Día a día vemos con preocupación cómo, las diferencias de precios existentes con los países vecinos y especialmente con Argentina, vienen afectando a los comerciantes de los departamentos limítrofes. La situación no es nueva y seguramente -si vamos a las razones de fondo- podríamos hablar de las grandes asimetrías existentes entre nuestra economía y la de los vecinos. Tal vez, terminaremos concluyendo que gran parte del asunto se deba a lo rezagado que ha quedado el proceso de integración regional y a la falta de políticas macroeconómicas y comerciales comunes de todos los países del MERCOSUR. Lo hemos dicho reiteradamente, el peor obstáculo del proceso de integración regional parte de las asimetrías entre los países y la carencia de programas comunes de desarrollo.
Pero, esas razones de fondo -que sin duda debemos atacarlas desde todo el sistema político- no deben distraernos a la hora de enfrentar la dura coyuntura que están atravesando los comerciantes de la frontera y en particular, los que se ubican en el litoral del Río Uruguay. Resulta evidente y no lo ve quien no quiere verlo: cada vez se vuelve más difícil la supervivencia de los comercios de frontera, que no pueden competir con sus pares de Argentina y Brasil. En esta coyuntura, debemos concluir que un comercio de frontera no debería recibir el mismo trato -por parte del Estado- que un comercio de la capital o de otra zona del país.
El Estado es quien debe atender esta situación y priorizar la conservación de la cadena comercial en los departamentos de frontera, garantizando así, por vía indirecta, el mantenimiento de los puestos de trabajo, los cuales terminan perdiéndose por efecto directo del cierre de los comercios. No resulta aventurado afirmar que la situación ya no da para más y que deben pensarse políticas activas que le permitan a los comerciantes, (en especial a los pequeños y medianos), sobrevivir a esta situación provocada por la asimetría de precios. Los consumidores de los departamentos de frontera deben volver a comprar en los comercios nacionales, pero para eso debemos combatir las asimetrías y es el Estado quien tiene esa responsabilidad.
¿Qué podemos hacer al respecto? Es una buena pregunta y entiendo que es posible asumir medidas a corto y mediano plazo. Pensando un poco más allá de lo inmediato, debemos discutir la creación de zonas económicas especiales para el desarrollo de la frontera. Resulta evidente, (imitando otras experiencias que se han desarrollado en otros países), que la frontera necesita un trato diferencial y especial respecto del resto del país.
Pensemos en lo que sucede, por ejemplo, en el departamento de Rivera, donde la economía presenta una fuerte dependencia de los free shops. Dicho con otras palabras, lo que sucede en los hechos es que la actividad económica termina dependiendo de las exoneraciones provenientes del Estado. El mismo problema de la competitividad se ha dado en otros sectores de la economía, que, dada la cercanía con la frontera, han tenido que cerrar.
En esta coyuntura, para consolidar una plataforma que facilite las exportaciones y -eventualmente- las importaciones en las zonas de frontera, se deben crear las condiciones jurídicas para el libre flujo de las mercaderías y personas. En este sentido, la idea que debe impulsarse es la creación de esas zonas económicas especiales, que se adapten a las condiciones particulares que tiene la frontera. Por supuesto que este proyecto debe analizarse detenidamente, considerando todos los aspectos, (a favor y en contra), pero sin más demoras.
Devolución de impuestos a consumidores
Otro asunto preocupante -que debe atenderse de manera urgente- es la problemática de los departamentos del litoral del Río Uruguay. El problema de la competitividad con los comercios argentinos, así como la diferencia de cambio, están destruyendo a los comerciantes de dichos departamentos. Entendemos que es posible aplicar medidas inmediatas que puedan sobrellevar o aliviar esta situación desesperante.
Vayamos primero a los recursos que hoy contamos. Actualmente contamos con herramientas mucho más eficientes para encarar políticas tendientes a rebajar el precio que pagan los consumidores. Existen numerosos mecanismos que permiten implementar políticas de devolución de impuestos, sin caer en la evasión fiscal. Por ejemplo, instrumentos electrónicos de pago para devolver el IVA, devoluciones personalizadas que se pueden instrumentar (por ejemplo, jubilados que se identifiquen con su cédula en la compra; diferenciación en el territorio para compras en comercios con domicilio en zonas de frontera, etc.).
Estas políticas podrían instrumentarse hoy gracias a la implementación de un sistema inteligente que permite identificar las compraventas a través de los medios electrónicos. Medidas implementadas durante los quince años de gobierno frenteamplista y que hoy, con voluntad política, podrían ser un significativo aporte para equilibrar la asimetría de precios que tanto daño le hace a los comercios de frontera.
Vayamos a problemas prácticos.
La rebaja del IMESI en estaciones de frontera se ha logrado de forma eficiente con compras con tarjeta, sin embargo, para combatir los precios de los productos ahora se optó por reducir costos de impuestos de los pequeños comerciantes (aportes patronales de BPS e impuestos fijos a DGI) y luego a superficies más grandes. Pero esto -per se- no garantiza la rebaja de precios, lo que hace en todo caso es mejorar la rentabilidad de los comerciantes, sin que necesariamente alcance a los consumidores.
Además, no todas las situaciones son iguales, y la cuestión se vuelve mucho más crítica para alguna canasta de productos en particular. Ese es un aspecto que debería analizarse, tomando en consideración qué tipo de producto debe atenderse. Por tanto, un error sería rebajar los aportes e impuestos de los comerciantes para garantizar una rentabilidad mínima. No parecería ser esa una solución eficiente ya que se podría prestar para la especulación con los precios.
Entonces ¿qué podría hacerse al respecto? Una idea sería implementar la devolución de un porcentaje del IVA o IMESI directamente al consumidor final. No al comerciante. Esta medida podría aplicarse a una determinada canasta de productos para hacerlos competitivos, y que llegue directamente a los consumidores residentes en las zonas de frontera que se decida asistir.
La devolución se le haría a la persona consumidora a través de un instrumento de pago electrónico (tarjeta de débito, crédito o transferencia). Este procedimiento asegura una baja real del precio pagado por el consumidor, operaciones comerciales en un mercado transparente y legal (no en negro) y consumo en los comercios del lado uruguayo de la frontera. El mismo modelo que se aplica para el IMESI en los combustibles en las estaciones de nafta de frontera. Si paga con tarjeta se le devuelve una parte del IMESI y queda el precio más bajo. Es una medida que asegura que el pago por concepto de devolución sea entregado directamente al consumidor, y que no haya abusos por parte de ciertos comerciantes que en su afán de obtener mayores ganancias, podrían no verse incentivados a bajar los precios.
En resumen, es posible atacar el problema, pero se necesita poner voluntad e ideas al servicio de la población, que son los que más están sufriendo esta coyuntura. Gobernar es hacerse cargo y plantear una solución ante cada problema. En un contexto donde se nos acusa injustamente de ser un oposición destructiva y sin propuestas, tomaremos una vez más la iniciativa para buscar las mejores soluciones para quienes más están sufriendo.
Esta es la obligación de una fuerza política que ha demostrado con creces ser una alternativa seria para gobernar el Uruguay.
A eso aspiramos…
Dr. Charles Carrera Leal, Senador de la República / MPP – Espacio 609 – Frente Ampl
