Hugo Guzmán Rambaldi (*)
El pasado 7 de mayo, se produjo en Chile un significativo triunfo de la extrema derecha, nunca visto en su historia política contemporánea, que le permitió, a través de su representación orgánica -el Partido Republicano- obtener absoluta mayoría en el Consejo Constitucional que redactará la nueva Constitución, con un total de 23 consejeras y consejeros, acumulando algo más del 35% de la votación.
Con eso, la ultraderecha, sumado a los consejeros de la derecha tradicional, tiene los 3/5 para, nada más y nada menos, comandar e incidir de manera determinante en el nuevo texto constitucional chileno que debe quedar listo para otro plebiscito a mediados de diciembre próximo, donde el electorado deberá Aprobar o Rechazar una nueva Carta Magna.
Las fuerzas progresistas, socialdemócratas y de izquierda -representadas en los partidos Comunista, Socialista, del Frente Amplio, Acción Humanista y Liberal- llegaron a 16 consejeros, con el 28% de los sufragios. Esto las dejó debajo de los 2/5 necesarios para vetar contenidos o gravitar en el texto de la nueva Carta Fundamental.
Es un misterio/desafío qué podrán hacer ante la contundencia de la extrema derecha y la derecha en el Consejo, salvo saber que defenderán posiciones transformadoras, reivindicarán derechos y una democratización del sistema institucional.
Los socialdemócratas partidos Por la Democracia y Radical, y el Partido Demócrata Cristiano tuvieron un pésimo resultado, sin elegir un solo consejero, con porcentajes no más arriba del 3%, demostrando el fracaso de su tesis de ir solos y no aliados con la otra lista oficialista.
Así las cosas, los sectores conservadores quedaron prácticamente sin contrapesos en el Consejo Constitucional, lo que abre una incertidumbre sobre en qué terminará esta nueva Carta Magna, al punto que algunos hablan de que podría ser una Constitución pinochetista 2.0.
Obviamente que ante esos resultados se abrió un debate sobre las razones/condiciones que generaron el triunfo ultraderechista que, por cierto, se consolidó en sectores poblacionales pobres, populares y rurales, además de en los niveles socioeconómicos altos.
En una síntesis apretada, se podría concluir que en Chile se instaló la tríada crisis migratoria-delincuencia-extrema derecha, un fenómeno vivido en otros países latinoamericanos y europeos y que permitió el avance político-electoral de las orgánicas ultraconservadoras.
No pocos analistas indicaron en estos días que en esta elección para elegir a consejeros y consejeras constitucionales de lo que menos se habló fue, precisamente, de ideas/proyectos constitucionales, sino que estuvo cruzada por el tema migratorio, el alza de la delincuencia e impactos del narco y el crimen organizado, y la notoria alza del costo de la vida.
Todo eso, se apunta, fue capitalizado/manejado por el Partido Republicano con habilidad, certezas y relatos “del sentido común”. Claro, también se señalan las falacias, tergiversaciones y “fake news” surgidas desde ese sector.
Ahora las interrogantes/incertidumbres están en cuánto estará dispuesta la extrema derecha a negociar y acordar, para no imponer su doctrina en el nuevo texto constitucional. Desde las colectividades de la derecha tradicional le están planteando al Partido Republicano no adopte una actitud rígida ni extrema, que abra el abanico temático para “lograr una Constitución para todas y todos”, apelando inclusive a que, si los ultraconservadores imponen sus tesis, en diciembre podrá ganar el voto Rechazo al nuevo texto.
En los sectores progresistas y de izquierda se reconoce que el escenario es complicado, aunque reiteraron que seguirán en el proceso constitucional y que, por ahora, no están pensando en el Rechazo.
Incide en eso un dato no menor: dos millones de votos nulos, que junto a los sufragios blancos representan el 21% del electorado, a sabiendas que en esos dos millones hay un alto porcentaje de base política de izquierda.
Nadie descarta, así las cosas, que en el plebiscito las fuerzas progresistas y de izquierda vayan dividas entre quienes deseen aprobar la nueva Constitución o rechazarla, sobre todo si el contenido es similar o peor que la actual Carta Magna heredada de la dictadura civil-militar.
Como sea, todo indicaría, como lo afirman analistas y personeros políticos, que en Chile se consolidó un nuevo ciclo político, iniciado con la revuelta social, y donde el electorado y las fuerzas sociales/electorales han oscilado pendularmente.
Un nuevo período con efectos estratégicos donde, al parecer, se requieren de nuevas tesis, nuevas agendas, nuevas repuestas, nuevos relatos y hasta recomposiciones del mapeo político, alianzas y construcciones de alternativas.
(*) Periodista. Director de El Siglo (Chile). Exclusivo para EL POPULAR.
Foto de portada:
Contabilización de votos por parte del SERVEL (corte electoral chilena).
