Frena justicia británica protocolo antiprotestas de los conservadores

El otorgamiento del gobierno británico de un poder “casi ilimitado” a las fuerzas policiales para actuar ante protestas fue declarado ilegal por la Alta Corte británica.

Como parte del dictamen, consignó Página 12, “la corte ordenó revocar las medidas que la entonces ministra del interior, Suella “la dura” Braverman, llevó adelante en junio de 2023”.

Las medidas adoptadas en 2023 por la entonces ministra del Interior tuvieron como contexto “una serie de manifestaciones por el cambio climático”, en momentos en que los conservadores intentaban “recobrar la popularidad perdida tras 14 años de ajuste y deterioro de las condiciones de vida”.

Una de las medidas de la ex ministra, recuerda el medio de prensa, fue reducir “el umbral de la intervención policial en protestas de los graves desmanes”, definidos por una ley de 1986 “a cualquier cosa que pudiera ser considerada un poco más que una mínima perturbación del orden”.

“En su dictamen”, reseña el medio de prensa, “los jueces Nicholas Green y Brian Kerr de la Alta Corte de Londres señalaron que esta redefinición del concepto de perturbación hasta equipararla con cualquier cosa que es normal o cotidiana era contraria a la legislación aprobada en el parlamento”.

Los jueces concluyeron que «el efecto de este dictamen es que la regulación gubernamental es ilegal».

Ante este dictamen el gobierno anunció que apelará lo resuelto por la Alta Corte, lo que supone que el caso pase a la máxima instancia judicial, la Corte Suprema, que deberá resolver en el tiempo más breve posible.

Lo resuelto por la Alta Corte fue definido por la directora de «Liberty», Akiko Hart como “una gran victoria para la democracia”.

“Este dictamen”, dijo Hart, “deja en claro que el gobierno no puede transgredir la ley cuando le resulta conveniente. Todos tenemos derecho a manifestarnos sobre los temas que consideramos importantes y es fundamental que el gobierno respete este derecho”.

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