Este miércoles 17 de abril el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, autorizó con su firma la creación de un consorcio para que los tres canales cable de Montevideo, propiedad de los Canales 4, 10 y 12, actúen como una sola empresa para la venta del servicio de televisión por abonados y la venta de internet, es decir para que le compitan a ANTEL.
Lacalle Pou, una vez más, accedió a un reclamo expreso de grupos empresariales poderosos para mejorar su negocio y su rentabilidad. La conformación de este consorcio no implicará ningún beneficio para las y los montevideanos, ni en mejora de la oferta de programación televisiva, ni el precio del servicio; ni en la penetración o cobertura de internet o en el precio de esta, solo servirá para que los Canales 4, 10 y 12 aumenten sus ganancias. Esta medida también implicará un duro golpe a ANTEL que se expone a perder clientes en el área de mayor concentración de población y en el rubro de mayor desarrollo actual y hacia el futuro, la transmisión de datos.
La autorización de Lacalle Pou es altamente inconveniente, pero además es ilegal, porque incumple con las disposiciones anti monopolio y anti oligopolio de varios artículos de la Ley 19.307 de Servicios de Comunicación Audiovisual vigente.
La historia de esta autorización del presidente Lacalle Pou, tiene varias perlitas que es conveniente explicitar. Se supone que estos tres canales cable compiten entre sí y con las otras empresas que brindan el servicio en Montevideo, pero la competencia es muy singular, siendo generosos. Las tres empresas comparten el cableado, repiten buena parte de la programación y tienen básicamente los mismos precios. ¿Curiosa forma de competir verdad? En realidad, siempre actuaron como un cartel empresarial y este pedido de conformar un consorcio lo confirma plenamente.
¿Si siempre actuaron así y negaron ser una sola empresa, por qué ahora quieren consorciarse? El argumento es que el modelo de negocios de la televisión por cable está mutando debido a la competencia de otras modalidades de televisión por pago y de los servicios de streaming que han hecho bajar la cantidad de abonados. Eso es lo que dijeron los tres canales en su solicitud y lo que repitieron la ministra de Industria y las presidentas de ANTEL y de la URSEC en el Parlamento.
Es una verdad a medias, es cierto que la competencia de nuevas formas de venta de contenidos de televisión ha recortado la cantidad de abonados a los canales cable, desde el año 2018 los abonados pasaron de 733.000 a 496.000, pero también es cierto que los niveles de facturación no se redujeron en la misma proporción.
En realidad, la recaudación de los tres canales cable de Montevideo está muy lejos de mostrar una crisis. Según la URSEC, con datos a diciembre de 2023, la facturación promedio mensual por usuario de los canales cable es $ 1.936. Los tres cables de Montevideo, propiedad de los canales 4, 10 y 12, tienen 92.000 abonados, lo que nos da un ingreso conjunto aproximado de 4.550.000 dólares mensuales, o cerca de 54.600.000 dólares anuales.
Lo que están reclamando los grupos económicos dueños de los canales de televisión abierta y de los cables de Montevideo es que se les asegure que van a incrementar sus ganancias y el nudo para ello es vender internet.
Los grupos económicos propietarios de los canales abiertos y por cable reclamaron medidas para proteger el negocio, estas incluyeron la derogación de la Ley 19.307 de Servicios de Comunicación Audiovisual, votada en los gobiernos del Frente Amplio y, sobre todo, que se les permitiera vender internet y competir con ANTEL.
La derogación de la ley y la sustitución por otra hecha a su medida fue casi un mandato y el gobierno de la coalición de derecha actuó en consecuencia. En abril de 2020, junto con la LUC, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley, que en realidad es un plan de negocios para los empresarios de la comunicación. En la defensa de ese proyecto de ley hubo un involucramiento personal de Lacalle Pou, el entonces secretario general de la presidencia y hoy candidato presidencial del Partido Nacional, Álvaro Delgado y el entonces ministro de Industria y hoy canciller Omar Paganini. Este último fue el más sincero, dijo: “El negocio está en jaque y hay que ayudarlo”.
La firme posición de SUTEL, del Frente Amplio, de las organizaciones de defensa de la libertad de expresión y de la UDELAR han impedido hasta ahora que la derogación total de la Ley 19.307 se concrete. Pero en el proceso los empresarios mediáticos y las trasnacionales obtuvieron una victoria: mediante la Rendición de Cuentas 2021 lograron la derogación de un artículo de la Ley 19.307, el que prohibía que quienes tuvieran licencia para televisión vendieran internet y viceversa.
Dijeron que era para salvar a los pequeños cable operadores del interior del país y también para llevar internet a los pocos lugares del país donde todavía no se ha llegado. Todo esto en un país que tiene, gracias a ANTEL y sus inversiones, una de las penetraciones de internet y de fibra óptica mejores del mundo.
La vida ha demostrado la falsedad de los argumentos. Quienes ahora se consorcian para competir con ANTEL son los grupos económicos más poderosos del sistema de comunicación y no piensan ni por un segundo en invertir para ampliar la cobertura, que en Montevideo es casi absoluta, si no, como alertamos y denunciamos, usar la red de fibra óptica de ANTEL para competirle y quitarle usuarios.
El nuevo consorcio tendría más de un 60% del mercado de cable de Montevideo y desde esa posición podría, usando la infraestructura de ANTEL, competirle a la empresa estatal en el rubro de mayor desarrollo, la transmisión de datos, que implica casi 500 millones de dólares anuales.
Esto, que es un disparate desde el punto de vista democrático, político e incluso de la administración de los recursos públicos, es también ilegal.
Hay tres artículos de la Ley 19.307 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que Lacalle Pou incumplió al firmar la autorización para este consorcio. El artículo 11 establece que el Estado tiene el deber de garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de servicios de comunicación audiovisual, en todos los ámbitos de cobertura, previniendo la formación de oligopolios y monopolios. El artículo 51 sostiene que los monopolios u oligopolios en la titularidad y control de los servicios de comunicación audiovisual conspiran contra la democracia al restringir el pluralismo y diversidad, por lo que es deber del Estado instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar su existencia y formación, así como establecer mecanismos para su control. Finalmente, el literal U del artículo 68 señala que el Estado debe prevenir y desalentar las prácticas monopólicas u oligopólicas, las conductas anticompetitivas, predatorias o de abuso de posición dominante.
Es imposible sostener que la conformación de un consorcio que acapara el 60% del mercado de televisión cable no entra en contradicción con estas disposiciones de la Ley 19.307, que sigue vigente, aunque al gobierno y a los empresarios de los medios no les guste.
Cuando se trata de medios de comunicación y del acceso a internet, no estamos hablando de un negocio, estamos hablando del derecho a la información y la libertad de expresión, que son dos derechos humanos fundamentales, individuales de cada ciudadano y colectivos de toda la sociedad. Eso es lo que hay que preservar. Y eso no se hace cuando se beneficia solamente el interés privado y comercial y mucho menos si se aumenta la concentración y se facilita que las empresas más poderosas usen sin disimulo su posición dominante.
Estos son los aspectos más importantes para rechazar la bendición de Lacalle Pou al plan de negocios de los grandes grupos económicos de los medios para Montevideo.
Pero hay uno más, esta medida a favor de los grandes grupos económicos de la televisión no es una cosa aislada. Este gobierno les dio a los Canales 4, 10 y 12 más de 3 millones de dólares anuales, por tener sus señales en ANTEL TV, acuerdo comercial absurdo, sin ningún beneficio para ANTEL. También año tras año, por decreto, el presidente Lacalle Pou exoneró a los Canales 4, 10 y 12 de pagar el canon establecido en la Ley 19.307 y les otorgó, cambiando los términos del llamado en el medio del proceso, la totalidad de los recursos del Fondo de Apoyo a la Producción Audiovisual Nacional Sustentable (FAPANS).
No se puede gobernar para los socios y solo tomando en cuenta los intereses de los poderosos. No se puede en cada decisión concentrar la riqueza y el poder. Pero eso es lo que han hecho una vez más Luis Lacalle Pou y el gobierno de derecha.
