarios para garantizar un suministro estable – no cumplen con esto a pesar que ellos mismos lo establecen en el articulado-, y no reconocen los costos de infraestructura necesarios para almacenar los productos. ANCAP presentó en dos oportunidades recursos de revocación y anulación al respecto, votados en unanimidad por el directorio. Este grave error en la subevaluación de los PPI respecto a los valores reales significa en el entorno de 100 millones de dólares de pérdidas anuales para ANCAP.
Quizás la discusión no necesariamente debería pasar por este punto, que además no admite discusión porque los datos están, sino por valorizar el rol que ocupa una empresa pública como ANCAP en el país. Sobre todo, en referencia a las garantías soberanas de contar con combustible de calidad de forma continua sin inconvenientes de abastecimiento y a un precio ex planta óptimo, el aporte en materia de soberanía energética, en la industria, el transporte, los hogares, y a la energía eléctrica. Esto ni siquiera debería estar en cuestión, siendo una economía dependiente con un capitalismo deformado donde dependemos mayormente de las materias primas, se debe apostar a un desarrollo productivo menos dependiente y con justicia social. Quizás para quienes pensamos en la sociedad uruguaya toda y no sólo en un reducido grupo oligárquico esto es muy claro. Abastecer la demanda nacional con productos de calidad y de forma segura es una prioridad.
Distribución de los productos
Concretamente lo que atañe a la distribución del combustible incluye varios actores, entre ellos distribuidoras y estacioneros. Las llamadas distribuidoras son las encargadas de llevar el combustible desde las plantas de distribución hacia las estaciones de servicio, y para ello ANCAP aplica un modelo matemático que permite de forma global calcular la asignación óptima de los fletes hacia las estaciones de servicio, teniendo en cuenta las plantas de distribución, los caminos y el tiempo de traslado. Con la nueva propuesta del Ejecutivo puede entreverse que se lo quieren dejar a un privado y que ANCAP no se haga cargo de ello sino sólo de la refinación, y esto último si tiene un poco de suerte. Entonces, esto provocaría que los precios de los combustibles ya no serán los mismos en todas partes del Uruguay como sucede ahora y el proceso iniciado en las administraciones anteriores de la optimización de la distribución secundaria, desaparecería. Tampoco habría intenciones de reducir los márgenes de distribuidoras y bonificaciones de estaciones -que forman parte de los costos de la distribución secundaria-, proceso que las Administraciones del Frente Amplio habían iniciado al reducirlos en el entorno del 10%.
Sobre los distintos subsidios a diferentes combustibles, importa resaltar la importancia del existente en el supergás, siendo un combustible utilizado por muchos hogares para calefacción y cocción, población mayormente hoy afectada por la pandemia, situación que se profundiza por la ausencia del gobierno en dar respuestas concretas. Respecto al fideicomiso del boleto, tiene impacto directo en el costo de transporte para un amplio sector de la sociedad, y si bien puede ser perfectible, hoy las urgencias son otras, la vida de muchas personas, el hambre, el acceso a derechos básicos: ¿hasta cuándo van a jugar con eso?
Si nos lo planteamos desde la perspectiva de beneficios para el Uruguay y, por lo tanto, para las amplias mayorías de este país, la defensa de las Empresas Públicas y su rol productivo y social debiera ser la bandera. En el corto plazo, el camino sería defender el proceso de refinación óptimo que lleva adelante ANCAP, así como aumentar la participación de DUCSA y reducir las bonificaciones a estacioneros (sobre todo los concentradores de ganancias). Pero, quienes gobiernan hoy no tienen dicha perspectiva, sino que otros objetivos en representación de la oligarquía agroexportadora concentradora de rentas.
En definitiva, ¿hacia dónde vamos?
Respecto a la propuesta del MIEM referida a la regulación del mercado de combustibles, no demuestra más que intereses políticos favorecedores de los actores privados de dicha cadena, y es sobre esta única concepción que desarrolla cada aspecto. Quizás su propuesta debería llamarse desregulación del mercado de combustibles.
Sobre la suba del combustible, ¿no se suponía que estos bajarían? ¿existe alguna previsibilidad? La realidad es que no, no sólo han subido las naftas en enero 2021, sino que se prevé aumentarán mensualmente los combustibles a partir de abril según decreto del MIEM, pero aún nada se sabe del cómo, mera improvisación por lo pronto. Brevemente, si hacemos una comparación de cuántos litros de combustible era posible comprar con un salario mínimo previo a este gobierno con cuántos podemos comprar ahora, notamos que venía en ascenso dicho número y sin embargo a partir de este año esta tendencia se frenó e incluso descendió, y hoy las naftas son más caras ¿qué fue lo que pasó? El gobierno no cumple con sus promesas, subestimando a la población.
Sobre las cuentas de ANCAP, la actual administración hasta ahora se ha favorecido de lo que dejó el gobierno anterior, una caja de 200 millones de dólares, una ganancia de 55 millones de dólares por concepto de coberturas de tipo de cambio realizadas en 2019, ventas de combustibles a UTE. La situación en la que nos encontramos hoy en términos financieros es muy grave. Las limitaciones desde OPP en términos de inversiones y llenado de vacantes, desde el MEF en términos de aprobación de coberturas necesarias, y desde MIEM no cumpliendo con los términos de fijar los precios mensualmente como lo estipula el Decreto que reglamenta la LUC, enmarcan una proyección aún más restrictiva para ANCAP.
Los PPI no reflejan los costos reales de la instalación de un posible importador, es decir que no se pueden usar como referencia. Está comprobado que la refinería genera valor al país y por eso es más conveniente que importar.
Las decisiones que ha tomado y pretende tomar este gobierno no hacen más que poner en riesgo el abastecimiento de combustibles, el cumplimiento con la demanda nacional, y la soberanía energética y productiva del país y, por lo tanto, soberanía popular.
La defensa de las Empresas Públicas es imprescindible.
(*) Integrante del equipo de “Valor!!”.
