EL POPULAR en Radio conversó el día de hoy con Gustavo Leal,ex director de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, quien habló sobre las propuestas sobre Seguridad en la LUC, cómo impacta en el desarrollo de la actividad policial y sus funciones.
Leal explicó que «es la primera vez que hay una ley de urgente consideración que tiene tantos artículos y tan variados, la ley de urgente consideración es un mecanismo que existe en el ordenamiento jurídico y fue utilizado por distintos gobiernos desde el retorno de la democracia. Hubo 12 leyes de urgente consideración propuestas previamente por los diferentes gobiernos, inclusive el Frente Amplio, pero es un mecanismo especial que se le otorga al Poder Ejecutivo cuando hay una situación que exige una definición muy rápida».
«Hay una necesidad de resolución que lleva a que el Poder Ejecutivo puede presentar la propuesta, se trata en ambas cámaras, puede ingresar por la Cámara de Representantes o la de Senadores, y en donde se presente en primera instancia tiene 45 días para tratarse. Si no se trata ni discute el Parlamento, la ley queda aprobada, pasa a la segunda cámara donde hay un plazo de 30 días para su discusión, luego hay 15 días para revisión en las cámaras si hubo modificaciones», detalló.
Sin embargo, Leal indicó que «es un mecanismo excepcional porque en general, cuando ingresa un proyecto de ley, si no se trata, no queda aprobado. Se ha utilizado en situaciones especiales, Tabaré Vázquez la utilizó en los primeros meses de su mandato para la creación del Ministerio de Desarrollo Social, porque se consideraba que había una emergencia social, había que prestarle asistencia a casi un millón de uruguayos que estaban en situación de pobreza producto de la crisis del 2002».
«Aquel proyecto tenía como urgencia crear una estructura institucional que permitiera canalizar la atención a la emergencia, que tuvo el respaldo de todos los partidos.
En los doce proyectos que se presentaron, la suma de los proyectos, tenía 250 artículos», señaló Leal.
«Este proyecto de ley tiene 476 artículos, y abarca temas tan vastos como el cambio de nombre de la Policía de Tránsito a Policía Caminera a los cambios en la inclusión financiera, que habilitan a que si un patrón te contrata puede pagarte por cajero o en efectivo y todos sabemos que un depósito bancario queda registrado, es más fácil comprobar si me están pagando lo que corresponde que si me dan el dinero en efectivo, además de eso una cantidad de artículos tienen que ver con el cambio en el régimen de alquileres, cambios en la propuesta de seguridad, elimina la participación docente en Primaria, Secundaria y UTU, en los Consejos desconcentrados», indicó.
«Los mecanismos de Urgente Consideración son legales, pero los antecedentes fueron en un uso focalizado y centralizado. Esta ley genera un antecedente embromado para la democracia, porque puede quedar la tentación para el próximo gobierno de presentar un proyecto de mil artículos», advirtió Leal.
«Con esta ley el Parlamento casi dejó de funcionar durante un buen tiempo, porque modificaron con la Ley de Urgente Consideración casi 70 leyes que muchas veces necesitan un debate social, porque el parlamento es el lugar de representación de la pluralidad de la gente, de distintos colectivos, a veces los legisladores, que no saben de todo, como nadie, se tienen que asesorar, escuchar a los implicados, por ejemplo, trabajadores, abogados, técnicos, cátedra de la Universidad», remarcó Leal.
«En este caso hubo 15 minutos para cada delegación para temas complejos. La calidad legislativa ha sido muy pobre y esto genera un antecedente donde cualquiera con una mayoría circunstancial puede tener la tentación de mañana venir con 1000 artículos, derogar todo, y es como empezar de cero», sostuvo el sociólogo.
«Uruguay tiene una tradición y es que hay cambios, permanencias y continuidades que hay que tener en cuenta.
Bajo esta lógica refundacional donde poco menos que gracias a la LUC parece que hay cosas nuevas que se hacen y antes no se hacían. Lo peor es que son cosas que salen a decir autoridades del Ministerio del Interior y el Secretario de Deportes, Sebastián Bauzá, sobre los operativos previos y la posibilidad de registrar y detención de autos, pedir documentación, ahora van a decir que gracias a la LUC amanece todos los días, hay fenómenos donde uno puede mentir siempre y cuando no sea algo que la gente no conozca en su vida cotidiana», sostuvo Leal.
«Que le digan al Uruguay que nunca antes en un partido de fútbol habían podido pedir documentación a un auto o hacer un retén es burdo. Creo que las mentiras sistemáticas del gobierno le están jugando en contra porque la gente toma decisiones de manera informada y cuando hay un exceso de argumentos, de querer ‘pizarrear’, la gente se termina enojando», señaló.
«Este es un buen ejemplo porque se quiere utilizar un hecho donde la Policía sistemáticamente ha funcionado de esa manera, quieren utilizar la Policía para la política y eso es lo peor», alertó Leal.
En su momento, el Director del Instituto de Derecho Penal y Criminología Germán Aller fue citado al Parlamento para la discusión de esta ley y allí expresó preocupación por «las líneas político – criminales que plantea este proyecto de ley de Urgente Consideración».
«Las cátedras de Derecho Penal, los fiscales, han objetado algunas de las normas por la dosimetría penal, que pone el foco en el aumento de algunas penas y dejan fuera a otras, lo que lleva a que una persona que ingresa por ejemplo 30 gramos de una droga a la cárcel hoy recibe un mínimo de 4 años de prisión, y alguien que ha llevado drogas en toneladas a Europa tiene una pena mucho menor», advirtió Gustavo Leal.
«Cuando se legisla, la política criminal implica tener un orden de prioridades, una dosimetría penal, tiene que ver con cual es la carga penal que se le da a cada delito, tiene que ver con una visión, en Uruguay muchas veces tienen una mayor carga penal los delitos contra la propiedad que contra la vida», alertó.
«Una política criminal siempre es una opción sobre cuáles son los valores que la sociedad defiende, si uno pone en el eje la defensa de la vida, los delitos contra la vida deberían ser proporcionalmente más penados que otro tipo de delito», señaló Leal.
«A veces en Uruguay se legisla al auge de la tribuna, sucede un hecho determinado y se aumenta las penas en determinado delito, nunca ha habido una reforma global que tenga una mirada ordenada.
‘Gracias a la LUC’ es una especie de muletilla, le han querido cargar una cantidad de cosas que no tienen nada que ver”, consideró.
A su vez Leal expresó que «este gobierno asumió con un discurso bastante refundacional y que promueve una grieta en la sociedad, un enfrentamiento de lo que era el gobierno anterior con este gobierno, permanentemente se está tratando de trazar una división en la sociedad».
«Larrañaga planteaba que gracias al nuevo respaldo a la Policía, habían bajado los delitos, presentaron estadísticas en el primer mes. Se publicaron datos de los delitos de marzo a junio de 2020, instalaron un sistema de estadística en ese periodo, diciendo que habían bajado las rapiñas en un 16% y los hurtos en un 18%.
Efectivamente en marzo sucedió algo que impactó en la baja de los delitos que fue el 13 de marzo cuando se decretó la emergencia sanitaria. Tengamos en cuenta que esa baja de la que el gobierno hablaba ocurrió cuando la LUC no existía, porque ingresó en el parlamento en abril y se terminó de aprobar en julio», recordó Leal.
Recién después de que se juntaron las 800.000 firmas el gobierno cambió el discurso, «anteriormente se sostenía que los delitos habían bajado por el respaldo a la policía. La policía no necesita hinchas, esa lógica de hinchada es irracional, en el Ministerio del Interior que tiene el monopolio del uso de la fuerza necesitamos gente aplomada con visión estratégica», señaló.
«Se detuvo un auto porque la Policía profesional interceptó una llamada con elementos tecnológicos adquiridos en el anterior gobierno, sabían por esa llamada que un jugador de fútbol trasladaba un arma. Es un argumento que cae muy mal a la policía porque es un intento de hacer uso político de la Policía. Quienes trabajan en la seguridad, sienten que los están usando, están hablando de ellos para hacer política», expuso.
«Votar por el SÍ no es defender a los delincuentes, en primer lugar. El gobierno parte de un razonamiento muy básico: respaldamos a la policía y por eso creamos la LUC, quien está en contra de la LUC está a favor de los delincuentes y en contra de la Policía.
Tenemos que tratar de poner argumentos y hablar tranquilos. El gobierno intenta generar miedo, quieren que quienes están a favor del sí ingresen a esta discusión en el barro, buscan enredar la discusión, se tiene que apelar a la memoria de la gente», enfatizó Leal.
«El 25% de los artículos de la LUC es inadmisible, nadie quiere que al Uruguay le vaya mal.
En Seguridad queremos que haya una policía pública y del Estado», señaló Leal.
En particular, dos artículos, el 64 y 65, «habilitan que quienes están retirados de Policías puedan portar armas y efectuar procedimientos policiales cuando crean que hay un delito. Eso implicaría una lógica del lejano oeste en la sociedad, donde no es la institución estatal pública Policía, que tiene que tener funcionarios públicos estatales», explicó Leal.
A su vez, advirtió que es «un camino donde se dota a los policías retirados a que puedan detener a una persona cuando ellos entiendan que hay un delito en curso, hacer una cantidad de procedimientos, instala un proceso de debilitamiento y desprofesionalización de la Policía.
Moriana Alberro
